Colombia: La respuesta militar a la protesta social: un gran paso para alejarse de la paz

Las protestas sociales de diferentes sectores de la sociedad, iniciadas desde el paro nacional desde el 28 de abril, continúan. La convocatoria al paro de los sindicatos “Por la vida, la paz, la democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque” fue seguida por habitantes en las ciudades, por las comunidades indígenas y campesinas, los estudiantes y muchos jóvenes, cuyas perspectivas de futuro se han empeorado con la pandemia del Covid-19.

Las protestas se han desarrollado de forma pacifica en su mayoría y se han extendido a más de la mitad de los departamentos de Colombia. En sucontexto se produjeron actos de violencia – algunos derivados de las protestas y otros independientes de ellas. Desde las organizaciones de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en Colombia condenamos los actos violentos ocurridos al margen de las protestas.

Las masivas protestas sociales se enfocaban, a primera vista, contra una reforma tributaria que, a través del incremento del IVA, entre otras cosas, a los productos de la canasta familiar y a la gasolina, hubieran afectado fuertemente a la población más vulnerable y a la clase media. Además de esta reforma fiscal, que ya ha sido retirada, las protestas se dirigen contra las reformas anunciadas en los sectores de la educación y la salud, que impondrían nuevas cargas a la amplia mayoría de la población. Colombia se caracteriza por su extrema desigualdad. A pesar de ser un país de renta media-alta, el 42 por ciento de la población vive en la pobreza, de la cual casi un tercio vive en la pobreza extrema[1] . De igual forma, se ha criticado el manejo de la pandemia del coronavirus, así como la lenta e insuficiente implementación del acuerdo de paz fimado en 2016, junto con el aumento constante de asesinatos y masacres de defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas sociales.

Diversos grupos que apoyan las protestas están organizados en un Comité del Paro, que incluye sindicatos y organizaciones de derechos humanos, pero que no engloba a todos los sectores movilizados de la ciudadanía. Los jóvenes, en particular, no se sienten representados por el Comité. El presidente Duque hizo una oferta de diálogo al Comité del Paro a mediados de mayo.

El gobierno contrarrestó las protestas desde el principio con una presencia policial masiva y el uso excesivo de la fuerza, especialmente por parte de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la policía (ESMAD).

Adicionalmente, a partir del 1 de mayo, el presidente Duque también ordenó el despliegue de las Fuerzas Militares en ciudades como Cali. Entre el 28 de abril y el 15 de mayo se documentaron hasta 379 desapariciones, 48 homicidios de manifestantes[2] , un homicidio de un policía, 87 casos de violencia de género (especialmente sexualizada) por parte de las fuerzas de seguridad, secuestros y 1.460 detenciones, muchas de ellas arbitrarias.[3] Las fuerzas de seguridad utilizaron masivamente las denominadas armas no letales, como el lanzagranadas “Venom”[4] , que entre otros, puede llevar granadas aturdidoras, apuntaron balas de goma a los rostros y lanzaron granadas de gas lacrimógeno a los manifestantes a corta distancia.

En la noche del 4 de mayo, las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes en el barrio de Siloé, en Cali, y se denunciaron amenazas, torturas y tratos degradantes en ese y otros lugares[5] [6]. El 9 de mayo, civiles armados dispararon contra un grupo de indígenas de la organización CRIC que iban a apoyar las protestas en Cali. Las fuerzas de seguridad presentes no hicieron inicialmente ningún esfuerzo para detener a los atacantes, arrestarlos o proteger a los miembros del CRIC. Algunos de los detenidos fueron llevados a lugares no oficiales, como un estadio deportivo.

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos (UBPD) criticó que la policía a veces no transmite información sobre el paradero de las personas detenidas a sus familiares y abogadxs que las buscan. El 12 de mayo, Reporteros sin Fronteras denunció al menos 140 agresiones contra periodistas desde el comienzo de las protestas, muchas de ellas violentas, por parte de las fuerzas de seguridad.[7]

En los meses de noviembre/ diciembre del 2019 y septiembre del 2020 ya se habían producido un Paro Cívico Nacional y protestas contra la violencia policial. Estas también fueron respondidas por las fuerzas de seguridad con una violencia excesiva, con el resultado de muertos y heridos. Desde hace años, también se critica el hecho de que la policía colombiana esté subordinada al Ministerio de Defensa. Los casos de agresión por parte de la policía, si se llevan a juicio, suelen ser juzgados por la Justicia Penal Militar y Policial y suelen acabar en la impunidad. Durante años, los gobiernos colombianos han afirmado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que los casos de presuntas violaciones de derechos humanos nunca se remitirían a la justicia militar.

Tras las protestas de finales del 2020 y a raíz de las denuncias, la Corte Suprema de Justicia falló que se había hecho un uso excesivo de la fuerza de forma “sistemática y arbitraria” y pidió al Ejecutivo que tomara medidas para garantizar la protesta pacífica y frenar el uso desproporcionado de la fuerza.[8] Al mismo tiempo, las autoridades de control, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, así como la Fiscalía se han debilitado.[9] Al respecto se critica que el presidente Duque ha puesto a la cabeza de estas importantes entidades a personas cercanas a él, quienes están involucradas en conflictos de intereses respecto al ejercicio del cargo. El Defensor del Pueblo ha dado instrucciones al personal para que coopere con las fuerzas de seguridad, una contradicción con su función de órgano de control.[10]

El derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución colombiana y los acuerdos internacionales, fueron respondidos por las fuerzas de seguridad con la confrontación militar. El presidente Duque, por su parte, se refirió durante muchos días casi exclusivamente al vandalismo y la violencia de los manifestantes, así como al desabastecimiento causado por los bloqueos de las carreteras.

Siguió defendiendo la actuación de las fuerzas de seguridad a pesar del número abrumador de informes sobre agresiones masivas. La viceministra de Relaciones Exteriores criticó duramente a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos por sus declaraciones sobre los incidentes y habló de una pérdida masiva de confianza en la oficina de la OACNUDH.[11] Políticos con una gran influencia del partido gobernante pidieron la declaración del Estado de Conmoción interior.

Mientras continúe la violencia excesiva de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes pacíficos, seguirá siendo difícil entablar conversaciones serias sobre soluciones de fondo. La pérdida duradera de confianza es enorme, la polarización existente se acentúa. Aparte de las disposiciones destinadas a permitir una amplia participación económica, el acuerdo de paz de 2016 contiene un capítulo dedicado a la participación política por considerarse que la exclusión histórica de grandes sectores de la sociedad del desarrollo sostenible y de la participación democrática pacífica se consideran unas de las principales causas del conflicto armado.

La represión violenta y en muchas partes ilegal de las protestas ha vuelto a consolidar la percepción en parte de la población de que la protesta pacífica no es escuchada y sólo se responde con represión. El presidente Duque ha ofrecido un diálogo tras más de 10 días de protestas. Pero después de la militarización y la polarización anteriores, esto se enfrenta a enormes desafíos. Los acuerdos anteriores con el gobierno han sido a menudo incumplidos por éste. Sin embargo, el diálogo sigue siendo la única forma de encontrar una solución.

En vista de este desarrollo y de que Alemania y la UE están apoyando la implementación del acuerdo de paz con muchos programas, las organizaciones de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos enColombia (MRKK), consideramos que es necesario expresar al gobierno colombiano desde Alemania y Europa que:

 debe poner fin al uso desproporcionado de la fuerza policial contra los manifestantes y garantizar el derecho a la protesta pacífica, la libertad de reunión y la libertad de expresión;

 las protestas pacíficas no deben ser estigmatizadas por las instituciones estatales;

 la investigación, el esclarecimiento y la sanción de las presuntas violaciones de los derechos humanos deben estar a cargo de tribunales civiles y no militares; se debe permitir la investigación independiente de las presuntas violaciones de los derechos humanos durante las protestas por parte de las instituciones internacionales de derechos humanos;

 en particular, se debe asegurar la aplicación de las medidas acordadas en el acuerdo de paz para la protección de los /las defensores y defensoras de derechos humanos, el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y sus aliados económico-militares, así como garantizar y promover la aplicación de programas de desarrollo socioeconómico participativos y eficaces.

El gobierno alemán debe seguir apoyando públicamente la labor de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

En el marco de la cooperación al desarrollo, se debe instar al gobierno colombiano a orientar las medidas gubernamentales de manera coherente hacia la reducción de la extrema desigualdad del país y hacia el respeto, protección y garantía de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la población en su conjunto.

La comunidad internacional también debería participar en el seguimiento internacional para el esclarecimiento jurídico de los hechos en el contexto de las protestas y acompañar activamente los procesos de diálogo, que incluyan a diferentes sectores, en asociación con actores reconocidos de la sociedad civil colombiana, por ejemplo, las iglesias. El Gobierno alemán sólo debería considerar la cooperación prevista por Alemania en la capacitación de la policía colombiana si, sobre todo a la vista de los últimos acontecimientos, reconoce una voluntad seria de reforma estructural por parte del Gobierno colombiano, la cuál pueda medirse con criterios comprensibles.

Contacto: kolko e.V., [email protected]

 

[1] Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, sólo en el 2020, 3,5 millones de personas cayeron por debajo del umbral de la pobreza. https://www.elpais.com.co/economia/3-5-millones-de-personas-cayeron-a-la-pobreza-en-en-el-2020.html
[2] La gran mayoría jóvenes/estudiantes de entre 17 y 27 años.

[3] Por ejemplo: Boletín Informativo No. 12, Defender la Libertad, https://defenderlalibertad.com/boletininformativo-12-paronacional/
[4] https://www.elespectador.com/bogota/venom-el-arma-en-la-tanqueta-del-esmad-que-causo-panico-en-elsur-de-bogota-en-el-paro-nacional-article/
[5] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-preocupan-las-denuncias-de-desapariciones-yviolencia-sexual-contra-manifestantes/
[6] https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/relatos-del-horror-las-torturas-que-habrian-sufridocapturados-por-la-policia-en-el-paro-nacional/
[7] https://www.reporter-ohne-grenzen.de/pressemitteilungen/meldung/journalisten-vor-gewalt-bei-protestenschuetzen
[8] Véase: https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizarderecho-a-protesta-pacifica/ Recuperado el 19.05.2021.
[9] https://coeuropa.org.co/duque-org-de-control/
[10] https://www.elespectador.com/judicial/el-defensor-del-pueblo-apoya-asistencia-militar-en-protestas-haypreocupacion-en-la-entidad/
[11] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/06/vulnera-de-manera-grave-la-confianza-entre-elgobierno-y-la-oficina-anoto-el-gobierno-en-una-carta-enviada-a-la-onu/

 

20 de mayo del 2021

210520-declaración-MRKK-violencia-policial_esp