Brigada 15 protege a ocupantes de mala fe, amenazas de muerte de “Águilas Negras”, continúa destrucción ambiental empresarial, no hay restitución de la propiedad.

Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la graves actuaciones empresariales contra derecho, desconociendo las decisiones administrativas y judiciales, ocupando y destruyendo el recurso forestal primario para la conversión en pastos para la extensión ganadera en el Curvaradó y Jiguamiandó. Actuando con la intimidación y presión, con las estrategias encubiertas, para que quiénes han sido víctimas de sus turbios negocios, desistan de actuaciones en derecho o sean beneficiarios de la restitución de sus derechos. Pero no siendo suficiente la presión configuran espacios para las “Águilas Negras” como el mecanismo criminal encubierto, como un ejercicio de terror real y no simplemente de papel.


Bogotá, D.C. Diciembre 13 de 2007

Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República

Doctor
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro de Interior

Doctor
JUAN LOZANO
Ministro de Ambiente

Doctor
FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores

Doctor
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación

ProDoctor
EDGARDO MAYA VILLAZON
Curador General de la Nación

Doctor
VOLMAR PEREZ
Defensoría del Pueblo


“Dice Jesús: Y todo lo que hagan a uno de estos afrodescendientes y mestizos, conmigo lo hacen” Mateo


Ref: Brigada 15 protege a ocupantes de mala fe, amenazas de muerte de “Águilas Negras”, continúa destrucción ambiental empresarial, no hay restitución de la propiedad.

Reciban un respetuoso saludo.

Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la graves actuaciones empresariales contra derecho, desconociendo las decisiones administrativas y judiciales, ocupando y destruyendo el recurso forestal primario para la conversión en pastos para la extensión ganadera en el Curvaradó y Jiguamiandó. Actuando con la intimidación y presión, con las estrategias encubiertas, para que quiénes han sido víctimas de sus turbios negocios, desistan de actuaciones en derecho o sean beneficiarios de la restitución de sus derechos. Pero no siendo suficiente la presión configuran espacios para las “Águilas Negras” como el mecanismo criminal encubierto, como un ejercicio de terror real y no simplemente de papel.

Y ante todo lo de fondo todos callan, y solo hablan de buenos propósitos, pero nada es cierto, los afrocolombianos continúan ahí, en su sentido de esperanza dentro del Territorio en las Zonas de Biodiversidad y las Zonas Humanitarias, a la espera, tal vez de un proceso judicial en su contra o de un balazo, por haberse negado a recibir un dinero mal habido o participar en unos negocios arraigados en el crimen y en la impunidad.

Pero lo que más podría escandalizar, si es que eso aún es posible en la institucionalidad, es que estas actuaciones se hacen con conocimiento de las autoridades competentes o al lado y con el apoyo de las Fuerzas Militares, de la Brigada 15, la que probablemente aún hoy se encuentran certificadas por la comunidad internacional. Las actuaciones empresariales ocurren con la tolerancia, la complicidad y omisión institucional, incapaz de actuar frente a la extracción de la palma, sembrada ilegalmente, manchada de sangre, de destrucción de vidas humanas y daños ambientales, fruto amargo convertido en insumos de alimentos que se consumen en Colombia.

Tenemos que expresar que este escrito constata la ausencia de una voluntad política gubernamental tendiente a propiciar la restitución de la propiedad y posibilitar el uso y disfrute del territorio arrebatado a los afrocolombianos con violencia, con corrupción y con los mecanismos fraudulentos más atrevidos que se hayan conocido en la perversidad empresarial colombiana.

Ante ustedes estos hechos indicadores de una enfermedad que carcome la fibras más intimas del Estado colombiano, de la descentralización administrativa.

Ante sus despachos los hechos de los que dejamos Constancia para su conocimiento y con la nula esperanza, de que actúen ya, de modo que las “Águilas Negras” no atenten contra la vida e integridad de los amenazados de muerte, ENRIQUE PETRO o EUSTAQUIO POLO, MANUEL RAMOS o para que adopten ya las medidas necesarias para evitar la destrucción ambiental y de los sistemas biológicos y el avance de la deforestación en el Jiguamiandó y Curvaradó.


* Viernes 30 de noviembre
hacia las 10:30 p.m., dos campesinos habitantes del caserío Llano Rico, Curvaradó observaron a la altura del puente que se dirige hacia Cetino, la presencia de tres hombres armados, que no se identificaron. Los armados interrogaron por la propiedad de los campesinos y luego les dieron permiso para continuar su camino.

De acuerdo con las versiones tomadas en Llano Rico desde agosto de este año se ha conocido de la presencia de hombres vestidos de negro con armas largas, que se han identificado como “Águilas Negras”, los que tienen como función cuidar la extracción del corozo de la palma

* Sábado 1 de diciembre hacia las 8:00 a.m. en Llano Rico fue visto un integrante de las estructuras de las “Águilas Negras” vestido de camuflado con el rostro cubierto, en la propiedad del hacendado WILLIAN RAMIREZ o WILLIAM LOPEZ como también se le conoce. Este predio limita en uno de los linderos con la propiedad del campesino MANUEL NUÑEZ, quien ha sido asediado por el hacendado en diferentes ocasiones y acusado falsamente de ser colaborador de la guerrilla.

El mismo día, hacia las 11:30 p.m. un grupo de hombres ingresó hasta la propiedad del campesino MANUEL NUÑEZ, quiénes expresaron: “levántate que te necesitamos”. El campesino entonces guardó silencio y se abstuvo de salir. Minutos después el grupo se retiró del lugar, luego de desprender las cercas que instaló para limitar su propiedad de la de WILLIAN RAMIREZ o WILLIAM LOPEZ.

* Domingo 2 de diciembre hacia las 11:00 a.m., ingresaron al caserío de Llano Rico en límites con el Curvaradó, dos camionetas con un grupo de hombres entre ellos AGUSTIN MONTALVO, administrador de la finca de WILLIAM RAMIREZ, y desde el sitio montañoso de la propiedad ocupada de mala fe hicieron 3 tiros de pistola.

En horas de la tarde, se movilizaron del lugar e hicieron, nuevamente, 4 tiros de fusil cerca de la casa de una campesina.

El mismo día, en horas de la tarde, testigos constataron en la finca de WILLIAM RAMIREZ la presencia de cerca 15 hombres portando armas largas y cortas, quiénes se identificaron como “Águilas Negras”. Las “Águilas Negras” manifestaron que estaban averiguando “lo de las tierras de la palma que se las quieren quitar”, agregaron: “los patrones no quieren aceptar eso”.

Hacia las 7:00 p.m. en el municipio de Chigorodó, usurpadores y testaferros de las tierras de los campesinos de la comunidad de Caño Manso, presionaron y ofrecieron a varios pobladores de este caserío para que desistieran en sus reclamos jurídicos y persuadiéndolos para evitar su retorno. Los ocupantes de mala fe ofrecieron dos millones de pesos (U.S. 1.000) por hectárea de la propiedad para que se desistieran de la decisión de recuperar la propiedad e hicieran nuevas escrituras. Los testaferros manifestaron que era necesario resolver el conflicto y “evitar problemas”, pues los reclamos jurídicos y la presión internacional los están afectando.

* Miércoles 5 de noviembre hacia la 1:00 p.m. testaferros empresariales de la palma, ocupantes de mala fe en el Curvaradó y Jiguamiandó, abordaron en Chigorodó a 4 afrocolombianos que fueron obligados a “vender” sus predios a bajo precio exigiéndoles devolver el dinero pues ya las tierras las tenían perdidas por las Resoluciones del Incoder.

Los afrocolombianos que son desplazados de Curvaradó y Jiguamiandó fueron luego intimidados. Uno de ellos fue desalojado de la vivienda ubicada en un barrio marginal de estrato 1. El inmueble fue entregado por personas asignadas por los empresarios de la palma.

En estas mismas circunstancias se conoció que empresarios de la palma se encuentran motivando a los pobladores que se encuentran en situación de desplazamiento para reclamar sus derechos saboteando las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

* Jueves 6 de noviembre en horas de la mañana se conoció que en Santa María, a la orilla de la carretera que conduce a Riosucio, al frente de la tienda de abarrotes de Asociación de Pequeños Agricultores de Belén de Bajirá, ASOPROBEBA, el llamado “Secretario”, administrador de las haciendas Villa Alejandra I, manifestó al ver pasar al campesino MANUEL RAMOS, “a ese H.P hay que matarlo, pero no por aquí ni en Belén de Bajirá sino cuando este por fuera”.

MANUEL RAMOS es otra de las víctimas es otros de los campesinos a quienes le apropiaron parte de su finca, luego del desplazamientos forzado. MANUEL regresó desde inicios del 2007 a desarrollar actividades agrícolas en el lugar y fue testigo del atentado que sufrieron el 17 de septiembre los hermanos MIGUEL y WALBERTO HOYOS en Belén de Bajirá.

A las 5:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo conocimiento de una carta enviada por el empresario JAIME SIERRA al Ministro de agricultura ANDRES FELIPE ARIAS, fechada el 27 de septiembre de 2007. En la misiva se hacen graves acusaciones contra la representante legal del consejo comunitario del Curvaradó, MARIA LIGIA CHAVERRA, contra voluntarios internacionales, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP y nuestra Comisión de Justicia y Paz.

En los apartes de la misiva se dice:

“Usted y no el gobierno nacional aceptando la Representación Legal de una miliciana como -María Ligia Chaverra en el Consejo Comunitario del Curvaradó, tendrán la responsabilidad ante el país del despeje de esta zona a las FARC. Esta Señora ha utilizado 3 cédulas de ciudadanía en diferentes oportunidades, las cuales son:
• 26.378.629 de Rio sucio.
• 30.009.305 de ?
• 9.079.735 de Mutatá.

¿Cómo alguien impuesto soterradamente por algunos ONG’S adeptas a las FARC puede representar a las Comunidades Afrodescendientes desplazadas por los grupos armados? -Solamente los bandidos utilizan falsas identificaciones-.
Escuche a los verdaderos dueños de las tierras si de verdad le están haciendo un acompañamiento a los Afrodescendientes y a los que fueron desplazados. La fiscalía, el DAS y las autoridades tienen toda la información de esta señora.

Sr. Ministro, las FARC dominan San José de Apartado, ahora usted les acaba de entregar 51.870 Hts. + 9.236 m2, según la resolución 2159 de agosto 24 de 2007 del Consejo Comunitario del Jiguamiandó; después les despejará el consejo de María Ligia Chaverra en el Curvaradó. Está en proceso la zona humanitaria de Blanquicet, ya en zona ganadera y coordinada por Juan Díaz (miliciano de las FARC) para proseguir con la zona humanitaria de Bella Rosa a orillas del Tumaradocito, protegido por las ONG’S; Y el corredor les quedará completo. Es el principio del fin para Urabá, el Pacífico Colombiano y sus 6.OOO.OOO de Hts de la Ley 70”.

“(…) Con la camiseta de “NO AL DESPEJE EN PRADERA Y FLORIDA”, todos los Colombianos estamos dispuestos a acompañarlo, pero a lo que no estaremos dispuestos y lo denunciaremos en toda la patria es al JUEGO DEL DESPEJE en el Atrato, el patio trasero de la estrategia de las FARC.
Por Dios, escuche a los ciudadanos que queremos una Colombia mejor y libre de territorios despejados con engaños.

Antioquia y sus gremios vemos con gran preocupación el desenlace, no solamente de 4.000 hectáreas de palma, sino 6’OOO.OOO del Pacífico Colombiano conquistadas con fines oscuros sin un solo tiro por la Ley 70 y los muy “cacareados” consejos comunitarios impuestos bajo la ley del fusil por los subversivos y solapadamente defendidos por Justicia y Paz, El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, -El CINEP y ÓNG’S de izquierda, vulgares Europeos que no han hecho sino enlodar la imagen del país-.

Si las tierras le fueron usurpadas a las Comunidades Afrodescendientes, escuche a los verdaderos desplazados que son más de 10.000 diasporados en Urabá y el resto de Colombia.

Señor Ministro, se debe realizar un censo con todas las personas desplazadas del Chocó en el Urabá, los que verdaderamente son dueños de las tierras y revisar la composición actual de los representantes de las comunidades en los consejos comunitarios, y de las personas, que en este momento ocupan el territorio, pues la mayoría fueron traídas de otras partes como María La Baja y las milicias de las FARC y sus aliados ONG’S Europeas.
Su compatriota,
GABRIEL JAIME SIERRA MORENO Representante Legal Palmas del Curvaradó S.A”.

* Domingo 9 de noviembre hacia las 8:05 a.m. campesinos de la comunidad de Caño Manso informaron al teniente FRANKLIN VALAGUERA, adscrito a la Brigada 15, que cortarían un árbol que se encontraba cerca de lugar de albergue para la construcción de sus viviendas. El militar les manifestó “corten ese árbol, pero no mochen más”. Cuándo los campesinos estaban desarrollando el trabajo, uno de los administradores de la propiedad ocupada de mala fe, JOSE LUIS LUNA, preguntó “¡¿quién les dio permiso de cortar ese árbo?l”. Los campesinos, preguntaron a su vez: ¿a quién debemos pedir permiso?, si esto es parte del territorio Colectivo del que se apropiaron ilegalmente. El administrador respondió a mi me deben pedir permiso. Los campesinos reiteraron que esas tierras les pertenecían, que formaban parte del título colectivo del Curvaradó y que no tenían por qué pedir permiso para hacer uso doméstico de lo que les pertenece como contempla la Ley 70 de comunidades negras.

En el momento se acercó el teniente VALAGUERA quién manifestó a los campesinos que no deberían seguir trabajando hasta no habar con MOLINA, el otro administrador de la propiedad mal habida. El militar agregó: “si el está allí, ustedes van a tener problemas”. La comunidad expresó que si se trataba de una advertencia o amenaza, a lo que el oficial respondió: “no, para ustedes todo es amenaza, amenaza es cuando alguien apunta con una arma”.
El militar procedió a preguntar los nombres de los campesinos, a tomarles fotografías. Los habitantes legítimos de Caño Manso objetaron la toma de fotografías, y el militar les respondió: “yo soy fotógrafo y les tomó fotografías para tener pruebas de que lo tumbaron”.

* Lunes 10 de diciembre hacia las 10:00 a.m. los campesinos del Territorio Colectivo de Curvaradó en Caño Manso, entre ellos, DAGOBERTO ARROYO estaban en la delimitación de la propiedad que ha habitado ancestralmente, ubicada a una hora del lugar de habitación provisional de las 40 personas que retornaron en agosto pasado, cuando fueron abordados por JOSE LUIS LUNA, uno de los administradores de los ocupantes de mala fe.
JOSE LUIS les manifestó que deberían dejar de hacer la delimitación. Los campesinos le manifestaron que la propiedad nunca ha sido objeto de venta alguna y es propiedad de ellos. El administrador expresó: “no hagan nada más, estas tierras son del “Tio”, a quien se le conoce, también como el CORONEL MOLANO. Y agregó: “estoy berraco por el corte del árbol de ayer, eso es pasar sobre la cabeza de los administradores”.
Dicho esto, se retiró del lugar.

* Miércoles 12 de diciembre a las 9:00 a.m. en límites entre Caño Claro Andalucía en el Curvaradó y Nueva Esperanza en el Jiguamiandó, pobladores de las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad constataron con sorpresa que en la mejora del título colectivo del Curvaradó perteneciente al campesino, ya fallecido ALFONSO IBAÑEZ contigua a la del campesino ANDRES BABILONIA, empresarios de la palma y de la ganadería extensiva iniciaron la deforestación mecanizada y la limpieza de rastrojo.

El objetivo de acuerdo con los trabajadores de las empresas palmeras es: “preparar 50 hectáreas para convertirlas en potreros para ganado” Los trabajadores anunciaron que vendrán más trabajadores por que todo hay que hacerlo muy rápido, algunos de ellos indicaron que recibían un pago de 15 mil pesos, pero que vendrían refuerzos.

Los trabajos en predios de los habitantes afrocolombianos del Territorio Colectivo del Curvaradó y Jiguamiandó se iniciaron desde el lunes 10 de diciembre y han avanzado en un área aproximada de 3 hectáreas desde el final de la carretera y de las actuales siembras de palma con la que se ha destruido ambientalmente la Zona de Reserva Forestal, cerca de los establos del hacendado y palmicultor GABRIEL JAIME SIERRA hasta los límites de la cuenca del Jiguamiandó en dirección del río Sapayal.

En el lugar se encuentran permanentemente, efectivos de la Brigada 15 del Ejército que custodian los establos empresariales y las plantaciones de palma aceitera.

Nuestra Constancia Histórica ante cada uno de los hechos que refleja la capacidad de presión empresarial a fin de continuar su negocio de la palma y la extensión ganadera, sin ningún reato de conciencia, al ser beneficiarios o copartícipes de operaciones paramilitares u operar ilegalmente. Ante la persecución a quiénes han sido víctimas de sus negocios y de las estrategias criminales en que combinan la amenaza de muerte, con la presión a arreglar en contravención de todas las disposiciones legales. Pero también sus actuaciones pretenden aleccionar a quiénes han sido las víctimas de sus turbias actuaciones para que se niegue así misma a expresar la verdad, a propiciar su retorno con dignidad.

Nuestra Censura Ética ante los signos evidentes de negación de la existencia del Estado Social de Derecho, del desconocimiento de la Observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT y de las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada de esto sucedería si fuera real la actuación del ejecutivo como expresión de Estado de Derecho, o si los organismos de control y de investigación actuarán eficazmente en la sanción de los responsables. Para los sectores empresariales, el Estado de Derecho es el Estado de Hecho. Su capacidad de influencia en el ejercicio del poder público carcome la institucionalidad local, regional y nacional, la hace inactiva o tolerante o silenciosa. Su poder logra definir el papel de las fuerzas militares al servicio de la ilegalidad. Su poder de influencia pretende a través de falsos señalamientos deslegitimar el derecho de los afrocolombianos sobre el territorio acusándolos de ser de las guerrillas de las FARC EP, cualquier acción en derecho de los campesinos, de los afrocolombianos y de los indígenas es comprendida como una acción guerrillera, su mentalidad se alienta en los vetustos e inhumanos manuales de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Pero todo resulta siendo más grave cuando la impunidad para ser el camino que legitima la criminalidad. La investigación adelantada por desplazamiento forzoso, concierto para delinquir, crímenes ambientales, luego de centenares de pruebas se encuentra en etapa preeliminar, en un absurdo, que posibilita a los empresarios y los beneficiarios de las operaciones de la Brigada 17 y la estrategia paramilitar, seguir delinquiendo y burlándose de las víctimas, afrocolombianos quiénes para ellos no tiene derechos. Y que no decir de la inacción de la Procuraduría en las investigaciones que nunca se han adelantado con la prontitud y eficacia requerida. Llenos de aperturas de investigación todo es parte de un monumento al olvido.

Es claro que para los afrocolombianos los derechos territoriales, los derechos consagrados en las Constitución son solo una formalidad. La realidad es exclusión, es destrucción de su identidad socio cultural, es imposición de un modelo de desarrollo en los que se niega su ser de afrocolombianos, su ancestralidad, su modo de ocupación y habitación del Territorio.

Ese rostro visible del Estado a través de la Brigada 15, solo muestra la erosión del Estado de Derecho, y constata la parcialidad institucionalidad que solo protege los bienes mal habidos por parte de estructuras criminales paramilitares y de traficantes de drogas o que es incapaz de enfrentar las operaciones de las estructuras criminales de las “Águilas Negras” o que es incapaz bajo el supuesto de la imparcialidad y del respeto a la independencia de los poderes a posibilitar la restitución de la propiedad.

Ante ustedes nuestra Constancia y Censura Ética a fin de que eviten daños irreparables a la vida e integridad personal de ENRIQUE PETRO, EUSTAQUIO POLO, WALBERTO HOYOS, MIGUEL HOYOS, MANUEL RAMOS o cualquiera de los integrantes del Consejo Comunitario del Curvaradó o Jiguamiandó; ante ustedes nuestra solicitud de intervención inmediata sobre las empresas palmeras por sus actuaciones contra derecho y ante el eventual lavado de activos en la “Extractora Bajirá S.A. una actuación inmediata frente a la deforestación que está ocurriendo en el Curvaradó en limites con el Jiguamiandó.
De ustedes depende que ningún nuevo crimen se repita, que ningún daño ambiental vuelva a repetirse, de que sea posible la restitución de la propiedad colectiva e individual en el Curvaradó, de ustedes, solo de ustedes, si actúan en derecho y en ejercicio de su autoridad solo depende.

Con profunda preocupación,

COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ