Destrucción del alambrado de Zona Humanitaria, amenazas paramilitar y ataque de las FARC
Destrucción del alambrado que cercaba Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro, amenazados de muerte los reclamantes de tierra familias Ruíz y Díaz, ataque de las FARC deja saldo de dos policías muertos y genera nueva zozobra en la región.
Bogotá, D.C., marzo 21 de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
FERNANDO CARRILLO FLOREZ
Ministro del Interior
RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo
“Ay de aquellos que despojan de sus derechos a los pobres de mi país, e impiden que se les haga justicia, que dejan sin nada a la viuda y se roban la herencia del huérfano”. Is 10, 1-2.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de amenazas de muerte, hostigamientos, señalamientos contra integrantes de las comunidades negras que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad por parte de estructuras paramilitares, que protegen intereses de ocupantes de mala fe empresarios de la palma, yuca, banano, coca y ganadería extensiva en predios colectivos, actuaciones en medio de operaciones de control y de presencia permanente de la fuerza pública, tanto de la policía de Urabá como de la brigada 17, lo que fundamenta una responsabilidad estatal por omisión, por tolerancia, cuando no aquiescencia con operaciones criminales e ilegales.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el agravamiento de la situación en el proceso de devolución que se adelanta en medio de la continuidad del conflicto armado, pues en desarrollo de hostilidades y acciones bélicas por parte de la guerrilla de las FARC, el ataque sobre efectivos policiales en medio del proceso de deslinde de propiedades ocupadas de mala fe han afectado el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional para la restitución, afectan el estado emocional de los civiles tanto de reclamantes de tierras, que están arriesgando su vida en medio de amenazas de los ocupantes de mala fe y paramilitares, así como de civiles profesionales que apoyan el proceso de restitución como funcionarios del gobierno.
Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica:
* Viernes 1 de marzo, aproximadamente a las 10:00 a.m. operarios del ocupante de mala fe, WILLIAM RAMÍREZ, destruyeron con una retroexcavadora, 400 metros de alambrada de la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro, lugar habitado tradicionalmente por el líder comunitario ENRIQUE PETRO.
RAMÍREZ es un reconocido empresario que ha usurpado predios en Llano Rico, Andalucía, y Caño Claro en Curvaradó para el desarrollo de negocios de ganadería extensiva y de yuca. Un reciente informe del INCODER concluye que WILLIAM RAMÍREZ es un ocupante de mala fe en predios de comunidades negras.
A éste empresario decenas de testimonios lo han identificado como beneficiario de operaciones paramilitares.
*Viernes 1 de marzo nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada por pobladores de la región que en el lugar distinguido como Las Menas, territorio de Jiguamiandó, el repoblador conocido como “Horacio”, se ha identificado como el coordinador del ingreso de insumos para el procesamiento de cocaína y siembra de hoja de coca que se encuentra en el río Limón, en los límites entre Curbaradó y Jiguamiandó.
Dada las denuncias sobre la ocupación para este negocio ilegal, sus ejecutores realizan el el ingreso de insumos y la salida de cocaína en horas de la noche y en motocicletas, igual cruzando por cuatro lugares de operaciones de control de efectivos de la brigada 17 o de la policía de Urabá.
Los pobladores desde Las Menas hasta Andalucía entre Curvardó y Jiguamiandó sostienen que no existe ningún tipo de control por parte de las fuerzas militares, para ellos hay una evidente omisión y complicidad con estas actuaciones ilegales.
* Martes 5 de marzo cerca de las 6:00 p.m. en Apartadocito, territorio de Curvaradó, YUBER CAMILO RUÍZ, de 18 años de edad, fue abordado por el ocupante de mala fe LEONEL SUESCÚN quién amenazó a dos integrantes de su familia, su mamá TRINIDAD GALLO, esposa del asesinado MANUEL RUÍZ y de su hijo SAMIR, y uno de sus hermanos, JAMES RUÍZ.
SUESCÚN expresó a YUBER, que TRINIDAD GALLO y JAMES RUÍZ, por haberlo denunciado por encima de quién los protegiera o acompañara se iban a morir, “la orden es matarlos”.
SUESCÚN ha sido implicado por testigos en los asesinatos de MANUEL y SAMIR RUÍZ, y ARGENITO DÍAZ.
SUESCÚN ha sido trabajador de los empresarios y ocupantes de mala fe, VICTOR RÍOS, FABIÁN RÍOS y CARLOS RÍOS. CARLOS RÍOS junto al conocido como “Yiyo” intimidó, hostigó y amenazó a MANUEL RUÍZ, días antes del asesinato.
Desde diciembre pasado la familia RUÍZ solicitó a la Unidad Nacional de Protección y la Unidad de Víctimas respuesta a solicitudes humanitarias y de protección que faciliten su arraigo.
*Martes 5 de marzo entre las 12:30 y 2:00 p.m. se escucharon 4 explosiones en la base militar que se encuentra en Llano Rico, la comunidad que escuchó el estallido desconoce que fue lo que explotó. Siendo las 7:20 p.m., los pobladores que viven en los alrededores informaron que los militares que se encontraban en la base ubicada en Llano Rico, salieron de la Zona.
* Miércoles 6 de marzo hacia las 2:00 p.m., el ocupante de mala fe, ORLANDO SUESCÚN ingresó a predios comunitarios de la comunidad Emberá de Padadó, afirmando que esos predios son de él, y que les podría dar la tierra en arriendo. Agregó igualmente que, su hermano es de la región y si no se van de la tierra, lo llamaran a él para que actúe. ORLANDO SUESCÚN se refería al reconocido operario paramilitar LEONEL SUESCÚN, Padadó Apartadocito se encuentra ubicado en la Cuenca del río Curvaradó.
* Jueves 7 de marzo en horas de la mañana, más de nueve paramilitares se reunieron en una sede procesadora de madera, ubicada en Brisas de Curvaradó. Un grupo de cinco paramilitares llegó al lugar en una camioneta gris de placas BXE777 de 4 puertas, y los demás en motocicletas.
Dentro del grupo se encontraba el reconocido paramilitar JOSÉ DE JESÚS MOYA ASPRILLA, conocido como “El Cucho”.
Según el testigo, la reunión de los paramilitares pretendía definir algunas acciones de control y acción en medio de los planes de devolución de tierras colectivas en las cuencas del Río Curvaradó y Jiguamiandó. Mientras la reunión ocurría en el pequeño caserío se encontraba el patrullaje de la fuerza pública.
* Martes 12 de marzo, entre las 3:00 y 4:00 p.m. en Pueblo Pipón, territorio de Jiguamiandó, un integrante del grupo armado del empresario DARÍO MONTOYA expresó a integrantes del consejo comunitario que la entrega de tierras, les iba a costar muertos. Sostuvo que tenían una lista con nombres de personas para ejecutar “se van a morir, apenas empecemos a devolver las tierras, nosotros mandamos aquí, y tenemos apoyo de gente del gobierno”.
El ocupante de mala fe preguntó los nombres de los líderes de las comunidades reclamantes de tierras que habitan en Zonas Humanitarias de Curvaradó y Jiguamiandó. Al no recibir los nombres, expresó: “ya sabemos quiénes son parte, entre ellos, GUILLERMO DÍAZ y EMILIO CABEZA y más”.
El amenazador manifestó que debían recordar que los paramilitares estaban concentrados en una base en el caserío de Cobalso, a veinte minutos de Pavarandó.
* Viernes 15 de de marzo, hacia las 5:30 p.m., en Llano Rico, el capitán CAMARGO, de la brigada 17 manifestó a GUILLERMO DÍAZ, que era mejor que dejará trabajar a los empresarios ocupantes de mala fe, “es mejor que deje esos rencores, deje trabajar a esos señores”. Y sobre las amenazas de muerte contra él por parte de empresarios y paramilitares expresó:” cuando un rumor suena es porque es cierto”.
* Domingo 17 de marzo a las 8:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue en Bogotá, fue informada de un ataque armado contra policías que acompañaban una comisión de delimitación de linderos ocupados de mala fe por empresarios, beneficiarios del paramilitarismo. El ataque ocurrió después del medio día en el punto conocido como La Laguna, territorio colectivo de Curvaradó.
En la comisión participaban 4 funcionarios del INCODER, 3 topógrafos y 1 asistente, también 3 integrantes de los consejos comunitarios entre ellos, el líder de restitución GUILLERMO DÍAZ.
Horas después se conoció que el ataque fue perpetrado por guerrilleros de las FARC, del frente 34. En el momento del ataque los policías se encontraban a 50 metros, aproximadamente, de donde estaba la comisión de delimitación.
Nuestra Censura Ética ante los abusos empresariales de los ocupantes de mala fe con la ampliación de la vía de la carretera que pretende beneficiar sus operaciones ilegales las siembras de banano, palma, yuca y ganadería extensiva, de cocaína en predios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, operación que ha afectado el espacio de autoprotección de la comunidad de Andalucía Caño Claro.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas de fondo, expeditas después de más de 16 años de permanentes denuncias acerca de estructuras armadas y empresariales que continúan definiendo el uso de la tierra, asegurándola hoy con la continuidad de graves persecuciones y amenazas en contra de la vida e integridad de TRINIDAD GALLO y sus hijos/as, y la amenaza de muerte proferida contra la vida e integridad de GUILLERMO DÍAZ y de los demás líderes y lideresas reclamantes de tierra. Operaciones que no cesan debido a la ausencia de un desmonte estructural y real del paramilitarismo y de depuración institucional del enquistamiento de las lógicas de estrategia paramilitar que permea a la fuerza pública y a los sectores empresariales.
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de operaciones de control, planeación de operaciones sobre los civiles en contra derecho, sin que existan investigaciones eficaces que investiguen los crímenes graves y sistemáticos contra las comunidades, los ecosistemas, en territorios que fueron despojadas y frente a las reclamaciones en derecho, evitando con el esclarecimiento y la sanción penal la continuidad de operaciones paramilitares consentidas por sectores de la fuerza pública y motivada por intereses inconfesables de empresas privadas.
Nuestra Censura Ética ante el conjunto de factores no enfrentados estructuralmente para una solución integral, sustentable, que colocan en riesgo el proceso de restitución de tierras comunitarias debido a la continuidad de operaciones paramilitares con la acción y comisión por omisión de la brigada 17 y la policía de Urabá; la ausencia de un saneamiento y desalojo en derecho de sectores empresariales que continúan usufructuando el uso del suelo con agronegocios de palma, de banano, de yuca y de coca, así como, la ganadería extensiva; la tolerancia de la fuerza pública con operaciones abiertamente ilegales como la siembra de coca, y el procesamiento en cocaína, en predios colectivos , la omisión en operaciones de control sobre este factor económico con daños territoriales, sociales, como la destrucción de los espacios de auto protección no violenta como las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad; la continuidad de las hostilidades dentro de los territorios colectivos y ataques de la guerrilla de las FARC que han generado zozobra en los civiles que participan en medio del terror paraempresarial el apoyo al proceso de restitución de la propiedad colectiva.
De conformidad con el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia pedimos que, se sirvan dar respuesta en los términos estipulados por ley, y de manera escrita y fáctiva, ante las siguientes solicitudes:
1. ¿Frente a las amenazas de muerte ya informadas qué medidas administrativas y políticas se están adptando? ¿Cuáles se van adoptar? ¿De las adoptadas, en qué tiempo fueron implementadas y cuáles sus resultados?,
2. ¿En relación con la identificación de estructuras beneficiarias e instigadoras que investigaciones se han adelantado, cuáles son los resultados?.
3. ¿Suponiendo que hayan sido investigados los delitos cometidos por empresarios y miembros de estructuras paramilitares que han amenazado de manera directa a los integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, y a los reclamantes de tierra?, ¿ante qué tribunales cursan los procesos de investigación y cuál es el estado de las investigaciones? ¿Qué información, evidencia o elementos probatorios se tiene frente a los reiterados hechos que se vienen denunciando?
4. ¿Cuáles son los resultados concretos de enfrentamiento de estructuras paramilitares o BACRIM?
5. ¿Por qué se esgrime que la constitución de espacios humanitarios impide la actuación preventiva y coercitiva de las fuerzas militares y policiales?
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz