Carta de 53 Congresistas a Secretaria Hillari Clinton acerca de Colombia
El presupuesto del Año Fiscal 2011 será el doceavo presupuesto anual con un importante paquete de ayuda para Colombia – un paquete de ayuda originalmente programado para ser retirado paulatinamente después de seis años. Creemos que aún existe un fuerte consenso bipartidario en lo que se refiere a la continuidad de una asistencia generosa para Colombia. También creemos que es el momento justo para hacer un balance de la situación y reconfigurar tanto la ayuda como la diplomacia con esa nación.
diciembre, 2009 Unofficial Translation
Honorable Hillary Rodham Clinton
Secretaria de Estado
Departamento de Estado de EE.UU.
2201 “C” Street NW
Washington, DC 20520
Estimada Secretaria de Estado Clinton:
El presupuesto del Año Fiscal 2011 será el doceavo presupuesto anual con un importante paquete de ayuda para Colombia – un paquete de ayuda originalmente programado para ser retirado paulatinamente después de seis años. Creemos que aún existe un fuerte consenso bipartidario en lo que se refiere a la continuidad de una asistencia generosa para Colombia. También creemos que es el momento justo para hacer un balance de la situación y reconfigurar tanto la ayuda como la diplomacia con esa nación.
Le pedimos que, a la hora de decidir el futuro de la política estadounidense hacia Colombia y el correspondiente paquete de asistencia, tenga a bien considerar algunas preocupantes tendencias que se observan en Colombia en el campo de los derechos humanos, la democracia y la situación humanitaria. La desmovilización que tuvo lugar entre 2002-2006 de grupos paramilitares generó importantes ganancias, entre ellas la reducción de las masacres. Pero grupos emergentes y paramilitares aún aterrorizan a las poblaciones, y siguen las amenazas, las intimidaciones y los asesinatos. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, “independientemente de la caracterización que pueda hacerse de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, la violencia que generan no puede ser considerada como mera criminalidad común. Los delitos que cometen, en el marco del conflicto armado, producen un alarmante nivel de violencia contra la población civil.”
Entre 2005 y 2008 hubo una escalada de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos del Ejército de Colombia, ya que los soldados asesinaban a civiles y los hacían pasar como guerrilleros muertos en combate para inflar el número de bajas. El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales señaló que si bien no es tema de política oficial del gobierno, “Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.” Nos impresiona que muchas de estas unidades fueran receptoras de asistencia militar y de defensa procedente de EE.UU. El gobierno colombiano viene tomando algunas medidas para solucionar esto, pero la justicia es lenta condenando estos abusos, ya que de los 1.056 casos asignados a la unidad especial de la Fiscalía, sólo 16 terminaron en condena hasta ahora.
A pesar de las mejoras en seguridad, la guerra sigue siendo encarnizada en el interior del país, donde en 2008 hubo 380.000 personas que huyeron de sus hogares a raíz de la violencia, es decir casi un 25 por ciento más que el año anterior. La violencia de los grupos guerrilleros, de los nuevos grupos paramilitares, del mismo Ejército, y las luchas entre estos grupos promueven el desplazamiento. Los guerrilleros, aunque debilitados, siguen siendo un importante factor de inseguridad, asesinando civiles, amenazando a funcionarios locales, colocando minas antipersonal y reclutando niños para incorporarlos a sus fuerzas. La violencia que encarnan todos los actores armados parece estar agravándose, habiendo denunciado ya los medios colombianos miles de desplazados solamente en la primera quincena de octubre de 2009. La estrategia de seguridad pública de Colombia necesita ajustes de consideración, particularmente más medidas para proteger a las poblaciones desplazadas más que utilizar recursos en costosas ofensivas, y una campaña mucho más intensa contra los “nuevos” grupos paramilitares antes de que se consoliden aún más.
También siguen siendo preocupantes las campañas permanentes y sistemáticas que se lanzan para denigrar y poner en peligro el trabajo de los defensores de los derechos humanos, definidos de manera amplia. En 2009, los medios colombianos dieron la noticia de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que es la agencia presidencial de inteligencia, había realizado tareas de vigilancia ilegal sistemática de grupos de derechos humanos (tanto colombianos como internacionales), periodistas, políticos de la oposición, jueces de la Corte Suprema de Justicia y sindicalistas. Las más altas autoridades de Colombia siguen denigrando públicamente a los defensores de los derechos humanos, comprometiendo su seguridad. Estas cuestiones fueron destacadas en el informe de septiembre de 2009 de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, al concluir su misión en Colombia. Además, un posible tercer mandato del actual presidente amenaza con erosionar el balance de poderes establecido en la Constitución entre el Poder Ejecutivo, el Judicial (la Fiscalía, la Corte Suprema y la Corte Constitucional), y con las entidades de control que son fundamentales como la Procuraduría General de la Nación y el Defensoría del Pueblo.
Estas tendencias exigen una respuesta diplomática fuerte y focalizada. Las palabras de preocupación que expresara el Presidente Obama acerca de estos hechos durante la última visita del Presidente Uribe fueron bien recibidas. Pero la decisión que tomó el Departamento de Estado el día 8 de septiembre de certificar a Colombia en el cumplimiento de las condiciones de derechos humanos previstas en las leyes fue un retroceso, ello en vista de la falta de solución al escándalo del DAS y de la lentitud con que avanzan en la justicia los casos de ejecuciones extrajudiciales. Le rogamos que se valga de todos los mecanismos posibles, incluso el de las condiciones de derechos humanos vinculadas a la cooperación militar y del tratado de comercio que está pendiente, para promover un mayor avance de la justicia en casos de ejecuciones extrajudiciales; la eliminación de toda clase de incentivos para los asesinatos extrajudiciales; reducir la violencia contra los defensores de los derechos humanos, incluidos los sindicalistas; la protección de los derechos territoriales de los pueblos afro-colombianos e indígenas; y el desmantelamiento de las redes paramilitares y sus sucesoras. El tratado que acaba de firmarse permitiendo al personal militar estadounidense usar bases colombianas no debe disminuir la voluntad del Departamento de Estado para valerse de este factor de influencia.
Le pedimos encarecidamente, Señora Secretaria, que se ponga del lado de los colombianos que están luchando con valentía para mejorar la situación de los derechos humanos y el Estado de Derecho en ese país. Sería sumamente valioso si el Departamento de Estado y la Embajada de EE.UU. en Bogotá aumentaran sus actuales demostraciones diplomáticas de apoyo a ese conjunto tan variado de fuerzas que son tan importantes para la democracia, desde jueces hasta víctimas de la violencia, desde grupos de derechos humanos y sindicalistas hasta periodistas, desde líderes de desplazados hasta las comunidades afro-colombianas e indígenas en riesgo. Los Estados Unidos de igual manera debería defender los derechos que tienen las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y también reconocer que esa defensa exige mejorar el acceso que tienen los fiscales y representantes de víctimas colombianas a los jefes paramilitares extraditados a los EE.UU.
Asimismo le pedimos que coordine con los Departamentos de Justicia y Trabajo para que el gobierno estadounidense continúe apoyando los esfuerzos de los fiscales colombianos para investigar a fondo los más de 2.700 asesinatos de trabajadores y lideres sindicales . Según un testimonio presentado ante el Congreso por la Escuela Nacional Sindical de Colombia, llevaría otros 37 años – al paso que van – a los fiscales colombianos resolver el cúmulo de casos de homicidios de sindicalistas que están pendientes de investigación. Creemos que EE.UU. debería considerar incrementar su apoyo financiero a la Fiscalía si Colombia acepta a su vez reforzar su compromiso de resolver estos asesinatos.
Estas prioridades también deben reflejarse en el pedido de presupuesto para el Año Fiscal 2011. Después de once años, es tiempo de disminuir la asistencia destinada a los militares colombianos y “colombianizar” esos programas más sistemáticamente, dentro de los presupuestos tanto del Departamento de Estado como del Departamento de Defensa. Estamos convencidos de que Estados Unidos debe continuar prestando asistencia al sistema judicial de Colombia, enfocado en el objetivo de reducir la impunidad, prestando especial atención a las ejecuciones extrajudiciales, los ataques y las amenazas dirigidas contra defensores de derechos humanos y sindicalistas , y a la violencia de grupos armados ilegales. El importante programa de derechos humanos de la USAID debería continuar. Los programas de protección a testigos y víctimas son una prioridad, al igual que los programas de apoyo a las víctimas de la violencia. Programas dirigidos a las comunidades afro-colombianas e indígenas deben ser diseñados e implementados en conjunto con representantes de las comunidades urbanas y suburbanas afro-colombianas, con los consejos comunitarios y los cabildos de los territorios en cuestión. Sería bien recibida una mayor atención y apoyo a los sobrevivientes de minas antipersonal, a la remoción de las minas antipersonal y a los niños soldados desmovilizados. La asistencia a los desplazados internos y refugiados colombianos debería ser elevada a máxima prioridad. Las crisis de desplazados internos y refugiados de Colombia son de las más grandes del mundo, y la violencia que obliga a la gente a abandonar sus hogares es un factor desestabilizante en la región y el hemisferio. Es fundamental que los programas de desarrollo y humanitarios de EE.UU. sean dirigidos claramente por civiles, más que diseñados o coordinados bajo los auspicios del Pentágono o el SOUTHCOM.
Es necesario que los programas antinarcóticos estadounidenses en Colombia sean reajustados en el presupuesto del Año Fiscal 2011. La reducción de la producción de coca ha resultado ser mucho más difícil de lo previsto en los inicios del Plan Colombia. El año pasado, cuando se intensificó la erradicación manual y se comenzó a retirar el controvertido programa de fumigación aérea, los datos de la Oficina de Control de Drogas de la ONU dejaron ver que la producción de coca en Colombia disminuyó, en particular en zonas con más erradicación manual. Para poder ver beneficios sostenidos en el tiempo, debe dejarse de invertir en fumigación aérea y pasar a invertir en programas para agricultores con erradicación gradual voluntaria combinados con programas efectivos de desarrollo rural y desarrollo alternativo comunitario, poniendo especial interés en la seguridad alimentaria. Es necesario seguir fortaleciendo los programas judiciales destinados a desmantelar las redes de traficantes e investigar el lavado de dinero.
Especialmente preocupantes son las noticias recientes que indican un aumento de la violencia y del consumo de drogas a nivel local, por ejemplo en Medellín. Sería una catástrofe humana si la obstaculización de las exportaciones de drogas a Estados Unidos tuviera como resultado un mayor consumo de drogas dentro de Colombia. Por lo tanto, es preciso que la política y asistencia de EE.UU. propicien un tratamiento efectivo contra las drogas a nivel local, el empleo juvenil y alternativas para la violencia juvenil y de las pandillas.
Recalcamos nuestro énfasis en que si EE.UU. realmente está hablando en serio cuando habla de reducir la producción y el tráfico de drogas, debe comenzar ampliando considerablemente, mejorando y financiando programas efectivos de prevención y tratamiento contra las drogas en nuestro propio país. Le pedimos enérgicamente que haga hincapié en esta prioridad nacional de seguridad y salud pública ante el Presidente Obama, el Fiscal General Holder y la Secretaria de Salud y Servicios Humanos Sebelius.
Finalmente, y lo que es de suma importancia y gravedad, es tiempo de que la política estadounidense explore seriamente las posibilidades de paz en Colombia. Nadie alberga ilusiones de que esto sea algo fácil de conseguir. Pero Estados Unidos puede jugar un papel importante instando al gobierno colombiano a considerar medidas tendientes a propiciar posibles escenarios de paz. Estas medidas incluyen acuerdos humanitarios, recibir con beneplácito más que con críticas las iniciativas responsables de paz y medidas para humanizar el conflicto provenientes de la sociedad civil y aceptar intermediación. El gobierno colombiano parece estar ahora más abierto a considerar estas iniciativas.
Sepa por favor que estamos dispuestos a trabajar con usted, Señora Secretaria, para re-encauzar la asistencia y diplomacia estadounidense con nuestro socio colombiano en nuestros objetivos comunes de largo plazo de reducir los perjuicios causados por el tráfico de drogas ilegales y defender los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia y la paz.
Atentamente,
Miembros del Congreso
cc: Robert Gates, Secretario de Defensa
Eric H. Holder, Fiscal General, Departamento de Justicia
Kathleen Sebelius, Secretaria de Salud y Servicios Humanos
Hilda L. Solís, Secretaria de Trabajo
James Braidy Steinberg, Subsecretario de Estado
Arturo Valenzuela, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental
General James L. Jones, Asesor de Seguridad Nacional
Peter Orszag, Director, Oficina de Administración y Presupuesto
R. Gil Kerlikowske, Director, Oficina de Política Nacional de Control de Drogas
Frank Mora, Asesor para América Latina, Secretaría de Defensa
Dan Restrepo, Asesor para América Latina, Consejo de Seguridad Nacional