Colombia está demostrando el valor de invertir en la paz y sirviendo al mismo tiempo de ejemplo de que se puede poner fin a los conflictos violentos a través del diálogo, afirma el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres,

Informe del Secretario General de la ONU, António Guterres, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia / período del 25 de septiembre al 27 de diciembre de 2021.

Bogotá, 13 de enero 2022. – “Colombia está demostrando el valor de invertir en la paz y sirviendo al
mismo tiempo de ejemplo de que se puede poner fin a los conflictos violentos a través del diálogo y que
las sociedades pueden sanar las heridas de la guerra y ofrecer oportunidades de desarrollo a quienes más
las necesitan”, afirma el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en su más reciente
informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el periodo del 25 de
septiembre al 27 de diciembre de 2021.
El Secretario General resalta el quinto aniversario del Acuerdo Final de Paz como una oportunidad para
que los actores involucrados en la construcción de paz y la sociedad colombiana aborden el estado de la
implementación, reconociendo los avances históricos, así como los enormes desafíos que persisten.
Afirma que le alientan los beneficios de la paz de los que fue testigo durante su visita a Colombia, pero
reitera su preocupación por las amenazas a la consolidación de la paz, especialmente la persistencia de la
violencia en zonas priorizadas para la implementación. El Secretario General señala que revertir esta
tendencia requerirá de acciones más sostenidas y efectivas advirtiendo que, de persistir esta violencia,
esta “ventana de oportunidad histórica podría cerrarse gradualmente”.
Sobre el proceso de reincorporación, el Secretario General destaca que entre los elementos más
importantes del Acuerdo están los que crean las condiciones para la transición a la vida civil de
excombatientes que dejaron las armas y siguen comprometidos con la paz, señalando que pudo escuchar
sus esperanzas y preocupaciones de primera mano durante su visita. Durante este periodo, el Consejo
Nacional de Reincorporación aprobó 8 proyectos productivos colectivos y la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización aprobó 370 proyectos individuales. El informe reporta que, a cinco
años de la firma del Acuerdo de Paz, casi el 59% de los más de 13.000 excombatientes acreditados,
incluyendo el 64% de las mujeres excombatientes, participan en proyectos productivos.
Según el informe, en estos cinco años, la violencia contra líderes sociales, excombatientes, y comunidades
se ha concentrado principalmente en 30 municipios, la mayor parte de ellos priorizados para la
implementación del Acuerdo. Después de cinco años, la violencia contra excombatientes sigue siendo la
mayor amenaza para su transición a la vida civil. Desde la firma del Acuerdo, 303 excombatientes (10
mujeres) han sido asesinados, diez durante el periodo del informe, entre ellos, María Muñoz,
excombatiente indígena del Cauca.
Aunque el informe resalta que los asesinatos de excombatientes han disminuido en un 27% en el último
año, señala también que hay una tendencia creciente de amenazas por parte de grupos armados ilegales
contra excombatientes que participan en iniciativas colectivas, afectando sus proyectos productivos y
cooperativas. Recientemente, el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La
Macarena, Meta, debió ser trasladado de urgencia a Caquetá, tras el aumento de las amenazas de grupos
armados ilegales. El Secretario General destaca la importancia de brindar a los y las excombatientes la
seguridad y el apoyo necesarios para que sus esfuerzos sean sostenibles, incluyendo transformaciones
más profundas contenidas en otros puntos del Acuerdo.
Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió
información sobre asesinatos de 34 defensores y defensoras de los derechos humanos (siete casos
verificados y 27 en proceso de verificación). También, se documentaron siete masacres que dejaron 29
víctimas, sumando 56 masacres y 222 víctimas en 2021. Además, La Oficina de las Naciones Unidas para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios reporta que, en 2021, aproximadamente 72.600 personas han
sido desplazadas y 65.200 confinadas forzosamente, afectando notoriamente a comunidades indígenas y
afrocolombianas.
En este sentido, el Secretario General reitera su llamado al Gobierno y a las entidades del Estado para que
no escatimen esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo. “Se requieren avances reforzados en
todos los puntos, incluidas las disposiciones pendientes sobre garantías de seguridad, y una mayor
presencia del Estado para hacer efectivo el potencial transformador del Acuerdo y permitir que las
instituciones civiles proporcionen efectivamente los tan esperados bienes y servicios en todo el país”.
El informe menciona los avances en los preparativos para la implementación del mandato de la Misión
sobre la verificación de las sanciones propias que emitirá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y destaca
que el Gobierno ha reafirmado su compromiso de brindar el apoyo y los recursos necesarios, y que está
colaborando con la JEP. Asimismo, se destacan desarrollos importantes en el marco el trabajo de la JEP,
la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, incluido el
reconocimiento de responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública acusados por crímenes de guerra y
de lesa humanidad en el Caso 03, conocido como el de “falsos positivos”.
El Secretario General destaca el emotivo encuentro que sostuvo con un grupo de víctimas en el contramonumento
“Fragmentos”, y agrega que fue un poderoso recordatorio de que las víctimas están en el
centro del proceso de paz. “Su fuerza y generosidad deben ir acompañadas del compromiso genuino de
todas las partes en el conflicto de contribuir a la verdad y reconocer sus responsabilidades”. En este
sentido, el Secretario General reconoce una vez más el trabajo del sistema de justicia transicional y
renueva su llamado a la plena cooperación y al respeto del mismo.
Además, el Secretario General destaca los esfuerzos de la sociedad civil colombiana por mantener viva la
llama de la paz. “Encomio sus esfuerzos, en especial los de las mujeres colombianas que siguen trabajando
incansablemente por la consolidación de la paz y los de las comunidades indígenas y afrocolombianas
que, aún en medio de tremendas dificultades, trabajan por la resolución pacífica de los conflictos”.
En referencia al proceso electoral del 2022, el Secretario General confía en que las y los colombianos y
dirigentes políticos del país puedan reconocer que el logro de una paz duradera no puede seguir siendo
motivo de desacuerdo. “Dado el devastador costo humano de más de cinco décadas de conflicto entre el
Estado y las antiguas FARC-EP, es una obligación moral garantizar el éxito de la paz en Colombia, que
tanto ha costado conseguir”, concluye el Secretario General.
El informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General
en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 20 de
enero de 2022.

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