Comunicado a la opinión pública nacional e internacional

Las comunidades agromineras y pobladores de las regiones Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar que estamos en una jornada de movilización desde el 1 de septiembre del presente año, informamos a las organizaciones sociales y populares tanto a nivel nacional como internacional que:


1. Nuestra movilización está motivada por el despojo del territorio que afrontamos los pobladores del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar, ya que debido a la implementación y ejecución de diferentes megrapoyectos mineros, agroindustriales y de infraestructura, nosotros campesinos, pescadores, pequeños mineros, comerciantes y pobladores en general estamos siendo despojados de nuestro territorio y estamos perdiendo nuestros medios de trabajo y de sustento para nuestras familias.

2. Que desde que comenzamos esta jornada de movilización, nos encontramos concentrados en el Cerro Los Chivos, del municipio de Aguachica, departamento del Cesar. Esta concentración ha sido totalmente pacifica, sin interrupciones del tránsito por la troncal… en donde se está construyendo el tramo 2 de la llamada ruta del sol que une a Bogotá con la Costa Atlántica.

3. Que desde hace varios años, los pobladores de estas tres regiones del país, hemos adelantado todos los esfuerzos a nuestro alcance para establecer mecanismos de diálogo con los gobiernos nacional, departamentales y locales, para concertar soluciones a las graves problemáticas en que nos encontramos debido al abandono estatal y a la entrega de nuestros territorios al gran capital nacional y extranjero.

4. Que durante estos 25 días de movilización, hemos sostenido 3 reuniones (los días 3, 13, 18 y 24 de septiembre) con representantes del gobierno nacional en el marco de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar. En estas reuniones le hemos planteado al gobierno nacional las siguientes exigencias orientadas a garantizar nuestra permanencia en el territorio:

1. Salida inmediata de las empresas nacionales, multinacionales y transnacionales mineras y de agroindustria que desarrollan proyectos a gran escala de exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables de la región. Y todas aquellas que desarrollan proyectos de infraestructura en el sur de Bolívar y el sur y centro del Cesar.

2. Suspender de manera inmediata todo lo actuado unilateralmente por las autoridades nacionales relacionado con la definición de zonas de protección ambiental, sean zonas de reserva forestal, zonas temporales de recursos naturales o parques naturales nacionales. Este proceso debe ser adelantado de manera clara y transparente y con participación activa de las comunidades.

3. Que el gobierno nacional defina, junto con las comunidades agromineras, una política de reconocimiento, promoción y defensa de la pequeña minería, diferenciándola y protegiéndola de la minería a gran escala.

4. Que el gobierno nacional adelante todas las acciones tendientes a reparar integralmente el daño ambiental que han causado en la región la actividad ilegal de las máquinas retroexcavadoras que adelantan labores de minería y el causado por las empresas mineras, de agroindustria o de infraestructura en el montaje y desarrollo de sus megaproyectos.

5. Como medida de reparación integral del grave daño cometido contra la población de la región y sus organizaciones por la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, las tierras entregadas a las empresas nacionales y extranjeras y a personas que se beneficiaron de estos crímenes, deben ser devueltas en su totalidad a sus legitimos propietarios, poseedores o tenedores.

Por su parte el gobierno nacional no ha respondido de fondo ninguna de las exigencias planteadas y ha tratado de desviar el sentido de nuestras reclamaciones con propuestas que no garantizan el respeto y la permanencia en el territorio y por el contrario posibilitan el despojo y el desplazamiento forzado.
En vista de la falta de seriedad del gobierno, las comunidades en movilización hemos decidido:

1. SUSPENDER de manera indefinida el tránsito de toda clase de vehículos en la vía que conecta a la Costa Atlántica con Bogotá y viceversa a partir del 26 de septiembre del presente año.

2. EXIGIR al gobierno nacional que las exigencias presentadas por las comunidades sean atendidas directamente por los funcionarios del alto gobierno que tengan la capacidad de tomar las decisiones que exigen nuestras reclamaciones.

3. SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo del César, de Bolívar, Magdalena Medio y a la Defensoría nacional, hacer presencia inmediata en el Cerro Los Chivos del municipio de Aguachica.

Aguachica, septiembre 25 de 2013

COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR

Imagen tomada de internet