Declaración jefe de la delegación del gobierno

Repito que el acuerdo es un acuerdo sobre lo posible. Pero de la sociedad colombiana depende que sea ejecutado. Primero, si lo aprueba con el voto. Segundo, si se comprometen a hacer parte de la transformación que se necesita para conseguir la paz.


La Habana, 24 de agosto de 2016

Buenas noches,

Hoy hemos llegado a la meta. La firma de un Acuerdo Final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz. La guerra ha terminado. Pero también hay un nuevo comienzo. Este Acuerdo abre posibilidades para inciar una etapa de transformación de la sociedad colombiana. Bajo el telón de fondo de la reconciliación, abrimos la puerta a una sociedad más incluyente, en la que podamos reconocernos como colombianos, en la que nadie tema por su integridad a consecuencia de sus ideas políticas.

La faena que sigue nos compromete a todos. Vendrán discusiones, ajustes y sacrificios. Necesitamos comprensión, altruismo, tenacidad y paciencia. Tenemos que asumir una responsabilidad como colectividad humana, en la que cada quien debe jugar su propio papel. No me refiero solo a contribuciones materiales. Hasta el último de los colombianos tiene mucho que aportar. Desprendimiento, unidad, disposición para reconocer al ciudadano como portador de derechos, aún si ese ciudadano en el pasado ha afectado a otros. Lo mínimo que nos debemos mutuamente es dar paso a una nueva oportunidad de vida.

Esa es la palabra: oportunidad. No debemos limitarnos a celebrar el silencio de los fusiles. Lo que realmente importa es que se abren caminos para dejar atrás la violencia y reconstruirnos desde el respeto.

No quiero pedirles que confíen en la paz “a ciegas”. La firma de un acuerdo de paz no es un salto al vacío.

Seguramente el acuerdo logrado no es un acuerdo perfecto. Pero con la misma honestidad y franqueza con la que hemos informado a la opinión pública, quiero ahora transmitir ahora que tengo la certeza de que es el mejor acuerdo posible. Probalbemente todos hubiéramos querido algo más. Nosotros mismos en la Mesa hubiéramos querido algo más. Pero el acuerod ogrado es el acuerdo viable, el mejor acuerdo lograd posible.

Sin embargo, eso no lo calificamos nosotros. Creo que hemos hecho el mejor trabajo viable, pero la calificación depende de los colombianos. Como delegados del Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, debemos esperar con humildad el veredicto de la ciudadanía. No vamos a caer en la arrogancia. Pero estamos tranquilos. Estamos confiados. Creemos haber logrado un pacto fundamental para la conveniencia del país. No hemos hecho propiamente una negociación. No hemos cambiado fusiles por convicciones. Estamos seguros de haber logrado una hoja de ruta para Colombia. Creemos que, tras una evaluación serena de lo logrado, ese es un camino positivo para el futuro. Es el momento de darle una oportunidad a la paz. Pero no vamos a incurrir en el acto vanidoso de exaltar nuestro propio trabajo. Serán los colombianos los que decidan si acertamos.

Hemos creado una senda para cerrar la brecha con el mundo rural. Es el camino correcto. Tiene el propósito explícito de recuperar la dignidad de la familia campesina y de permitir su ingreso a un ciclo productivo sostenible y adecuado. El punto sobre reforma rural integral es un horizonte y también un desafío. Las tareas de implementación van a exigir aplicación, recursos, voluntad política. De la mano de la reforma rural, creemos que se ha hecho un diseño útil para vigorizar herramientas que permitan superar el problema de los cultivos ilícitos y de generar un nuevo entorno en el terreno del narcotráfico y el consumo. Seguramente algunas ideas vienen del pasado. Pero es la ausencia del conflicto lo que puede permitir que se logren avances sustanciales. Nadie puede pretender que al otro día de la firma el narcotráfico habrá desaparecido totalmente. Pero sí creemos que el fin del conflicto es una oportunidad ENORME para mitigar los efectos perversos de esta maldición.

Queremos mejorar la política. Más limpia. Más abierta. Más incluyente. El esfuerzo para lograr un quehacer político digno de confianza se hará con todos los partidos y movimientos. Y con las FARC después de su ingreso a la democracia. Este es un deseo unánime de los colombianos. No hay un alma en Colombia que se oponga a tener mejores partidos políticos, más limpios, más honestos.

Que las FARC compitan por el apoyo de los colombianos. Sin exclusiones una vez que suman el reconocimiento de resposnabilidad acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz y reparen a sus víctimas. Las FARC llegarán a su fin como grupo armado y comenzarán su vida dentro de la democracia con garantías plenas. Garantías también para los colombianos. Que nadie sea perseguido por sus ideas. Que la combinación de formas de lucha sea una pesadilla del pasado. Para todos.

Este marco es también una oportunidad para profundizar la lucha contra la corrupción. Este es un cáncer que nos devora. Arruina la legitimidad de las instituciones. Golpea duramente las finanzas públicas. Es un estigma que compromete por igual al sector público y al privado. Es verdad que los circuitos de la corrupción comienzan en la política, en particular en la política local. Es allí, en el seno de las formas vigentes de gobernanza donde se gesta la corrupción.

Se ha logrado establecer un compromiso serio y transparente sobre el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Hay un mecanismo de verificación y monitoreo de gran calado. La presencia de Naciones Unidas y de los miembros de los países de la CELAC imprime un sello de garantía que brinda tranquilidad a la ciudadanía. Las armas desaparecerán de las manos de las FARC. Por cierto, a partir de los ceses de fuego unilaterales de las FARC, hemos vivido los meses de menor confrontación militar en varias décadas.

Por fin, se han pactado decisiones en el campo de la Justicia que, reconozco, han sido objeto de críticas.

Muchos colombianos quisieran castigo para las FARC. Pero también con igual fervor deberíamos pedir el mismo castigo para todos los responsables. Agentes estatales que desviaron su misión y terceros financiadores de graves crímenes y masacres. La violencia del otro no puede justificar la violencia propia. Lo que se quiere con la aplicación de una justicia de transición y con la puesta en marcha de mecanismos para la verdad y la reparación, es que esta sociedad entienda que no hay violencia buena. Que la única reacción legítima contra el crimen es la fuerza democrática del Estado. Que fuera de este camino, viene el desencadenamiento de violencias que se alimentan a sí mismas y que perpetúan la confrontación. La no repetición es algo que exigimos a las FARC con firmeza. Pero este también debe ser un gran compromiso nacional. Nadie deberá en el futuro alentar formas de la mal llamada justicia privada.

Lo acordado en la justicia es parte de un sistema completo que implica verdad, reparación y garantía de no repetición. En la justicia ordinaria la pena cumple un papel disuasivo. Las sanciones previstas en el Acuerdo tienen en cambio un amplio contenido reparador. La justicia transicional tiene el propósito de superar una etapa de violación masiva de los derechos. No se trata de cerrar los ojos ante el delito. No es un acto de ceguera resignada. Lo que busca es afianzar el estado de derecho y abrir espacios para construir relaciones sociales rotas. Justicia transicional no es la sobrina pobre de la justicia. Es sobre todo justicia. Pero ante el fenómeno del conflicto armado interno, la visión de la pena adquiere mayor relevancia de cara a las víctimas si amplía su contenido restaurador. Muchas víctimas desean sanar sus heridas, conocer la verdad, ver que los responsables asumen sus culpas. Las sanciones contempladas en la Justicia Especial cumplen ese propósito. Es un caso inédito que en medio de un conflicto en tiempo real, los antagonistas logren un acuerdo para castigar los delitos más graves. Y que éste incluya a todos los victimarios en un propósito de terminar de una vez por todas el conflicto que nos agobia.

El ingreso de las FARC a la política será un paso gigantesco. Pero no es suficiente. Hay conflictos en la sociedad colombiana que tenemos que continuar afrontando con la fuerza tranquila y la legitimidad creciente del Estado. Ese es el camino que nos espera.

Repito que el acuerdo es un acuerdo sobre lo posible. Pero de la sociedad colombiana depende que sea ejecutado. Primero, si lo aprueba con el voto. Segundo, si se comprometen a hacer parte de la transformación que se necesita para conseguir la paz.
Agradezco a quienes han expresado reservas y críticas. Es un ejercicio legítimo. También ha sido útil para nosotros en la Mesa. Ellos no son enemigos de la paz. Los enemigos de la paz son los que han llenado las redes sociales de falacias y mitos.

Agradecemos a los países garantes, Cuba y Noruega. A los acompañantes Chile y Venezuela. Han demostrado enorme profesionalismo y dedicación. Y en cuanto a Cuba, señor ministro, además, muchas gracias por habernos proporcionado apoyo generoso con hospitalidad sin límites.

Gracias a los enviados especiales, Bernard Aronson de los Estados Unidos e Eamon Gilmore de la Unión Europea.

A nuestro equipo de trabajo que ha sacrificado tiempo y vida familiar con denuedo desmesurado, desprendimiento que ha servido también para nosotros, miembros del equipo, compañeros para que hayamos cumplido con esta compleja tarea con tesón y dedicación. A los miembros de la fuerza pública que trabajaron en la sub comisión técnica, también gracias. Y todos a una manifestamos nuestro profundo reconocimiento al Señor Presidente de la República por habernos brindado esta posibilidad de sentirnos útiles. Y agradecemos también su liderazgo.

Desde orillas opuestas, debemos reconocer a las FARC su disciplina de trabajo. Fueron conversaciones complejas, a veces amargas. Pero el resultado es suficiente recompensa.

Hemos cumplido la promesa que hizo el Presidente Santos desde un principio. Los colombianos tendrán la última palabra. Está en juego el futuro de Colombia. Nadie puede sustraerse al deber de decidir. El acuerdo del fin del conflicto no tiene dueño. No pertenece a los partidos. No pertenece al gobierno. No pertenece a las FARC. Pertenece a los colombianos. Está en manos de cada colombiano para que decida siguiendo lo que le dicte su íntima sabiduría. En ese sentido, el Plebiscito debe ser una decisión cívica, nacional, profunda, un gran acontecimiento histórico.

Termino con una voz personal: haber logrado un Acuerdo con las FARC no significa que haya existido una claudicación mutua. Mis convicciones y valores siguen intactos. Supongo que lo mismo ocurre con los miembros de la guerrilla. La Mesa no fue un ejercicio de condescendencia, ni de intercambio de impunidades. Pero sí significa para mí que he crecido espiritualmente. Que hoy conozco mejor a Colombia. Que hoy me duele más el sufrimiento de muchos compatriotas. Pero que también he aprendido mucho de la capacidad de resistencia de los colombianos, de su generosidad y de su alegría.