Conmoción en el patio trasero

Bastó una sospecha sin confirmar —el rumor de que en el avión del presidente Evo Morales podía ir Edward Snowden, el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA), acusado de filtrar información confidencial— para que Italia, Portugal y Francia le negaran el permiso de sobrevolar su espacio aéreo y fuera obligado a aterrizar en Viena donde debió permanecer cerca de 14 horas.


Un hecho sin precedentes en la historia de la diplomacia internacional —o de la absoluta falta de ella—, que no sólo constituye una afrenta y una humillación para el mandatario boliviano, sino que viola normas del derecho internacional.

Un avión presidencial no es un avión cualquiera, tiene un estatus especial y el jefe de Estado que viaja en él goza de la inmunidad, la inviolabilidad, los derechos y las garantías que tiene en su país. La búsqueda de Snowden, reclamado por la justicia de su país, no era razón suficiente para que los gobiernos de esos países europeos procedieran como lo hicieron. Pero aun si el rumor hubiera sido cierto y el espía hubiera estado a bordo, Morales tenía el derecho de llevarlo si consideraba pertinente concederle el asilo político, una figura de protección —prerrogativa de los estados— que no obliga a los países que lo conceden a entregar al extranjero protegido a otro Estado, y que incluso permitiría transportarlo en el avión presidencial. Haberle negado sobrevuelos a la aeronave de un presidente legítimo como Morales, que viajaba de regreso de una misión de carácter comercial con productores de gas en Moscú, fue un acto a todas luces ilegal, una violación del derecho de inmunidad de un jefe de Estado. ¿Habrían hecho lo mismo con Putin, que le concedió asilo condicionado a Snowden (no lo aceptó) y que declaró que “Rusia nunca entrega a nadie a ningún país”?

El inaceptable y vergonzoso episodio dejó al descubierto la debilidad y/o sumisión de gobiernos que, a pesar de haber sido ellos mismos —y sus ciudadanos y sus medios de comunicación— víctimas de actos ilegales de espionaje por parte de la NSA para la que Snowden trabajaba, o no pudieron resistirse a las presiones de Washington y se prestaron para maniobras ilegales y hostiles contra el mandatario de un país no aliado de los Estados Unidos, o en actitud arrodillada quisieron servir a su propósito. Para no perder el favor del “policía del mundo”, optaron por arriesgar las relaciones con Bolivia. Un paisito tercermundista, habrán pensado con desprecio por el presidente indígena.

El episodio generó reacciones de los gobiernos de América Latina (indignadas unas, otras moderadas), y de la opinión que se expresó en las redes sociales. Despertó al antiimperialista que muchos llevamos dentro, pues tocó fibras sensibles en una región que tiene una historia de altibajos en las relaciones con Washington, que en este caso ha hecho de Pilatos lavándose las manos, pese a que la búsqueda de Snowden fue la causa del incidente diplomático. “Las decisiones fueron tomadas por países concretos y deberían preguntarles a ellos por qué las adoptaron”, dijo Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado, el miércoles pasado. Una declaración que en nada contribuye a disminuir el creciente descrédito del presidente Obama, agravado por el episodio del masivo espionaje destapado por Snowden.

El gobierno de Bolivia, por su parte, ejercerá el derecho al pataleo y demandará ante instancias internacionales, pero presumo que no habrá sanciones para los gobiernos implicados, y que todo acabará reducido a fórmulas vacuas de disculpa, de hacer parte del patio trasero de la potencia del norte.

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