Desenterrar la verdad en los Llanos orientales: El clamor de las víctimas al Sistema Integral

Este jueves 1 de agosto las víctimas acompañadas por el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -COFB, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz -CIJP, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar, presentamos el informe Desenterrar la verdad en los Llanos Orientales: Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la región entre 2002 y 2010.

El Informe está dirigido a la Jurisdicción Especial para la paz –JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas –UBPD, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV, y busca que los tres organismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición -SIVJRNR, a partir de una mirada holística, establezcan un relato amplio y completo de la violencia sociopolítica y el conflicto armado vividos en esta zona del país que cuenta con una extensión de 382.557 km², equivalentes al 33,5% del territorio nacional.

El informe comprende una relación de hechos y situaciones violatorias de los derechos humanos en la primera década del 2.000, bajo la implementación de la política de Seguridad Democrática y en desarrollo de los Planes de cooperación militar con Estados Unidos, Plan Colombia y Plan Patriota, así como del Plan de Consolidación Integral de La Macarena.  

En relación con casos de ejecuciones extrajudiciales o asesinatos ocurridos en combates simulados, conocidos como “falsos positivos”, se documentaron 64 hechos con 80 víctimas. Sin embargo, según datos del Observatorio de derechos humanos y DIH de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU, los casos ascenderían a 273. Sobre estos hechos también se presentará información complementaria a la JEP. Cabe señalar que, de los 63 casos, en 22 se ha condenado al Estado por su responsabilidad en los hechos y en cuatro casos existen condenas penales contra autores materiales.

Los hechos documentados ocurrieron en la jurisdicción de los Batallones de Infantería No. 21 “Batalla Pantano de Vargas” y 19 “General José Joaquín París Ricaurte”, los cuales estaban adscritos a la Séptima Brigada de la Cuarta División del Ejército Nacional; de los Batallones de Contraguerrillas Nº 83, 84, 85 y 86 de la Brigada Móvil Nº 12, también adscrita a la Cuarta División para la época de los hechos; así como a la Fuerza de Despliegue Rápido –FUDRA, con sus Brigadas Móviles Nº 1, 2, 3 y 10, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega –FUTCO, unidad militar creada en el año 2003, con componentes aéreos, terrestres y fluviales bajo las órdenes directas del Comandante General de las Fuerzas Militares. Finalmente, se presentan casos reportados por los Batallones de Contraguerrilla adscritos a la Brigada Móvil Nº 4, y de la Brigada antinarcóticos.

De los hechos documentados, 27 casos con 39 Víctimas fueron cometidos en jurisdicción de la IV División; 18 casos con 19 víctimas, bajo la comandancia de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega – FUTCO; 5 con 6 víctimas son atribuibles a las unidades adscritas a la Brigada Móvil No. 4; 1 caso con 1 víctima a la Brigada de Fuerzas Especiales contra el Narcotráfico y 1 caso con 1 víctima atribuible a la Fuerza de Despliegue Rápido – FUDRA antes de la creación de la FUTCO. También se registraron 12 casos con 14 víctimas atribuibles a unidades militares de la región.

Algunos de los altos mandos a cargo de esas unidades militares durante la época de quienes se presentarán evidencias ante la JEP a fin de que se investigue si tuvieron responsabilidad por acción o por omisión en estos hechos son:

Además de abordar estos crímenes dentro del Caso 003, muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, las víctimas y organizaciones solicitan a la JEP que abra un caso sobre los Llanos orientales para investigar los crímenes cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto armado en esta extensa región del país.

Por otra parte, dado que en el informe se señala que hay 2.304 casos de personas sepultadas en condición de no identificadas (PNI), de las cuales 1.674 fueron reportadas como dados de baja en combate por parte de la Fuerza Pública, y sólo 221 cuerpos han sido entregados hasta hoy a sus familiares, se solicita a la UBPD que avance en la plena identificación de las PNI y proceda a entrega digna de sus cuerpos.

En el informe también se presenta un análisis contextual y antecedentes históricos de los masivos y sistemáticos crímenes y graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil, así como de lo procesos de resistencia campesina en la región, por lo cual se solicita a la CEV  que esclarezca las causas, patrones e intereses que estuvieron detrás de la violencia en esta zona del país para que las víctimas y la sociedad colombiana sepan lo que pasó en los Llanos orientales y para que estos hechos nunca más se repitan.

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