Crisis Humanitaria en el municipio de Ituango

Como organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, nuevamente manifestamos nuestra profunda preocupación ante la grave crisis humanitaria y de sistemática violación a los derechos humanos que cada día se agudiza en el municipio de Ituango.

Desde el 13 de febrero se dio inicio al desplazamiento forzado de diferentes comunidades ituanguinas, que hoy suman alrededor de 101 familias a esto se suman 257 personas provenientes del cañón de Santa Lucia. Este destierro de las comunidades sigue creciendo ya que el día de hoy han tenido que salir de la vereda el Quindío 100 habitantes quienes, a pie, buscan llegar hasta el área urbana de Ituango.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos venimos alertando sobre el recrudecimiento de la guerra en este municipio, y sobre los riesgos que esto constituye para la vida de los campesinos y campesinas que lo habitan, pero, además, de cómo aumentan las condiciones de vulnerabilidad ante la ineficiencia de las acciones estatales.

Los asesinatos selectivos, las amenazas, intimidaciones y todas las formas de violencia han aumentado de manera dramática ante la evidente disputa territorial entre las estructuras paramilitares- Autodefensas Gaitanistas de Colombia- y las Disidencias de las FARC. En este contexto la fuerza pública ha omitido su acción de proteger la población.

La amenaza constante de desplazamiento, que se extiende a todas las zonas del municipio y que genera profunda preocupación, máxime en las circunstancias en donde sigue latente la pandemia por la Covid – 19 que exige medidas de bioseguridad que son imposibles de cumplir en el marco de un desplazamiento masivo como el que vive hoy el municipio.

Queremos recordar que el ultimo desplazamiento masivo se dio en febrero de 2020 cuando salieron alrededor de 863 personas del Cañón del Inglés ubicado en la misma zona del desplazamiento masivo que se vive hoy y que este retorno se dio sin garantías para las comunidades, bajo la figura de retorno voluntarios que fue presionado bajo el condicionamiento de entrega de ayudas humanitarias.

El día de hoy 16 de febrero 2021 se lleva a cabo el Comité de Justicia Transicional que como lo ha dicho la Unidad de Victimas busca concertar el retorno de las comunidades. Es absolutamente irresponsable pretender un retorno sin garantizar las condiciones de seguridad para el mismo.

Es necesario preguntar a las autoridades sobre por qué de la invisibilización de la guerra que se ha instalado en la zona de amortiguamiento del Nudo de Paramillo, y que es la que hoy pone en riesgo la vida y la dignidad de los campesinos del municipio de Ituango.

Las demandas de las comunidades se recogen en; garantías de seguridad, presencia interistitucional, reconocimiento de la guerra que se vive hoy en el municipio de Ituango y cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Exigimos al Estado colombiano en Cabeza del Presidente Iván Duque Márquez y del Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria:

  • Se decrete al Municipio de Ituango como zona de crisis humanitaria y se establezcan todas las acciones interinstitucionales para prevenir, proteger y garantizar la vida y la integridad de la población del municipio.
  • Al Estado colombiano al cumplimiento estricto de las Garantías de Seguridad para líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.
  • Se cumpla con las obligaciones constitucionales del Estado colombiano para que las comunidades del Municipio de Ituango tengan todas las garantías de No Repetición de los hechos de violencia.
  • Se desmantele toda forma paramilitarismo en el departamento de Antioquia y el país.
  • El cumplimiento estricto a las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en las alertas tempranas para el municipio de Ituango.
  • Acciones de prevención y de protección de las condiciones derechos humanos para los habitantes rurales y urbanos del municipio de Ituango. Además, al respeto por el Derechos Internacional Humanitario.
  • Al Ministerio Público investigar, sancionar, establecer las responsabilidades por acción u omisión de las instituciones del Estado colombiano que no están cumpliendo con las funciones establecidas en la constitución y la ley, además que es completamente evidente la desatención sistemática a las recomendaciones a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y las denuncias realizadas por la sociedad civil.

Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y

Proceso Social de Garantías para la Labor de las y los Defensores de Derechos Humanos de Antioquia

Comunicado 16-02-2021 Ituango