Carta al Presidente Uribe
Nuestra Comisión de Justicia y Paz, reproduce la carta dirigida al Presidente Álvaro Uribe Vélez, elaborada en el marco del V Encuentro Internacional HACIA UN MUNDO POSIBLE, “Alternativas al Plan Puebla Panamá, ALCA, TLC”, por las organizaciones internacionales participantes.
“Cacarica, Chocó, Colombia, 10 de diciembre de 2004
Señor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República DE COLOMBIA
Reciba nuestro saludo.
Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la “Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado Excluyente” de México, El Salvador, EEUU, Brasil, Chile, Canadá, Reino Unido, España, Italia y Colombia, asistentes en el V Encuentro Internacional “Hacia un Mundo Posible”, realizado entre el 4 al 10 de diciembre de 2004, en la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza”, convocado por las familias de los Consejos Comunitarios asociados en las Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica – Chocó, y el Consejo Mayor del Jiguamiandó y las familias de Curvaradó, queremos dirigirnos a usted de manera muy respetuosa para expresarle que:
El domingo 5 de diciembre pasado a eso de la 4 de la tarde, cuando nuestras organizaciones llegamos al sitio conocido como “La Tapa”, dentro del Territorio Colectivo del Cacarica fuimos objeto de tomas fotográficas por parte de efectivos militares de la Brigada XVII, con sede en Carepa (Antioquia).
Al llegar al poblado conocido como Bocas de El Limón mientras varios de nosotros bajábamos de las embarcaciones para dirigirnos a la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza”, varios de los militares se dirigieron a algunos de nosotros con palabras groseras, mientras se reían a algunas de nuestra respuestas.
Durante los días del Encuentro Internacional, permanecieron varios de los militares cerca de la entrada de la puerta de la Zona Humanitaria, a la orilla del río donde nosotros teníamos que ir a bañarnos, insistiendo en interrogarnos sobre quiénes estábamos allí reunidos, qué estábamos haciendo y por qué estábamos allí.
El año antepasado, en el mes de noviembre como le comunicamos por escrito, muchas de nuestras organizaciones, fuimos retenidas por más de dos horas por un grupo paramilitar, que hoy un año y medio después de lo que nos sucedido, continúa actuando a menos de dos horas de las Zonas Humanitarias a pie y a menos de 25 minutos de tiempo en una embarcación del Batallón Fluvial que controla el Atrato, en el sitio conocido como La Balsa. Conocemos que varios campesinos de este lugar han sido desplazados, amenazados y sus propiedades han sido usadas por otros campesinos con el apoyo de estos paramilitares.
Nosotros hemos quedado muy preocupados por estas situaciones, en particular por la protección de los pobladores de las Zonas Humanitarias, quienes han tenido que mantener desde el 13 de mayo del año anterior esta presencia armada dentro de su Territorio Colectivo, sin que se hayan generado garantías verdaderas de protección pues las operaciones se han centrado contra ellos.
La actitud de hostilidad contra nosotros es un indicio de la actitud que se mantiene contra miembros de las comunidades, señalándolos de guerrilleros. Situación similar ha vivido el año pasado el Obispo de la Iglesia Católica, de Detroit, Thomas Gumbleton.
Nosotras y nosotros somos testigos de que son campesinos afrodescendientes y mestizos, quienes se han organizado legalmente y realizan reivindicaciones legitimas dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Los conocemos algunos desde hace 7 u 8 años.
Nos preocupa más la situación cuando el propio Defensor Comunitario de la Defensoría Nacional del Pueblo nos expresó que él mismo viene siendo testigo de estos abusos desde el año anterior, incluso al preguntarles a los militares sobre las razones de su presencia en la zona, éstos responden que obedece a un operativo de “tipo psicológico”. La anterior Defensora del Pueblo, al preguntarles el por qué no atacan la base de tipo paramilitar ubicada en “La Balsa”, los militares han contestado que “no estamos para combatir a nadie”.
No entendemos porque no se combate a los actores ilegales pero si atacan a la población civil de CAVIDA? .
Hace algo más de un año algunas de nuestras organizaciones fuimos testigas de la campaña de difamación y calumnia convocada por el entonces Comandante de las Fuerzas Militares, Jorge Mora Rangel, que en rueda de prensa del 21 de agosto de 2003 realizó serios señalamientos contra los miembros de CAVIDA y la Comisión de Justicia y Paz, además de los observadores internacionales de Brigadas Internacionales de Paz, PBI.
La rueda de prensa se pasó por las noticias, mostrando videos de los pobladores, filmados por los propios militares, diciendo que eran campos de concentración de la guerrilla. A los pocos días se conoció que existían unos procesos judiciales contra estas dos organizaciones, y uno de los falsos acusadores señalo que por ir al Cacarica éramos parte de una red internacional, asociada, por supuesto a la guerrilla.
Las actuaciones militares el año pasado generaron desplazamientos internos de familias en el Territorio Colectivo, por el acoso permanente de los militares sobre los miembros de CAVIDA, con ofrecimientos de dinero a las jóvenes para que se prostituyan, presión y uso de los menores para atacar a los mayores y vincularlos a actividades ilegales, ofrecimientos a la comunidad para que dejen su organización y cada quien se vaya a sus fincas, en algunas ocasiones, ese desarrollo en la región es sembrar palma aceitera y coca.
Pero escuchar los testimonios, y víctimas de lo que han vivido en el Jiguamiandó y en el Curvaradó solamente nos produce una profunda conmoción y sentido de solidaridad.
El sitiamiento sufrido por estas comunidades, los sucesivos desplazamientos forzosos por operaciones paramilitares, la siembra de palma en el Territorio Colectivo, y la impunidad en que se encuentran las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones que han sufrido, como en el caso del Cacarica, son una profunda preocupación de la comunidad internacional de la que somos parte, porque es la destrucción de la vida humana y de los territorios de las comunidades afrodescendientes, la destrucción de la democracia, de los principios de convivencia de la humanidad.
Señor Presidente, ¿Por qué un tipo de presencia armada de este modo? ¿Por qué un operativo psicológico contra los miembros de CAVIDA? Por qué apropiación de tierras por presión y de modo ilegal dentro de los territorio Colectivos protegido por la Constitución de su país, sus leyes y el derecho internacional. Por qué la ausencia de actuaciones efectivas contra graves agresiones contra estas comunidades? Negación pues de su derecho a la existencia.
Estas preguntas las formulamos como parte de la comunidad humana de la que formamos parte y del principio de la solidaridad de la especie humana basada en la verdad y el derecho a la justicia.
Le agradecemos si existe alguna respuesta, que se pueda hacerla llegar a la siguiente dirección: Calle 50 número 13 – 19 oficina 704, telefax: 571 – 340 44 65, Bogotá, D.C., Colombia, sede de Justicia y Paz, quiénes nos harán llegar su contestación.
Con toda consideración y respeto,
• RED DE DEFENSORES COMUNITARIOS POR LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIAPAS – México
• CONSEJO INDIGENA POPULAR DE OAXACA, RICARDO FLOREZ MAGON – CIPO – RFM – México
• ASOCIACION DE COMUNIDADES RURALES PARA EL DESARROLLO DE EL SALVADOR – CRIPDES – El Salvador
• MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA DEL BRASIL – MST – Brasil
• COMUNIDAD INDIGENA MAPUCHES JUAN PAILLALEF DEL SUR DE CHILE – Chile
• BRIDGES ACROSS BORDERS DEL ESTADO DE LA FLORIDA – EEUU
• COLOMBIA SOLIDARITY CAMPAING – Reino Unido
• PROJET ACCOMPAGNEMENT SOLIDARITÉ COLOMBIE – PASC – Canadá
• MOVIMIENTO YA BASTA – Italia
• AYUNTAMIENTO DE SANTA PAU Y ALTERNATIVA PER LA GORROTXA – Estado Español “
Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2004
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz