Buenaventura, la exclusión social en medio del mercado mundial que combina nuevas criminalidades.
Parece que sigue siendo es así, los afectados, los asesinados, son los habitantes de la exclusión, quienes con dignidad se levantan todos los días, a sobrevivir y a enfrentar en su cotidianidad la criminalidad- Ellos que se debaten entre la vida y la muerte diaria, por la violencia de la exclusión o la violencia de grupos criminales vinculados con el tráfico de drogas, que les quieren someter; las víctimas son algunos que soñaron en la paz creyereon en lo acordado entre el gobierno y las FARC, y aún sabiendo que era un pax neoliberal creyeron que esos poderosos iban a ser en algo generosos. Y en medio de esas muertes, de ese terror siguen algunos beneficiándose de esa violencia o asegurándose en su riqueza portuaria sin decir palabra alguna. Basta la militarización para decir que hay Estado, simular esa presencia como signo de seguridad, proyecta una buena imagen en que la carroña queda oculta.
Al menos 10 personas han sido asesinadas en lo que va corrido del mes de noviembre en el casco urbano de Buenaventura, una de ellas desmembrada. Algunos líderes y lideresas señalan que serían 20 personas asesinadas en los últimos dos meses
Los asesinatos han ocurrido en las comunas 3, 4, 11 y 12, algunos a plena luz del día y en medio de enfrentamientos con armas largas, entre estructuras criminales que se disputan permanentemente el poder hegemónico en la ciudad. Estas tensiones son recurrentes por las fracturas que viven las organizaciones criminales dominantes si cae un mando medio o alto.
Desde la desmovilización del entonces Bloque Calima en 2005 ha ocurrido una serie de denominaciones y dominios de los grupos criminales como los “Rastrojos”, “La Empresa”, “Los Urabeños”, “las AGC”. Este último grupo logró el control de la mayoría de los barrios del municipio hasta sus recientes fracturas internas en agosto pasado, y se pretenden fortalecer con la llamada “Fuerza Urbana del Pacífico”, FUP o “Fuerzas del Orden”-
La militarización implementada hace ya cuatro años como respuesta de Estado a la escandalosa denuncia de las Casas de Pique sigue en medio de la presencia y control criminal urbano, de manera similar a lo que ocurre en áreas rurales del Naya, el Calima, Yurumangui.
Los propósitos de control territorial urbano está vinculado a los negocios ilegales de armas, narcotráfico y contrabando que se asegura una población silenciada o vinculados algunos sectores, particularmente, juveniles, dada su exclusión social en algún tipo de actividades criminales.
El asentamiento de las AGC o Clan de Golfo denunciado por la Defensoría del Pueblo en las comunas 3 y 4 de Buenaventura con extorsiones a conductores de lanchas que salen hacia Naya, Raposo, Micay, Mallorquín y Dagua, obedece a la disputa por los lugares de salida de la droga del área rural. Se pretende enviar un mensaje a grupos criminales que no han pactado rutas o que nos las han compartido con el grupo dominante en el área rural.
A esta compleja situación se suma la desinformación. Los supuestos panfletos amenazantes y de autorías se están usando con diversos propósitos. La inexistente presencia en Buenaventura, y la atribución de hechos a ELN, son un aliciente para seguir minando las posibilidades de diálogos con este movimiento armado político en armas en La Habana.
La presión de un grupo criminal que nació como fracaso de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC EP, en los puntos de reincorporación y sustitución de cultivos, siendo responsables de la desaparición de cinco personas en el río Naya pretendiendo imposibilitar la construcción de un escenario de paz sigue viva en medio de la militarización de las fuerzas militares del río Naya, indicando la ineficacia o tolerancia institucional con el crimen. Así como sucede en el casco urbano de Buenaventura en las áreas rurales, la militarización coexiste en medio de la presencia de grupos criminales.
Y de otro lado, quiénes se autodenominan disidencia como la Columna Móvil Jaime Martínez continúa en la disputa de sus fuentes de financiación con otros grupos armados criminales herederos del paramilitarismo y del fracasado proceso de reincorporación de unidades de las FARC en Naya. Operación armada con una verbalización política, que aún es muy confusa, ambigua y que en realidad solo genera temor en la población rural y que se expande a los espacios urbanos.
La situación de Buenaventura en medio de la exclusión social estructural la expresión de las fracturas internas de las AGC o Clan del Golfo en los últimos cuatro meses, como ocurre en el Urabá antioqueño. Es además, la tensión por disputas territoriales con grupos criminales del pasado herederos del paramilitarismo que no se extinguieron a pesar del control que lograron los del Golfo, y que hoy están tratando de ganar espacio en medio de la fractura interan de los también llamados urabeños. Y en ese escenario irrumpe la disidencia de las FARC que mantiene vínculos con las áreas rurales del norte del Cauca y del Macizo colombiano en Balboa y Argelia, Micay.
Bogotá D.C, 22 de noviembre de 2018
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz