Continúa persecución a familias en Argelia

Desde mediados de abril a la fecha, Rodrigo Muñoz, líder comunitario del municipio de Argelia (Cauca) y su familia, han sufrido una intensa persecución paramilitar. Estas estructuras operan con la anuencia y tolerancia de la Brigada 29 y el batallón José Hilario López y la policía en el departamento del Cauca.

El nuevo método de hostigamiento y amenazas, por medio de seguimiento e intimidación con llamadas telefónicas, se suma a los más de 200 asesinatos, las 17 desapariciones forzadas, las torturas, las amenazas de muerte, el desplazamiento forzoso que se ha vivido en Argelia desde el 2008.

. El 23 de abril pasado, en San Juan de La Guadua, corregimiento del municipio de Argelia, el comandante paramilitar conocido como “Cristian”, ordenó a la Junta de Acción Comunal reunir a la comunidad para amedrantar a sus miembros, con amenazas y justificando el crimen de Franco Uriel, que según él: “era un sapo, colaborador de la guerrilla y varias veces se les había esquivado”.

En esta oportunidad, Rodrigo Muñoz le dijo que cesarán los señalamientos en contra de personas del Caserío y se les respetara la vida, pues se les estaba estigmatizando de pertenecer a la guerrilla, y de esta suerte se ponía en riesgo la vida de los miembros de la comunidad.

Desde entonces, la persecución a él y a su familia no ha cesado. A Jair Ruano Ruíz, primo suyo lo asesinaron, en los días siguientes. Él y su familia recibieron amenazas por parte de alias “Sonia” y “Torcazo”, se desplazaron las familias de los agricultores de San Juan de la Florida y Rodrigo tuvo que desplazarse el 5 de mayo pasado.

Es la tercera familia de Argelia que es objeto de persecución con estas técnicas de operación psicológica que han ido desvertebrando las posibilidades de habitación dentro de sus tierras de las y los campesinos del Cauca. No ha existido respuesta institucional en materia humanitaria, ni de investigación.

El paramilitarismo sigue vivo en el Cauca, nunca se desmovilizó.

Mas información Constancia

Bogotá, D.C. mayo 8 de 2010

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz