Desalojo de 60 familias campesinas, en condición de desplazamiento forzado en Puerto Wilches
El miércoles 13 de diciembre las autoridades municipales de Puerto Wilches realizaron un desalojo a 60 familias campesinas dependientes de la tierra que garantiza la seguridad alimentaria de sus familias y de lxs habitantes del corregimiento de El Guayabo. La comunidad fue desplazada violentamente de 11 parcelas donde han estado cultivando por 30 años, causando una crisis humanitaria.
En un procedimiento lleno de irregularidades, la policía llegó a las 9:30am a desalojar sin haber notificado a lxs ocupantes como estipula la ley. Dos retenes de policía impidió el paso por una vía pública por aproximadamente dos horas, prohibiendo a lxs ocupantes de la tierra, al abogado de la comunidad Jorge Gómez Lizarazo, y a las organizaciones nacionales e internacionales llegar a presenciar el desalojo. La orden fue ejecutada sin la presencia del juez promiscuo municipal de Puerto Wilches y sin las garantías que había ordenado la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) al respecto del estatus de víctima de la comunidad.
El inspector de policía, encargado de ejecutar la orden del juez, se negó a presentarse con el abogado Jorge Gómez Lizarazo, ausentándose del procedimiento de igual forma el personero municipal quién es la autoridad garante de asegurar los derechos humanos brilló por su falta de intervención y por su clara inclinación contra la comunidad. Fue Rodrigo López Henao, el reclamante de la tierra, quién dirigió al capitán Rivera de la policía durante el desalojo. Docenas AAAde policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) dispararon gases lacrimógenos contra la comunidad y protegían a los hombres del Sr. López para que entraran a tumbar las casas y destruir los cultivos de los campesinos. Fue la culminación de muchos intentos de desalojo empujados de forma irregular por el Sr. López y continuos hechos violentos contra la comunidad por los últimos 5 años.
En el marco del pos-acuerdo entre el gobierno y la guerrilla las FARC, es supremamente alarmante que una población víctima en vez de ser protegida y reparada está siendo revictimizada por el estado. El primer punto de los acuerdos hablan de la reforma rural integral para garantizar tierras a los campesinos y este desalojo es uno de muchos ejemplos de que el estado está priorizando a los terratenientes quienes nunca han vivido ni trabajado las tierras que reclaman. Además, parte de la tierra en cuestión es baldía, lo que significa que son propiedad del estado y solamente la ANT puede realizar acciones legales sobre esas tierras. La Agencia Nacional de Tierras tiene el deber de llegar a la región y medir los baldíos ya que es fuera la competencia de un juez adjudicar tierra baldía.
La comunidad y las organizaciones acompañantes se están reuniendo con las autoridades para exigir una investigación por parte de la Procuraduría Nacional sobre las irregularidades no sólo las ocurridas el día 13 de diciembre sino una revisión completa de todos los procesos legales establecidos por Rodrigo López Henao para reclamar estas tierras. También exigen garantías para el pueblo de El Guayabo, comunidad víctima, defensores de los derechos humanos, quienes dependen de la tierra para sustentar a sus familias. Finalmente, se exige a la Agencia Nacional de Tierras que delimite las tierras que son propiedad del estado y tome acciones concretas frente a esos terrenos.
Fuente: http://www.ecapcolombia.org/2017/12/campesinxs-victimas-del-conflicto-despojadxs-de-la-tierra/