Continuan amenazas contra Manuel Garcés

Nuevas amenazas de muerte y el mantenimiento de un montaje judicial se realizaron ayer contra Manuel Garcés, integrantes de su familia, y Nelson Angulo.


Bajo Naya

Garcés ha sido candidato a la alcaldía de López de Micay, el pasado 30 de octubre y denunció la compra de voto, el robo de urnas electorales. Desde el inicio de sus candidatura con el respaldo del consejo comunitario del bajo Naya, del cual es su integrante, se inició una persecución sin precedentes. Dos familiares fueron asesinados, fu objeto de dos fallidos atentados, de amenazas permanentes contra él e integrantes de su familia y lideres del bajo Naya. Los militares acantonados en el Naya los hostigaron, el impidieron la libre movilización en medio de las jornadas pre electorales y les acusaron de ser guerrilleros.

La interposición de una demanda penal y otra ante el Consejo Nacional electoral por las irregularidades y arbitrariedades que se produjeron en los comicios electorales para elegir el alcalde de López de Micay generaron las amenazas

Tres llamadas se produjeron desde el mismo celular. La primera de ellas amenazando con mantener el montaje judicial contra Elmer Valencia, familiar d Manuel, a quien se le sindica falsamente de atentar contra el candidato a la alcaldía Manuel Garcés. “digale a Manuel que si coloca la demanda, Elmer se podrira en la cárcel o se muere cuando salga“. Minutos después una llamada se realizó al líder del consejo comunitario de Naya: “dígale a su jefe que sabemos que está pensando en demandar que no lo haga, porque se mueren todos ustedes” . Luego una tercera llamada a. Manuel Garces en la que afirman si coloca la demanda, “se muere usted y los mas cercanos“.

A pesar del conocimiento del grave riesgo que vive Manuel no hay investigaciones eficaces ni medios de protección debida del Min Interior. Los consejos comunitario de bajo Naya, y Manuel Garcés están protegidos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las que han sido desconocidas por el gobierno colombiano.

Bogotá, D.C. Diciembre 3 de 2011

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz