Del paramilitarismo y el paro armado
Los Urabeños en estos días se han hecho famosos, como si nunca hubieran existido, bajo otros nombres, por supuesto y de espaldas al conocimiento de la mayoría de los colombianos. El llamado “paro armado” por estos decretado, lo experimentaron turistas y foráneos en Norte de Chocó y bajo Atrato, Urabá desde Dabeiba y costa Caribe de Antioquia, Sucre, Magdalena, La Guajirá, Córdoba y parte de Bolívar. Siete departamentos con esta operación de bloqueo, de inmovilidad de manera abierta y clara, en medio de la inacción y tolerancia de la Fuerza Pública.
Los también llamados “Gaitanistas” son parte de las BACRIM, llamadas así en el lenguaje oficial del Uribismo. BACRIM porqué el paramilitarismo dejó de existir, según Uribe, con el fracasado proceso de desmovilización y la mal llamada ley PARA la justicia y la paz (ley 975).. Con el nombre de BACRIM la Seguridad Democrática pretendió cerrar el capítulo de la estrategia criminal de Estado que se originó con asesoría internacional desde la década de los 60 y el gobierno de Santos haciéndose el de la vista gorda pretendió pasar de agache usando la misma expresión eufemística, para ocultar una realidad, el paramilitarismo existe.
Los Urabeños, son las mismas Autodefensas Gaitanistas originadas del fracasado proceso de desmovilización, en cabeza de Daniel Rendón Herrera, conocido como “Don Mario” y hoy procesado en la cárcel de La Picota. Pero son los mismos herederos del Bloque Elmer Cárdenas, pero a su vez, son los mismos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Es decir, son las mismas estructuras que nacieron amparadas y se mantienen apoyadas en las estructuras armadas institucionales de la brigada 17, la brigada 11, la brigada 4, las dos primeras dependientes de la 1ra División del ejército. Las mismas estructuras amparadas en el Estado que participaron en la operación “Génesis”, en la operación “septiembre Negro”, en la masacre del Aro, entre otros.
Son las mismas que se extendieron a los llanos orientales, las que con los generales Ramírez, Del Río, entre otros, se consolidaron, participando en la Masacre de Mapiripan, Caño Sibao. Sí, son las mismas estructuras que fueron apoyadas con el armamento que ingreso con apoyo de Chiquita Brands al Urabá en el 97, las que se beneficiaron de aportes empresariales del sector maderero, ganadero, palmero y por supuesto del tráfico de drogas. Las mismas que llegaron al Valle, el Cauca y Nariño en 2000 y 2001. Las mismas que pretendieron ser legalizadas con el eufemismo de Cooperativas de Seguridad.
Sí, las mismas estructuras que ejecutaron, bajo órdenes militares y personajes no develados aún estructura de poder intelectual, asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados, despojo de tierras, accesos carnales violentos bajo la comprensión de la existencia de un enemigo interno que pone en riesgo las formas históricas perfectas de la democracia, el cristianismo y la propiedad privada para instaurar el comunismo, el ateísmo y la propiedad en manos del Estado. Sí las mismas estructuras que se erigieron como un proyecto contra subversivo con operaciones fundamentalmente contra la población civil, las organizaciones sociales y políticas opositoras o disidentes de un proyecto hegemónico.
El “paro armado” refleja el fracaso del proceso de desmovilización, el espejismo de la paz montado en el marco de la Seguridad Democrática. Su mantenimiento en armas, el de los Gaitanistas”, no es solo el tráfico de drogas, fue la traición experimentada por sus mandos a unos acuerdos sostenidos con los más altos niveles de quiénes les crearon y a los cuales les sirvieron. El desenvolvimiento de ese proceso de simulación de sometimiento entre 2003 a 2006 y el incumplimiento a acuerdos por parte del gobierno de Uribe generó el distanciamiento con Vicente Castaño y luego de Daniel Rendón, el asesinato del primero y la captura del segundo.
Estas estructuras fueron entonces marginadas y en su momento eran claves para mantener esa simulación el consentimiento a Diego Fernando Murillo, a Salvatore Mancuso, a “Jorge 40”, entre otros. El gobierno los usó y generó divisiones internas entre los mandos paramilitares para intentar mantener un control sobre estos. Divide y reinaras, divide y controlaras.
Pero también refleja la ausencia de conciencia de realidad del Gobierno de Santos. No solo que el paramilitarismo existe como parte de operaciones de Estado si no que los mecanismos y la política existente en la llamada seguridad de la Prosperidad Democrática tenderá a fracasar por no reconocer esta realidad de reingeniería del paramilitarismo que asegura gronegocios y operaciones extractivas. Fórmulas como las de la justicia transicional son desacertadas. Bajo este medio se dan recetas que ocultan realidades que son verdades, prolongando por largo tiempo el desmoronamiento del Estado de Derecho. No basta reconocer que hay víctimas y una ley de víctimas, se requiere enfrentar los factores de poder que al interior del Estado generaron y generan víctimas.
La muerte de Juan de Dios Úsuga, refleja la situación de distancia con sectores institucionales de la Fuerza Pública a nivel nacional, luego de la captura de Daniel Rendón, pero esto no significa que los Urabeños o Gaitanistas hayan perdido el apoyo de estructuras armadas regulares, empresariales y de sectores políticos regionales, que ven en esta apuesta la posibilidad del mantenimiento del control social territorial. No significa que terminó el tráfico de drogas, ni la culminación de la extorsión. El enquistamiento de las lógicas y los modos de operación paramilitar no ha cesado.
La muerte de “Giovanni” refleja esa tensión interna entre sectores nacionales y regionales que apoyan o se distancian en esta nueva fase del paramilitarismo. Úsuga venía experimentando la misma situación de los otros mandos paramilitares, el aislamiento y la traición de sectores institucionales al más alto nivel. Venía planteando la posibilidad de un escenario de sometimiento más relacionado con la sociedad. Estaba a la espera de un momento propicio para dar señales en la búsqueda de la construcción de una apuesta de paz sobre la base de la verdad y de entrega de bienes y algún tipo de sometimiento penal. Así saldrían a la luz verdades desconocidas, más allá de las versionadas en la ley 975 o en reportes de prensa. Se explicaría como hubo participación en ejecuciones extrajudiciales a manos de militares que le ordenaron asesinar civiles que después hicieron pasar como guerrilleros, cómo es que funciona el tráfico de drogas, quiénes participan y como se distribuyen las ganancias, como se logra la seguridad inversionista. Verdades no convenientes para muchos sectores de poder. Verdades que mostrarían la estructura de mando y de poder detrás de la criminalidad.
Hoy para los llamados “Urabeños” el panorama es más claro. Perciben quienes son leales al servicio que ellos han prestado en la acumulación del capital legal e ilegal y el desarrollo de labores de guerra sucia y de control social.
El rompimiento por parte del presidente Santos de un panfleto de los Urabeños que contenía las “razones” de su paro armado, puede resultar simplemente un ejercicio simbólico, catártico de minutos. Si Santos no reconoce claramente que el paramilitarismo existe, que se continúa nutriendo de las doctrinas militares, de los apoyos institucionales en los más diversos niveles, y que hasta tanto las estructuras estatales no se depuren o mejor transformen del enquistamiento paramilitar y de sus fuentes de financiación, todo es una simple quimera.
Ah!!!! y si de perseguir se trata, con tanto bombo, y recompensas y capturas, por qué no sucede lo mismo con lo que quedó de las ERPAC y de los llamados “Rastrojos”, que a lo largo ancho del sur occidente y los llanos orientales hacen y deshacen… en medio de la seguridad inversionista y la prosperidad democrática. ¿A quiénes sí y a quiénes no se brinda amparo?O es simple coincidencia? Por qué no visitar Argelia, Balboa, Tuquerres, Tumaco, Buenaventura, por decir algo?
Bogotá, D.C. Enero 7 de 2012
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz