De Genocidios y Territorios
Detrás de las violaciones de derechos humanos, entre ellas el desplazamiento forzoso, a través de estrategias militares abiertas y encubiertas, del pretexto de persecución a la guerrillas con políticas como la seguridad “democrática”, que a pesar de las expresiones gubernamentales pretenden lograr respetar los derechos de todos los ciudadanos, cada vez más se evidencia que la misma, tanto como el proceso de desmovilización paramilitar o institucionalización paramilitar, están asegurando la privatización de los territorios colectivos, ahora mediante mecanismos de presión y de testaferrato, y con el nuevo proyecto de ley de tierras que hoy sigue su discusión en el congreso de la República, en secreto, se asegura el control territorial privado, la impunidad y el nuevo modelo de sociedad excluyente.
En los últimos quince años en desarrollo de la estrategia militar encubierta se ha propiciado el desalojo, la concentración de las tierras y de los territorios colectivos, de campesinos mestizos, de indígenas y de afrodescendientes. Más del 65% de tierras o territorios de más de 500 hectáreas se encuentran en 0.4% propietarios, mientras el 67% del total de los desplazados internos al ser desalojados han perdido su relación directa con su tierra. Mientras tanto, las mismas tierras aseguradas por los desplazadores con ejércitos privados o con nuevos “civiles” armados o con sistemas de comunicación, establecen sistemas de seguridad y de control, y modos de asociación campesina, que bajo el espejismo de la participación se convierten en técnica más sutil de apropiación de las tierras.
En el Meta, en el Valle, en Nariño, en el bajo Atrato Chocoano, en medio del cese de hostilidades, y de la connivencia, de la omisión de la fuerza pública con estructuras de “civiles” armados de la estrategia paramilitar, se viene consolidando la privatización de hecho de los territorios y de las tierras vinculadas con proyectos de monocultivo. La agroindustria de Palma Aceitera, Caucho, Cacao y en algunas situaciones la coca, vincula a campesinos que no encuentran ninguna otra opción en estas regiones. El terror armado se ha interiorizado en ellos percibiéndose como mujeres y hombres con “libertad”, perfecta esclavitud, asumiendo la actitud del silencio y del olvido como única posibilidad de sobrevivir, aunque sea por un tiempo, en sus tierras, que ya no son suyas, si no de quiénes los han despojado violentamente o por engaño. Pero al mismo tiempo, como lo sabe el INCODER, y las instituciones del Estado a través de repoblamientos, donde la totalidad de la población fue desplazada y no desea regresar o donde esta siendo desplazada a cuenta gotas. No existe ninguna garantía de retorno y ni siquiera de aseguirar sus tierras, el Decreto 2007 que pretende asegurar las mismas de compra y ventas, es una quimera frente a la ausencia de voluntad política para dar respuesta al desplazamiento forzoso, tanto, como por la parainstitucionalización que vive el país
Desde una idea de progreso y de reconciliación, pocos recuerdan o no quieren recordar, olvido selectivo oficial, que ese modo de producción, que esa imagología de la participación y del progreso está teñida con sangre, con la persecución, y la práctica sistemática de destrucción de grupos humanos, el genocidio. Práctica que continúa perpetuándose, en medio del silencio mediático y del aliento institucional, con nuevas técnicas y mecanismos, que combina el terror armado, el terror psicológico o el diseño de estructuras de legalidad notarial y de registro público a través del cual se legaliza la propiedad y también a través de la nueva propuesta de Censo, denunciada por muchos, como el nuevo mecanismo de empadronamiento que contemplaba la ley antiterrorista.
La ley del olvido pretende negar que debajo de las tierras privatizadas por la fuerza paramilitar, donde hoy se siembra la palma, el cacao, el caucho o se reforesta o se cultiva coca, se encuentran restos, miles y millares de seres humanos asesinados, torturados, desaparecidos, o violentados carnalmente. Hoy entre el cinismo y el pragmatismo institucional las prácticas de terror, en muchas regiones, no matan con balas, desplazan silenciosamente, desplazan legalmente y apropian tierras de modo “legal”… Hoy se sigue discutiendo en el Congreso la Ley de tierras, hace unas semanas, la ley había quedado guardada, lo que no informaron es que el proyecto había sido escondido por unos pocos días.
El pragmatismo espiritual, los discursos de la nueva ética empresarial pretenden ocultar no solo la responsabilidad estatal en la práctica sistemática de violaciones de derechos humanos. Esa visión pacificadora evangélica y de reconciliación sin más, desconoce el Derecho, el Derecho de los pueblos y de las comunidades a Existir, a Decidir sobre su presente y su futuro discutiendo en condiciones de libertad. La misión por una paz sustentada en el silencio, obvia los principios internacionales del Derecho a la Verdad, a la Memoria, a la Justicia y a la Reparación Integral. Al fin, al cabo, el silencio ha sido también un modo de avalar el Genocidio y la privatización del territorio, allí esta la certeza moral del establecimiento.
Ver Adjuntos Iván Cepeda y Alfredo Molano, El Genocidio y La Tierra para quién la Expropia y Censo Emprodamiento.
Genocidios
Iván Cepeda Castro
El Espectador
16/10/04
El genocidio consiste en reducir letalmente la diversidad étnica, social, política o religiosa de la comunidad humana. ¿Qué tan democrática es entonces una sociedad en la que se perpetran masacres globales? Algunos estudiosos consideran que, en comparación con los regímenes totalitarios, las democracias son potencialmente “menos susceptibles” de cometer genocidios. Ello siempre y cuando se respeten las reglas del juego democrático. En la historia contemporánea abundan los ejemplos de las llamadas “democracias asesinas”, o en otras palabras, de regímenes en los que se garantizan los derechos de los propios ciudadanos, y se practican métodos criminales en el proceso de dominación de otras naciones. O de aquellos modelos políticos que, conservando una fachada de Estado de derecho, practican la eliminación sistemática de sectores sociales enteros. Si se acepta que la democracia es un sistema en el que prima el pluralismo, y en el que las diferencias no se resuelven con la supresión del contradictor, la conclusión debería ser que una sociedad en la que ocurre un genocidio no es auténticamente democrática.
Colombia es un país en el que han ocurrido crímenes masivos, cuyo propósito puede ser catalogado de genocida conforme al derecho internacional o a la propia legislación interna. A la luz de la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio (1948), los homicidios selectivos o indiscriminados contra los pueblos indígenas en el territorio nacional, pueden ser calificados como intentos de eliminación, parcial o total, de determinados grupos étnicos. Tal afirmación tiene sentido si se compara la magnitud de las atrocidades con la fragilidad demográfica de las comunidades que están siendo atacadas. El plan de destruir toda una formación política, la Unión Patriótica, llevado a cabo durante los últimos veinte años, es un hecho que, de acuerdo al artículo primero de la parte especial del Código Penal vigente en Colombia, es tipificado como genocidio.
También en esta categoría entraría la aniquilación de organizaciones sindicales por efectos del asesinato de la mayoría de sus miembros y de la persecución de los sobrevivientes, y el cuadro general de criminalidad contra el movimiento sindical, si se atiende a la recomendación del relator especial de Naciones Unidas B. Whitaker, quien sostiene que el exterminio de grupos sociales hace parte de la definición de genocidio. Este panorama, como lo ha señalado el sacerdote Javier Giraldo, director del Banco de Datos del Cinep, es el de una “democracia genocida”.
La posición del actual gobierno es ocultar estos hechos con cifras que supuestamente indicarían la reducción de los asesinatos. En realidad, lo que se reduce son los grupos en vías de extinción. Hace algunos días, sectores de oposición denunciaron en el Congreso de la República que se está preparando contra ellos un nuevo ciclo de “guerra sucia” en el contexto de la creciente paramilitarización del país. El presidente Uribe respondió a esas denuncias acusando a los parlamentarios amenazados de ser “viejos aliados del narcotráfico”. En sus discursos, el Presidente tiene la costumbre de estimular la violencia contra grupos que han sido, o están siendo, blanco de acciones criminales. Los responsables de los genocidios no son sólo sus autores materiales. Según el artículo tercero de la Convención de 1948, la instigación pública al genocidio forma parte de los actos que constituyen este delito. La Corte Penal Internacional, cabe recordarlo, no es sólo para jefes de grupos armados ilegales, sino para todo aquel que perpetre o aliente crímenes contra la humanidad.
La tierra es para quien la expropia
Alfredo Molano B.
El Espectador, 17-10-2004.
La operación ha sido bien pensada. Fuera de las grandes haciendas que los terratenientes tradicionales y aristócratas les vendieron a los narcotraficantes recién llegados, la apropiación y concentración de tierras tiene un nuevo esquema, llamémoslo “social”. Un célebre ex ministro de agricultura, muy amigo del nuevo orden, ha solicitado al Estado la adjudicación de treinta mil hectáreas en el Magdalena Medio para sembrar palma africana, cacao y maderables. Arroyave, el finado, andaba tras el mismo objetivo, pero en el Guaviare. Formalmente son tierras baldías, puesto que nadie las reclama; pero en realidad están en manos de colonos trasplantados por los paramilitares a las regiones que previamente han sido desalojadas a punta de motosierra. Es lo que llaman el “transvase” y además explica la esencia del proyecto de nueva Ley de Tierras, que en principio el Senado rechazó, ante el asombro de profesionales de negocios en finca raíz como el senador Holguín.
A los campesinos transvasados por los paracos se les permite trabajar en las regiones limpias de guerrilla para hacer efectiva la posesión, e inclusive se les otorgará título de propiedad para dejar en firme la tradición. Cultivarán palma para las grandes empresas aceiteras del Cesar; cacao y madera para los monopolios antioqueños del chocolate, y luego, les comprarán a los ‘’fieles’ las mejoras y los predios para formar con ellos emporios de prosperidad, como los llamarán. El programa de reinserción de los tres mil paras está montado sobre estas bases. Más aún, el Gobierno está buscando crear con los Fondos para la Reinserción una gran cooperativa de ahorro y crédito en manos privadas, para facilitar la operación. Al ‘fiel’ le darían treinta millones de pesos por la vía de los programas cooperativos, las empresas comercializadoras controlarían la compra de los productos, lo cual quiere decir que transfieren a los campesinos las oscilaciones del mercado, y al cabo de algunos pocos años, los reinsertados, ya arruinados por el mecanismo, terminarán vendiéndoles a los acreedores, si los precios mundiales lo aconsejan. En caso contrario, que lleven del bulto los colonos.
Luis Carlos Restrepo dice que trabaja día y noche en el diseño de los programas de reinserción, busca plata por todas partes y hace acuerdos y acuerdos a espaldas del país. Uno de los proyectos principales será, sin duda, de carácter agrario, y se inspirará en el modelo que se cranearon los hermanos Castaño Gil con apoyo de la Iglesia en el Urabá antioqueño. El resultado de esa iniciativa –alabada en su momento por los gremios– no fue una parcelación sino un campo de entrenamiento paramilitar. El ministro Cano podría terminar en pleito con quienes están elaborando el megaproyecto, entre otros, con uno de sus antecesores en el Ministerio. La estrategia consiste en crear un mecanismo que, en forma sucesiva, otorgue títulos de propiedad a los expropiadores, mientras se estabilizan las cosas y al final se pueda despojar por medio del endeudamiento crónico a los trabajadores de la tierra. El programa de Familias Guardabosques encaja como tres con tres en el esquema. El Gobierno les dará a los beneficiarios unos centavos para “cuidar” el monte, es decir, para no cultivar sino lo que a los grandes empresarios agropecuarios les convenga, convertirse en delatores de lo que pasa y no pasa en sus regiones, y además, claro está, conseguir votos para reelegir al patrón.
César Caballero: DANE no hará censo sino empadronamiento
Fuente: CARACOL . 17-10-2004
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Bogotá.— El ex director del DANE César Caballero dijo que la nueva administración de la entidad no realizará un censo de población sino un empadronamiento como el que estaba previsto en el estatuto antiterrorista, y que ese sistema viola la reserva estadística que ha caracterizado a la institución.
En diálogo con radio Caracol, Caballero afirmó que con la nueva metodología los encuestadores llegarán a los hogares colombianos con un “atrapahuellas” para capturar las huellas dactilares con la dirección. También le tomarán al encuestado una foto al iris del ojo y le podrán un computador para tomarle el ritmo de la firma.
Agregó que toda esa información será compartida con los organismos de seguridad, las fuerzas militares, la Registraduría y la organización electoral.
Caballero coincidió con versiones de congresistas según las cuales el ahora director del DANE, Ernesto Rojas Morales, había ofrecido esa metodología para el estatuto antiterrorista y tras caerse esa norma llegó al DANE para aplicarla.
“El doctor Rojas Morales fue a mi oficina y participó en varios comités para hacer la misma presentación de empadronamiento, pero no la aceptamos porque no es función del DANE”, señaló Caballero.
Bogotá, D.C 17 de octubre de 2004
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz