Declaración al Consejo de Seguridad por Carlos Ruiz Massieu
Declaración al consejo de Seguridad por Carlos Ruiz Massieu
Representante Especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación de la ONU
Nueva York, 23 de enero de 2019
Sr. presidente,
Distinguidos miembros del Consejo de Seguridad,
Estoy muy complacido por esta oportunidad de dirigirme a ustedes, por primera vez, con ocasión de su consideración del informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. Saludo la participación en esta reunión del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Sr. Carlos Holmes Trujillo, y del Alto Consejero para el Posconflicto, Sr. Emilio Archila. Aprovecho para expresar mi gratitud por el cálido recibimiento que he tenido en su país.
Sr. presidente,
Los trágicos acontecimientos de la semana pasada en Bogotá nos recuerdan una vez más la urgencia de poner fin a la violencia y perseverar en los esfuerzos para garantizar un futuro más pacífico para todos los colombianos.
Tanto el Consejo como el Secretario General condenaron de manera firme y contundente el atentado con carro bomba perpetrado el 17 de enero contra la Escuela de Policía General Santander, que dejó 21 muertos y decenas de heridos. El 21 de enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció su responsabilidad por este ataque.
En el rápido rechazo del ataque por parte todos los sectores del espectro político en Colombia, y en las marchas que se llevaron a cabo en todo el país el pasado domingo, los colombianos demostraron su consenso cada vez más amplio en torno al rechazo de la violencia, el cual se ha destacado en los informes del Secretario General como uno de los frutos de la paz. Este consenso se debe seguir fomentando.
Sr. presidente,
Desde que asumí mis funciones el 7 de enero, me he reunido con interlocutores clave de la Misión, incluyendo el Gobierno de Colombia, la FARC, la sociedad civil y la comunidad internacional.
Sostuve primeras reuniones productivas con el Presidente Duque, el Ministro de Relaciones Exteriores Trujillo, el Alto Consejero Archila y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
También me reuní con líderes de FARC en Bogotá y visité dos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación en los departamentos de Antioquia y Caquetá. Estas visitas confirmaron tanto el fuerte deseo de los y las excombatientes de trabajar y encontrar su lugar en la sociedad, como la incertidumbre que muchos todavía sienten con respecto a su seguridad, incluida su seguridad jurídica, y su futuro económico.
Mantuve conversaciones con representantes de la sociedad civil, incluidas organizaciones de mujeres, con la Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz y con el Presidente de la Comisión de la Verdad, quienes destacaron su compromiso con el proceso de paz y su aprecio por la labor de la Misión.
En mis reuniones con el Coordinador Residente y los miembros del equipo país del Sistema de Naciones Unidas, dialogamos sobre la importancia de su alianza con la Misión en materia de reincorporación, garantías jurídicas y de seguridad, así como su apoyo adicional a la implementación de los acuerdos en desarrollo rural, participación política, justicia transicional y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Las conversaciones también abordaron la cooperación continua en las dimensiones intersectoriales de género, los asuntos étnicos, la protección de la infancia y la juventud.
Sr. Presidente,
Me complace informar que la Alta Instancia de Género del Gobierno, responsable de la aplicación de las disposiciones sobre género del Acuerdo de Paz, se reunió por primera vez el 16 de enero.
La inauguración de la Comisión de la Verdad, que emprende un mandato de tres años para promover la verdad y la reconciliación, representa un hito importante.
El 16 de enero, la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de una de las dimensiones más delicadas de cualquier proceso de paz, la justicia transicional, cumplió su primer año de funcionamiento. Como muestra de lo que está en juego, los cinco casos iniciados en el primer año de la Jurisdicción Especial para la Paz examinarán la responsabilidad por actos violentos que afectaron a no menos de 32.000 víctimas.
Continúan los avances en los casos ante la Jurisdicción Especial. La Jurisdicción ha recibido el testimonio de 46 miembros de las Fuerzas Armadas en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales. Hace dos días, la Jurisdicción Especial anunció que 31 miembros del liderazgo de las antiguas FARC-EP también deberán comparecer en persona para dar su testimonio sobre la responsabilidad individual y colectiva por los secuestros.
Como ha insistido este Consejo, sigue siendo de vital importancia que se respete la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial y que ésta reciba el apoyo necesario para funcionar eficazmente.
Sr. Presidente,
En cuanto a la reintegración económica de los ex miembros de las FARC-EP, acojo con beneplácito la aprobación de proyectos productivos adicionales por parte del Consejo Nacional de Reincorporación y los avances en los desembolsos para estos proyectos. Como se señala en el informe, y confirmé en mis primeras discusiones y visitas sobre el terreno, los retos futuros consisten en acelerar aún más esos esfuerzos y, para asegurar su sostenibilidad, avanzar en la adquisición de tierras y trabajar en el desarrollo de mercados para los bienes y servicios producidos, incluso con la participación de los gobiernos locales y el sector privado.
Acojo con satisfacción la decisión adoptada por el Gobierno en diciembre de ampliar la provisión de alimentos a los excombatientes en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) durante otros ocho meses. Se prevé que esta asistencia, así como los actuales servicios de salud y educación y la provisión de la renta básica mensual a todos los miembros de las antiguas FARC-EP, concluya en agosto.
Un desafío a corto plazo es definir el estatus de los 24 Espacios Territoriales, cuya vigencia actual, que expira el 15 de agosto, es motivo de preocupación e incertidumbre para los miles de miembros de las antiguas FARC-EP que habitan estos espacios. Acojo con beneplácito los recientes comentarios públicos del Sr. Archila, asegurando a los participantes en el proceso de reincorporación que se encontrará una solución a este tema, sobre la base de un censo actual de las personas que viven y trabajan en esas zonas. Será necesario un esfuerzo concertado para superar los desafíos jurídicos, financieros y de otro tipo y llegar a un acuerdo sobre un conjunto de propuestas. Por lo tanto, el tiempo apremia para llegar a un acuerdo sobre el camino a seguir.
En cuanto a la reincorporación política, el 27 de octubre el partido FARC participará por primera vez en las elecciones regionales y locales, lo que supone otro avance en su participación política.
Para garantizar la seguridad de la FARC en el desarrollo de sus actividades políticas a nivel local durante las próximas elecciones, la Mesa Técnica de Seguridad y Protección ha comenzado a trabajar en un plan de protección.
Las elecciones presidenciales de Colombia en 2018 fueron las más pacíficas en décadas. Para asegurar que prevalezcan condiciones similares en las elecciones de este año y dadas las preocupaciones específicas con respecto al partido FARC, se necesitarán medidas integrales de prevención y protección para garantizar la seguridad de los candidatos de todos los partidos, así como de las comunidades y sus líderes.
Sr. Presidente,
La ola de asesinatos de líderes sociales en los primeros días del nuevo año refuerza la profunda preocupación sobre estos asesinatos expresada por el Secretario General en su Informe y que el Consejo también ha expresado en repetidas ocasiones. Siete líderes (seis hombres y una mujer) fueron asesinados en los primeros siete días de enero y se informó de un total de 31 ataques en diez departamentos desde la publicación del Informe.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, tres cuartas partes de estos asesinatos son cometidos por grupos armados criminales e ilegales. Entre los líderes que han sido víctimas se encuentran miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes que participan en los procesos de restitución de tierras, líderes que participan activamente en el programa de sustitución voluntaria de cultivos y líderes de comunidades indígenas.
El Presidente Duque ha expresado su compromiso personal para abordar esta situación. El Gobierno ha indicado que ha activado su Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos y líderes sociales de determinados departamentos. Se ha encomendado a los Ministros de Defensa e Interior y al Alto Comisionado para la Paz la tarea de identificar medidas adicionales. El Procurador General ha pedido que se cumplan una serie de compromisos del Pacto por la Vida de los Líderes y Personas Defensoras de Derechos Humanos, aprobado por el Gobierno y representantes de la sociedad civil en agosto. Insto a que estas medidas se apliquen rápidamente y se combinen con esfuerzos más amplios para garantizar una presencia efectiva del Estado en esas zonas.
Acojo con satisfacción la decisión del Presidente Duque de convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el 30 de enero, a la que se le ha encomendado la tarea de definir una estrategia para desmantelar los grupos armados criminales e ilegales, con la participación de la sociedad civil.
Además de los catorce miembros de las FARC asesinados durante el período que abarca el Informe del Secretario General, otros dos han sido asesinados este año. Un total de 87 excombatientes han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz. Esto subraya la importancia de proporcionar seguridad efectiva a los nuevos asentamientos fuera de los ETCR, que es donde se han producido la gran mayoría de estos asesinatos.
Sr. Presidente,
La seguridad de las comunidades, los líderes y los miembros de las FARC está vinculada en última instancia a la capacidad del Estado para establecer una presencia civil y de seguridad integrada en las zonas afectadas por el conflicto.
El plan “Paz con Legalidad” del Gobierno proporciona una hoja de ruta para lograr este importante objetivo. Se basa en los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial acordados en el marco del Acuerdo de Paz y los vincula más claramente al apoyo hacia casi 100.000 familias en el marco del programa voluntario de sustitución de cultivos y a la reincorporación de ex miembros de las FARC-EP.
Como dijo el Secretario General, lo que ahora se necesita con urgencia es que éste y otros planes se traduzcan en acciones eficaces que cambien la realidad en el terreno.
Sr. Presidente,
Distinguidos miembros del Consejo,
Antes de concluir, quisiera rendir homenaje a las importantes contribuciones de mi predecesor, Jean Arnault, durante los últimos tres años y medio. Sumo mis palabras de agradecimiento a las que he escuchado de tantos colombianos por el importante papel que él ha desempeñado en el proceso de paz.
Quisiera resaltar que uno de los mensajes que he escuchado sistemáticamente de los colombianos durante mis primeras semanas sobre el terreno es la firmeza con que acogen y esperan el apoyo y el acompañamiento de la comunidad internacional en su empeño por superar los numerosos desafíos a la consolidación de la paz.
El compromiso y el apoyo constantes del Consejo de Seguridad seguirán siendo un pilar fundamental del proceso de paz de Colombia. Les aseguro el compromiso de la Misión de cumplir con las tareas que este Consejo le han encomendado.
Gracias.
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