Asesinato, amenazas y nuevas actuaciones paramilitares
Asesinado afrodescendiente por paramilitares, persisten agresiones de ocupantes de mala fe, hostigamiento armado a Enrique Petro, nuevas actuaciones paramilitares para asegurar impunidad en sus operaciones en el tráfico de drogas y de militares en crímenes de lesa humanidad
Bogotá, D.C., diciembre 20 de 2011
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: Asesinado afrodescendiente por paramilitares, persisten agresiones de ocupantes de mala fe, hostigamiento armado a Enrique Petro, nuevas actuaciones paramilitares para asegurar impunidad en sus operaciones en el tráfico de drogas y de militares en crímenes de lesa humanidad
“Las palabras del malvado son maldad y traición, renuncia a ser sensato y a obrar bien, privado de la libertad medita el crimen” Relectura Salmo 35
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de operaciones de tipo paramilitar con el asesinato del afrodescendientes ESNEIDER TORRES, el desarrollo de nuevos mecanismos para mantener el incentivo, siembra y transformación de la hoja de coca en cocaína en medio del control y de la militarización territorial que adelanta la brigada 17 y la policía de Urabá.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la ausencia de mecanismos eficaces que permitan la protección de los derechos sobre los predios de los afrocolombianos ante la persistencia de ocupaciones de mala fe en Camelias, Caracolí, Andalucía y el mantenimiento ilegal de siembras de coca, de palma, de banano y la extensión ganadera.
La ausencia de mecanismos eficaces de protección se refleja en las actuaciones de hombres armados en la búsqueda del reconocido líder ENRIQUE PETRO y la ausencia de medidas eficaces para brindar respuestas y garantías a la vida e integridad del líder RAÚL PALACIO SALAS.
Ante ustedes nuestra fundamentación fáctica que continúa reflejando la situación de riesgo por la que atraviesan los afrocolombianos de Curbaradó y Jiguamiandó, mientras se continúa avanzando en el levantamiento de un censo con graves preocupaciones por el aumento desproporcionando de los habitantes que dicen reclamar tierras, el desconocimiento de que muchos de ellos no desean regresar y por tanto están en situación de reubicación y el reconocimiento de consejos comunitarios a habitantes en el casco urbano de Carmen del Darién sin que habiten en predios rurales.
* Miércoles 16 de noviembre a las 6:15 a.m. 20 integrantes del consejo comunitario de Camelias, Curvaradó, acompañados de observadores internacionales y nacionales de derechos humanos fueron hostigados por un grupo de ocupantes de mala fe (invasores) cuando se dirigían hacia el caserío de Llano Rico.
Los ocupantes de mala fe rodearon a los caminantes, los insultaron, y profirieron amenazas obligando a los integrantes del consejo comunitario a buscar refugio en la Zona Humanitaria de Camelias. Los invasores les siguieron hasta el lugar humanitario, lo rodearon y empezaron a lanzar piedras y palos a las viviendas de los integrantes del consejo comunitario y de los acompañantes nacionales e internacionales. Igualmente, derribaron una de las vallas de identificación del lugar, destruyeron parte de la cerca viva que rodea el lugar.
Segundos después, un grupo de aproximadamente 30 invasores ingresó, saltando por la puerta, al lugar humanitario, portando machetes y piedras.
Luego de 20 minutos que los invasores permanecieron arbitrariamente dentro de la Zona Humanitaria, estos se retiraron del lugar.
Desde el comienzo de las acciones contra los afrocolombianos el gobierno nacional fue informado. Solamente 30 minutos después se hizo presente la fuerza pública perimetralmente en el espacio humanitario.
Desde hace un año a pesar de dos intentos de desalojo los predios comunitarios de Camelias, en particular las Zona de Biodiversidad “Isaac Tuberquia” permanece ocupada de mala fe por personas que fueron fomentadas y organizadas para estas actuaciones por paramilitares y la Comercializadora Internacional Banacol, como lo han sostenido varios de los invasores.
*Viernes 18 de noviembre hacia las 8:00 a.m. cuatro hombres armados y vestidos de civil ingresaron al lugar de habitación de ENRIQUE PETRO, integrante del consejo comunitario de Andalucía.
Los hombres manifestaron que buscaban a PETRO porque “él es el hombre que está denunciando los cultivos de coca y nos está complicando la vida”.
En el momento ENRIQUE PETRO, no se encontraba en el lugar.
Los hombres llegaron al lugar por el río Caño Claro
*Sábado 10 de diciembre hacia las 5: 30 p.m. integrantes del consejo menor de Caracolí, Curbaradó, observadores nacionales e internacionales de derechos humanos, constataron la destrucción de la alambrada que separa los predios colectivos de los predios individuales de la empresa ganadera La Tukeka, propiedad de la familia ARGOTE. Los responsables de esta acción contra la propiedad comunitaria fueron los mismos trabajadores de los empresarios, a cargo del administrador, JOSÉ BUITRAGO.
Cómo se sabe a través del auto 222 de la Corte Constitucional ordenó proteger la propiedad del consejo comunitario de Caracolí ante las ocupaciones de mala fe de empresarios. A pesar de la delimitación que se terminó semanas atrás, los hostigamientos y abusos empresariales continúan. La destrucción de la alambrada pretende abrir campo al ganado y destruir las siembras de pan coger de las familias que habitan en la Zona Humanitaria.
*Domingo 18 de diciembre hacia la 1:30 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo confirmación del asesinato por parte de paramilitares de ESNEIDER TORRES, en hechos ocurridos el 10 de diciembre anterior
El afrocolombiano ESNEIDER, de 35 años de edad, se dirigía de Belén de Bajirá hacia Brisas, el sábado 10 de diciembre cuando fue retenido por paramilitares en el punto conocido como La Balastrera. Los armados lo obligaron a descender del vehículo para luego asesinarlo.
El levantamiento del cuerpo de ESNEIDER lo realizó el inspector de policía de Belén de Bajirá. El cuerpo sin vida del afrodescendiente fue trasladado hasta el municipio de Murindó.
Entre finales de 2009 y comienzos de 2010 ESNEIDER trabajó como promotor de salud vinculado con la organización Médicos del Mundo Francia. Su papel humanitario lo ejerció en la cuenca del Jiguamiandó donde adelantó actividades de prevención y formación en salud.
*Jueves 15 de diciembre hacia las 4:20 p.m. cinco niños integrantes del consejo comunitario de Camelias, Curbaradó, que se encontraban recolectando leña en la Zona de Biodiversidad “Isaac Tuberquia” fueron abordados por diez adultos del grupo de ocupantes de mala fe. Los adultos persiguieron con machetes y con agresiones verbales a los niños que se refugiaron en la Zona Humanitaria Camelias El Tesoro, donde habitan. Entra otras expresiones los invasores les manifestaron: “dejen de correr miedosos, está tierra no es de ustedes”,“no corran hijueputas no corran es que nos tienen miedo”.
De siembras de coca la gente no dice nada…dicen que hay mucho ejercito en las dos cuencas, que “esta calmada la cosa”.
*Lunes 19 de diciembre a las 8:00 a.m. por la Zona Humanitaria de Andalucía se observó el ingresó de un Jeep Uaz con comida. Estos bienes eran llevados hacia los límites de Jiguamiandó en Santa Rosa de El Limón, Vigía de Curbaradó, en donde se encuentran las siembras y los laboratorios de cocaína.
*Jueves 22 de diciembre a las 5:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada que los paramilitares desde hace ocho semanas decidieron cambiar los mecanismos de ingreso de gasolina para el procesamiento de cocaína en moto taxis y motocicletas.
De acuerdo con uno de los testigos, las moto taxistas y motos particulares fueron seleccionadas por los paramilitares en Mutatá y Belén de Bajirá y deben ingresar entre 5 y 10 galones por viaje. Manifestaron que debido a las denuncias y la presión internacional sectores de la policía y militares, les exigieron buscar otro método para el ingreso de los insumos y la salida de la cocaína.
Agregaron que iban a desarrollar una nueva campaña de desprestigio contra los afrocolombianos de las Zonas Humanitarias y los acompañantes de la Comisión de Justicia y Paz, haciéndolos ver como guerrilleros. Alguno de los paramilitares manifestó una de las fuentes que se iban a levantar informes y versiones para hacer ver que el problema de la droga es un acuerdo entre la guerrilla y los paramilitares y la población, evitando que eventuales investigaciones ubiquen la responsabilidad de agentes con poder de la fuerza pública.
Acerca de los montajes judiciales se indicó por uno de los testigos, que sectores de poder económico regional y nacional estaban en una “apuesta dura” para lograr que a personas de la Comisión de Justicia y Paz, las arresten. Hay que incentivar pagos y mecanismos más creíbles para que sea posible lograr, al lado del desprestigio, que unos de ellos vayan a la cárcel por lo menos unos días o meses, entre más tiempo mejor. “No importa que sean inocentes, y para eso urge lograr un encierro así sea por equivocación”.
Precisó uno de ellos que en las conversaciones estos mismos sectores están atentos a los avances de los procesos penales contra los empresarios y las acciones internacionales sobre las cuales están actuando “en la defensa técnica con diversos medios” y lograr la libertad de algunas personas, pues temen que sí siguen en la cárcel puedan hablar. Precisó que se trata también de evitar que militares se vean implicados y que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana vayan a tomar una decisión en contra del Estado colombiano
Algunos sectores empresariales han manifestado sus preocupaciones por la situación del general ® RITO ALEJO DEL RÍO, indicó uno de los testigos. Expresó que algunos de ellos creen que al general le han dado la espalda y este se siente traicionado por sectores militares, políticos y económicos a pesar de los privilegios que tiene en su centro de reclusión castrense. Aseguró que muchos tienen la certeza que él no va a delatar a nadie y va a negarse a revelar nombres de corresponsables de violaciones de derechos humanos y sus beneficiarios en la región del bajo Atrato y el urabá Antioqueño. Algunos temen, sin embargo, que las revelaciones de mandos paramilitares que se encuentran en los Estados Unidos, puedan ratificar las actuaciones ilegales de este general y de otros actores políticos y económicos en operaciones que datan desde febrero, mayo y septiembre de 1996. “Todo el mundo
sabe, que él no operó solo e hizo un plan por el amor a la patria y el desarrollo del país”.
Reiteraron que si su sentencia es desfavorable y no se vea factible su libertad como responsable del asesinato de Marino López, en desarrollo de la operación “Génesis” y se abran nuevas causas en su contra algunos otros mandos militares o empresarios, temen que estos puedan perder visa a Estados Unidos.
Agregó una de las fuentes que por estas razones es importante para estos sectores apoyar las estrategias de difamación y de montajes judiciales contra la Comisión de Justicia y Paz, de modo que se pueda neutralizar su labor y se le haga perder respaldo.
Nuestra Censura Ética ante el asesinato del afrocolombiano ESNEIDER, crimen que se hubiera evitado si efectivamente los paramilitares hubieran sido perseguidos y desestructurados por la brigada 17 y la policía de Urabá. Sin embargo, el acostumbramiento y la tolerancia, la complicidad y en ocasiones la unidad de acción con estas lógicas y estructuras criminales de las estructuras estatales es inocultable.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de mecanismos eficaces de protección para la vida e integridad de ENRIQUE PETRO y de RAÚL SALAS y 37 líderes y lideresas más de las comunidades negras de los consejos comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en Curbaradó y Jiguamiandó. El caso de RAÚL refleja que no existen mecanismos eficaces de respuesta a las exigencias mínimas materiales de protección preventiva, y el desconocimiento de las especificidades propias de comunidades rurales. RAÚL ha regresado al territorio colectivo a pesar de que se conoce su alto nivel de riesgo al dar a conocer las operaciones paramilitares en contra de las comunidades y la filtración de una grabación en video de una reunión sostenida el 4 de noviembre en la ciudad de Bogotá entre el alto gobierno y delegados de los consejos comunitarios.
Si algo sucede a estos 37 líderes, entre ellos PETRO y SALAS, el gobierno es responsable bajo el tipo penal en el derecho internacional de Comisión por omisión.
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de las agresiones contra niños e integrantes de los consejos comunitarios de Camelias y de Caracolí empresarios beneficiarios del paramilitarismo que han usado como mecanismo la difamación, la intimidación, la amenaza para asegurar el uso de la propiedad de la tierra en sus
agronegocios, incluyendo, la cocaína, actuaciones que reflejan la ausencia de un plan estructural de protección y de enfrentamiento cierto del paramilitarismo o de grupos armados privados de los empresarios.
Nuestra Censura Ética ante la perversa decisión de modificar las técnicas de definición del uso de la tierra de comunidades negras para la siembra de coca y el procesamiento de cocaína, que sigue develando los altos niveles de corrupción que este genera en niveles institucionales y sin que se generen mayores compromisos y actuaciones ciertas para la protección de los derechos de las comunidades negras.
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de un plan de desprestigio y de montajes judiciales contra las y los integrantes de los consejos comunitarios, sus líderes y lideresas, y nuestra Comisión de Justicia y Paz a fin de asegurar una entrega de predios a fin a los intereses de los empresarios beneficiarios del paramilitarismo y asegurar la impunidad de sectores políticos, militares y empresariales responsables del despojo de predios en Curbaradó y Jiguamiandó.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos se brinde respuesta fáctica y formal a estas preguntas
1. ¿Qué fiscalía, qué radicado y bajo que hipótesis se inició investigación por el asesinato de ESNAIDER?
2. ¿Qué medidas eficaces materiales y de control perimetral se han desarrollado para proteger la vida e integridad de ENRIQUE PETRO entre octubre y diciembre de 2011? ¿Por qué medidas materiales exigidas no se han implementado?
3. Qué medidas eficaces materiales y de protección política se brindaron a RAÚL SALAS y su familia en su situación de riesgo por las actuaciones paramilitares desde el 4 de noviembre hasta la fecha de esta Constancia?
4. Ante la responsabilidad que se deriva de su riesgo y la alta eventualidad de un daño irreparable a su vida e integridad por las operaciones paramilitares y la ausencia de respuesta del gobierno, ¿qué responsabilidades por omisión se van a derivar de control interno y de tipo disciplinario?
5. Ante las amenazas y riesgos de 37 líderes y lideresas de las comunidades negras de Curbaradó y Jiguamiandó, listado que se encuentra en poder del gobierno nacional, ¿qué medidas específicas a cada una de estas personas se ha brindado? Se requiere precisión de respuesta material, de tipo de medida adoptada.
6. Ante la continuidad de operaciones ilegales de ingreso de gasolina para el procesamiento de cocaína, a través de motos en el caserío de Andalucía Caño Claro, ¿qué directivas sobre la fuerza pública se va a realizar? ¿Qué actuaciones sobre agentes estatales que han abdicado de su deber de protección y de ejercicio de control?
7. Ante el conocimiento de la continuidad de una campaña de desprestigio, de difamaciones y de montajes judiciales, ¿qué actuaciones van a realizar a fin de asegurar el respeto pleno a los derechos de los afrocolombianos y los acompañantes de la Comisión de Justicia y Paz?
Con profunda indignación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz