Dejando testimonio

Otra vez, a menos de 24 horas de nuestra última Constancia Histórica y Censura Moral, solo nos resta decir de lo que hemos dejado testimonio, de lo que hemos visto, de lo que damos fe, que se está desarrollando una acción sistemática de asesinatos contra las comunidades desplazadas del Cacarica que se encuentran en Turbo.


Santafé de Bogotá, Marzo 24 del 2000

Doctor
ANDRES PASTRANA ARANGO
Presidente de la República

Doctor
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ
Ministro del Interior

Doctor
LUIS FERNANDO RAMIREZ
Ministro de Defensa

Doctor
ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Fiscal General de la Nación

Doctor
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Vice Fiscal General de la Nación

Doctor
JAIME BERNAL CUELLAR
Procurador General de la Nación

Doctor
JOSE FERNANDO CASTRO CAYCEDO
Defensor del Pueblo Nacional

Doctor
VICTOR G RICARDO
Oficina del Alto Comisionado de Paz

Ref: Comunidades desplazadas de la Cuenca del Cacarica

Reciban un respetuoso saludo.

Otra vez, a menos de 24 horas de nuestra última Constancia Histórica y Censura Moral, solo nos resta decir de lo que hemos dejado testimonio, de lo que hemos visto, de lo que damos fe, que se está desarrollando una acción sistemática de asesinatos contra las comunidades desplazadas del Cacarica que se encuentran en Turbo.

Hoy a la 1:00 p.m. en el “Ubert Quintero”, uno de los tantos barrios en que han intentado sobrevivir cientos de miles de víctimas de la guerra, quienes silenciosa y activamente han logrado enfrentar la acción del paraestado en Turbo, se produjo el tercer asesinato, en menos de tres días, de un desplazado del Cacarica. Ahora se trata de ANTONIO HINESTROZA MOSQUERA. De 21 años de edad, ANTONIO, junto con su esposa, una hermana y una hija, acompañaba el lavado de la ropa en un pequeño riachuelo. Al lugar llegó un hombre de tez trigueña y estatura media, con un arma oculta entre su vestimenta, preguntando por ANTONIO. Al no encontrarlo regresó unos 20 minutos más tarde cuando el joven ya había regresado. Luego de pronunciar el nombre de ANTONIO lo interrogó, por espacio de diez minutos, acerca de su condición de desplazado, si estaba vinculado al proceso del Coliseo, si era del Cacarica y preguntó por varios de los integrantes de la comunidad desplazada. Al terminar el interrogatorio el paramilitar le disparó en el rostro y la cabeza. Varios tiros cegaron la vida de ANTONIO. El victimario, luego de disparar por primera vez, se regresó y lo remató.

ANTONIO es la tercera víctima, asesinada en menos de 36 horas.

Para nadie es un secreto que los generadores del desplazamiento, que actuaron en coordinación con las Fuerzas Militares en un operativo por aire, agua y tierra, hace tres años, continúan actuando y moviéndose entre Turbo – Necoclí, Necoclí- Riosucio; y por el río Atrato desde Turbo hasta Quibdó.

Hoy su criminal actuación no se estaría presentando si los causantes del desplazamiento y de los 70 asesinatos y desapariciones hubieran sido perseguidos, castigados, sancionados y se hubiera iniciado un proceso de reparación a sus víctimas. Hoy quienes han gozado y gozarán del privilegio de la impunidad, estructurada desde el inicio del desplazamiento en el Estado, persistirán en su actuación, en este momento desplegada en Turbo; porque en estos 37 meses, quiénes fueron víctimas del Estado, no han logrado que este mismo Estado que ha desarrollado una barbara ejecución de estrategia contrainsurgente, la haya desmontado.

Los autores materiales del desplazamiento se encuentran en Turbo. Desde el Puerto de Turbo o en las calles de Turbo están vigilantes para asesinar. Vicente, quien guió el operativo militar al lado de los militares, se encuentra en las calles de este municipio; los paramilitares conocidos como “El Indio”, “El Cholo”, “El Gringo”, siguen señalando, siguen merodeando, siguen operando con sus nuevos victimarios. Los paramilitares en los alrededores de Turbo, entre los corregimientos de “El Dos” y “El Tres”, en el sitio “La Caleta” donde arrojan sus víctimas, siguen operando, y nada, absolutamente nada se hace, se hizo, y tal vez se hará.

Mientras avanza la ronda paramilitar, los retenes policiales en los alrededores del Coliseo y de los Albergues no existen, no hay medidas adoptadas serias y eficaces. Reconocidos paramilitares entran al Coliseo de Turbo en motos, a pie, con radios, y la policía ni siquiera los requisa ni les interroga. No se responde humanitariamente con el agua que requieren las familias y estas se ven obligadas a exponerse más fácilmente a sus victimarios. En Turbo por los barrios hoy se censa diferenciando quiénes son o no desplazados. Se desconoce a los encuestadores . En Bocas del Atrato, las familias que allí se encuentran viven prisioneras del terror porque ven deambular por el río pangas de paramilitares, algunos de los pobladores han visto como las embarcaciones han sido retenidas, saqueadas y sus propietarios intimidados, como ocurrió hace tres días. Y en la Hacienda “El Cacique” en Bahía Cupica, sobre el Pacífico, la situación es cada vez más preocupante: allí las familias que fueron repatriadas ilegalmente desde hace tres años, perciben el permanente y creciente movimiento de sus desplazadores.

En este escrito consignamos un destello del profundo dolor que embarga a la comunidad del Cacarica, de la honda afección de su proceso de Retorno, del terror interiorizado, y el nuevo destierro que se ve venir: ahora, tal vez nunca, puedan seguir el camino de su retorno, el sueño de volver a su propia tierra, ajena de este lugar, donde sus victimarios han intimidado, han amenazado . Pero hoy no solo se trata de eso, hoy asesinan como en el comienzo, cumpliendo sus bárbaros y repudiables crímenes, de hombres que han decidido construir un Proyecto de Autodeterminación, Vida y Dignidad. Crímenes y atentados que se hubieran podido haber evitado. Daños que aún pueden ser evitados que se repitan en el Cacarica donde las comunidades llevan 25 días de haber iniciado su primera fase de retorno.

A ustedes nuestra Constancia y expresión de Censura Moral con la única esperanza que el futuro nuestro erosionado Estado de Derecho, logre reconstruirse.

Con profunda preocupación,

COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ