El punto cero
Por medio del diálogo epistolar, Colombianas y Colombianos por la Paz ha hecho un planteamiento radical a la guerrilla de las Farc.
Si se quiere avanzar en un proceso auténtico que conduzca al final del conflicto armado se necesita la adopción de reglas humanitarias. Una de ellas es la renuncia al secuestro de manera definitiva y en todas sus formas. Las liberaciones unilaterales son un paso en esta dirección. De igual forma, el intercambio humanitario puede ser un momento significativo de ese proceso que, en fin de cuentas, debe permitir la liberación de todas las personas que tiene en su poder esa guerrilla y llegar a un compromiso solemne que excluya irreversiblemente el secuestro del conflicto armado.
Dicho planteamiento no significa de ninguna forma aceptar que mientras se producen avances en ese sentido se pueda tolerar otras formas de acción criminal. La masacre de los indígenas Awá en el departamento de Nariño y el atentado perpetrado con un carro bomba en Cali son actos execrables que, por decir lo menos, obstruyen el avance de los propósitos del diálogo epistolar.
Un planteamiento parecido a éste debería formularse con relación a las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes sistemáticos que cometen agentes del Estado y grupos paramilitares. Estos últimos continúan actuando en buena parte de la geografía nacional y en 2008 llevaron a cabo una parte significativa de las 37 masacres que se registraron. ¿Están dispuestas las instituciones estatales a renunciar, de una vez por todas, a los nexos con estos grupos y a buscar su erradicación definitiva? De otra parte, la eliminación de sindicalistas no puede seguir siendo minimizada con el argumento de una disminución en el número de asesinatos que se cometen contra miembros de las organizaciones sindicales. La tendencia general en las últimas dos décadas muestra que en Colombia —un año más, otro año menos— se asesina permanentemente a líderes sindicales. Algo similar puede afirmarse en relación con las ejecuciones extrajudiciales que, como se ha demostrado, han sido practicadas desde hace mucho tiempo por las fuerzas militares. A un año de la desaparición y ejecución de 19 jóvenes en el municipio de Soacha siguen presentándose a diario denuncias que evidencian la continuidad de este fenómeno incentivado por la política de seguridad democrática.
La meta debiera ser entonces cero secuestros, cero masacres, cero ejecuciones de sindicalistas, cero “falsos positivos”. Adaptada como está a las atrocidades diarias, la sociedad colombiana se ha acostumbrado a la lógica de que sólo es posible alcanzar la aparente disminución de las cifras de la violencia. El debate público en este campo no debe girar en torno a las fluctuaciones estadísticas, que lo único que demuestran es que mientras las cifras de unas modalidades de violencia descienden otras crecen en un trasfondo en el que la multiplicidad de violaciones de los Derechos Humanos se mantiene constante. El problema esencial no es cómo reducir temporalmente los datos estadísticos que intentan minimizar la gravedad de la tendencia general. La solución no consiste solamente en concentrarse en el rechazo que produce el horror de cada caso individual. Es imperativo lograr la cesación irrevocable de los grandes crímenes que se cometen en el país. La expresión cuantitativa del principio de no repetición de la violencia es la meta del punto cero de todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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