Desapariciones y desapariciones
La búsqueda, casa por casa, alcantarilla por alcantarilla, potrero por potrero, del patrullero de la Policía Jairo Díaz Vargas, desaparecido en el barrio El Codito, en el norte de Bogotá, ha sido valiente y denodada.
150 unidades armadas de la Policía, del Ejército y de los servicios de inteligencia han sido movilizadas para dar con el paradero del muchacho, que había participado en la incautación de 30 kilos de marihuana a la banda de Los Pascuales, y apenas han encontrado el chaleco antibalas, por lo que se deduce que no se cayó por un precipicio. La Policía Nacional ha repartido miles de volantes con la foto de la víctima y ofrece 20 millones de pesos por información que permita encontrar a Díaz. Un formidable y loable esfuerzo de las autoridades. Ejemplar esquema. Así debían hacer con todos los desaparecidos, aunque salieran muy costosos los operativos si se tiene en cuenta que en Colombia se perdieron en los primeros 28 días de enero de este año 690 personas, es decir, 24 personas cada día. En plata, 20 millones por 690 casos daría 13.800 millones de pesos y la movilización de 100.000 policías. Hay que reconocer que las campañas contra la desaparición han tenido relativo éxito: el año pasado se reportaron 746 casos en los primeros 25 días de 2012. O sea, 29 personas desaparecidas diariamente, un 8% menos. De las que desaparecieron en enero, solo 69 han regresado a su casa y ocho han sido encontradas muertas. Desde 2007 se han reportado 80.000 desaparecidas, de las cuales 4.000 han aparecido vivas. ¡Escalofriante!
En 2011, el defensor del pueblo, Vólmar Pérez, levantó el telón que escondía nuestra más escabrosa y repugnante tragedia: 61.604 personas han desaparecido en Colombia desde que comenzó la Violencia en 1947. ¡Impunidad absoluta! De esa cifra, certificada, han sido víctimas de desaparición forzada 16.665 personas; solo 249 se han encontrado vivas y 557 muertas. Sin duda, el capítulo más brutal de nuestra miseria humana. La desaparición forzada es un delito cometido por agentes del Estado o por personas actuando con su autorización, apoyo o consentimiento, que conlleva a numerosas violaciones a los derechos humanos. De las 8.295 investigaciones que se llevaban a cabo cuando la Fiscalía era dirigida por Viviane Morales, 1.598 eran homicidios cometidos presumiblemente por agentes del Estado. Según la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), la fuerza pública es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales. Según Medicina Legal, entre 2005 y 2010 los paramilitares mataron a 173.183 personas y desaparecieron a 34.467. De los informes de Medicina Legal y la Fiscalía se deduce que 13.000 personas desaparecen en Colombia cada año. Desde 1984 se han registrado 951 casos de falsos positivos con 1.741 víctimas. La negra Piedad Córdoba habló de 200.000 desaparecidos y cayeron sobre su turbante rayos y centellas. Como siempre. Superamos el holocausto de la dictadura argentina de los años 70 y nos acercamos a paso firme y heroico a las que hoy ensangrientan a Sri Lanka y el Congo Belga.
El 10 de agosto pasado entró en vigor la Convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, pero está pendiente de ratificación. Quién sabe si el gobierno de Santos dé ese paso. Los enemigos de hacer claridad sobre el pavoroso delito de la desaparición forzada tienen mucha fuerza dentro del Estado, como se comprueba con la aprobación del nuevo fuero militar. A José Miguel Vivanco no le falta razón cuando dice: “la justicia penal militar es un ejemplo de impunidad —y no de rendición de cuentas— por delitos atroces”. El último informe de Human Rights Watch sobre la situación de los DDHH en Colombia repite lo que ha denunciado desde hace tres décadas: “La impunidad crónica en casos de violaciones de derechos humanos continúa representando un grave problema”.
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