CDF Segunda Marquetalia restringe y amenaza nuestra labor
Hoy viernes 30 de julio, hacia las 8:00 a.m. en la ciudad de Bogotá recibimos comunicación que confirma la prohibición del grupo armado Comandos de Frontera-Segunda Marquetalia para que nuestra Comisión de Justicia y Paz, J&P, continúe desarrollando su trabajo de apoyo socio jurídico, agroambiental, educativo, emocional restaurador (psicosocial), género, mujeres y niños en la amazonía.
Asegura la fuente que las comunidades Nasa, la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ADISPA y otros procesos campesinos están siendo informados y presionados por el grupo para que cese nuestro ingreso a los territorios, se paren todos los planes y programas de derecho y paz con justicia socioambiental, se impida la observación in situ de operaciones empresariales de diverso tipo, la entrega de información sobre violaciones de derechos humanos y territoriales, abusos y reclutamiento de mujeres y hombres con pagos de dos millones de pesos (520 US) mensuales, entre otros.
Agregó la fuente que las denuncias que realiza J&P les tienen inconformes, van en contra de sus propósitos y por estas han recibido presiones externas.
A pesar que desde marzo de 2020 estas comunidades y procesos locales con nuestro apoyo vienen promoviendo el Acuerdo Humanitario Global todos los grupos armados, incluyendo Fuerzas MIlitares, actores empresariales, y buscando salidas para habilitar escenarios de salidas jurídicas, sociales con enfoque de seguridad humana, ninguna respuesta se ha recibido ni del presidente Duque ni de este grupo irregular.
Desde 2016 en medio de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC EP hemos puesto en conocimiento de las autoridades al más alto nivel en el gobierno del expresidente Santos y en el actual del presidente Duque, los hechos, sin respuesta alguna de incumplimientos de fondo, ausencia de garantías para la población, que hoy han derivado en esta situación real, de fondo de unas trizas de la paz, un silenciamiento de la población, una destrucción de sus apuestas y proyectos de vida, de las que somos testigos, sin que ninguna medida haya sido adoptada con auténtica voluntad del Estado colombiano.
Nuevamente demandamos del Estado de Colombia brindar garantías concretas, específicas, medibles para garantizar la libre expresión, el derecho a la asociación, el derecho a la tierra, el derecho al ambiente sano, el derecho a las mujeres para ser respetadas en la construcción de la paz, y de recibir nuestro servicio humanitario en Putumayo, en particular, la ZRCPA, el pueblo Nasa, y otros sectores étnicos campesinos de la Amazonía y Caquetá.
Bogotá D. C. 30 Julio 2021
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz