Destrucción ambiental y amenazas a los territorios en Curvaradó por INCODER
Alberto Mendoza realizó en abril pasado una compra inválida en predios colectivos habitados por los herederos de Lino Díaz, en el consejo comunitario de El Guamo, territorio colectivo de Curvaradó.
Sin la aprobación del consejo menor de El Guamo y usurpando al consejo menor, Jorge Andrés Quinto, autorizó la compra inválida. Días después, Mendoza desconociendo las leyes ambientales deforestó 30 hectáreas de bosque y 8 hectáreas de la Zona de Biodiversidad, llamada la “Yuliana”, de la familia Correa Polo
Luego de la deforestación se inició una siembra de pasto y una alambrada eléctrica en el humedal porque, expresó Mendoza, tenía la intención de iniciar un proyecto de ganado búfalino
La actuación del comprador y el ganadero bufalino que está detrás, desconoce el carácter colectivo de la propiedad conforme a la ley 70, y las disposiciones ambientales vigentes; igualmente obvió reglamentos internos tradicionales en la administración territorial, las ordenes de la Corte Constitucional
Simultáneamente, como constatación que no existen garantías en el proceso de restitución, se conoció que el Incoder está proyectando agronegocios en el territorio colectivo desconociendo los derechos del conjunto de las comunidades afromestizas.
El proyecto institucional “términos de referencia para la elaboración de los estudios y diseños de rehabilitación del área platanera de alto Curbaradó en el Urabá Chocoano” tiene como objetivo “llevar a cabo los estudios y diseños para la rehabilitación del sistema de drenaje de la zona platanera del Alto Curbaradó en el municipio de Cármen del Darién” en área de 10.800 hectáreas en los Consejos Comunitario de Cetino-Nevera, Iguana, Camelia, Casa Negra Caracolí, Andalucía y Caño Claro, “entre otros”.
El proyecto oficial pretende la rehabilitación del área con la recuperación de canales, diques, vías, compuertas y demás instalaciones mecánicas y eléctricas que ya habían sido abiertos por las empresas palmeras beneficiarias del paramilitarismo. Uno de los empresarios condenados por desplazamiento forzado y daños ambientales, Irving Bernal, manifestó en el proceso penal que se requería recuperar la inversión en esa infraestructura. Deseo que se cumpliría con este proyecto
El área de mayor interés para esta apuesta oficial comprende 3.700 hectáreas aproximadamente para siembras de plátano con destino a las empresas UNIBAN, BANACOL, CONSERVA y DEL MONTE, entre otras. El conjunto de estas empresas de acuerdo con las versiones de exparamilitares han participado en la financiación de sus estructuras armadas, que a la postre generaron el desplazamiento. Con este proyecto del gobierno, seguirán siendo los beneficiados.
Adicionalmente, del total 2.220.637.812 de costos, 1.807.324.769 está destinado a personal fundamentalmente técnico y gerencial.
La incoherencia institucional es evidente pues el mismo gobierno está desconociendo los autos de la Corte Constitucional, que expresamente se refieren a un saneamiento de la propiedad, imposibilitar ventas carentes de validez, a desarrollar un plan de desarrollo con las comunidades.
La aparente descoordinación institucional, aún del mismo Incoder, que por un lado ha adelantado caracterizaciones, delimitaciones, entre otras para el proceso de restitución, por otra interviene en contravía de los Autos de la Corte, como si todos los factores de amenaza a los territorios y a las comunidades hayan sido resueltos.
De una u otra manera, los grandes beneficiados son los empresarios que antes con fuego, sangre y desplazamiento definieron el uso de la tierra colectiva para sus agronegocios, mientras los afromestizos continúan sumidos en el terror, la exclusión y la destrucción ambiental de sus territorios.
Bogotá, D.C. 13 de febrero de 2015
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz