Ante las graves violaciones a los Derechos Humanos en Colombia reclamamos el pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y exigimos el cese inmediato de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado de la nación andina

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA

 

1. Luego de nueve días de protestas a nivel nacional en Colombia, los registros sobre violaciones a los Derechos Humanos[1] hasta el 7 de mayo dan cuenta de:

-37 personas fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública [2]
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-La Plataforma Grita ha registrado, desde el 28 de abril, 1.728 casos de violencia policial y 234 víctimas de torturas y violencia física durante las manifestaciones

-381 personas heridas por el accionar de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD: 31 sufrieron lesiones oculares; 24 fueron heridas por arma de fuego; 58 personas defensoras de Derechos Humanos fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.

-15 personas fueron víctimas de violencia y tortura sexual perpetrada por el ESMAD.

-1.180 personas han sido detenidas, gran parte de ellas en procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

-8 allanamientos realizados, fueron declarados ilegales, incluyendo las detenciones realizadas durante los mismos.

-569 denuncias por abusos, agresiones y violencia policial.

2. Las organizaciones de defensa de los DDHH en Colombia informan que las agresiones han sido cometidas por la fuerza pública, específicamente la Policía Nacional que de forma generalizada y sistemática ha violado los derechos humanos de la población en las jornadas del Paro Nacional, realizado entre los días 28 de abril y el 7 de mayo [3]
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3. Las fuerzas del orden desconocen y violan abiertamente todos los protocolos, normas y estándares internacionales que regulan la protesta social en las sociedades democráticas. Se ha hecho evidente que las agresiones son mecanismos para infundir terror en la población, eludiendo el respeto y violentando el derecho fundamental y legítimo a la protesta social de parte de la ciudadanía, a la que se supone que las fuerzas que resguardan el orden público, deben proteger.

4. Las instituciones gubernamentales, la Policía Nacional, el ESMAD y el Ejército Nacional de Colombia han utilizado sus armas y procedimientos de guerra en contra de la población civil desarmada, ingresando a los barrios, lanzando aturdidoras, gases lacrimógenos y disparando indiscriminadamente, provocando lesiones y muerte.

5. Por eso desde Chile la Comisión Ética contra la Tortura se une a las exigencias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de Colombia para que cese la represión y junto a ellas exigimos:

– Que el gobierno nacional y los gobiernos locales brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población, para esta pueda ejercer su derecho fundamental a la protesta social.

– Que el gobierno nacional y los gobiernos locales entreguen información completa y oportuna de las personas heridas y detenidas en el marco de las movilizaciones para que se les brinde atención médica, jurídica y psicosocial urgente.

– Que el gobierno nacional y la administración de justicia detenga la estigmatización y criminalización de la protesta social, que cesen los procesos judiciales arbitrarios, “falsos positivos judiciales”, montajes policiales y detenciones injustificadas.

– Que el gobierno nacional y los organismos judiciales brinden las garantías de justicia para las víctimas y de no impunidad a los crímenes del Estado que dejan estas jornadas de protesta, toda vez que resulta inútil negar estas violaciones a los Derechos Humanos ejercidas por policías y militares.

– Que el gobierno nacional y el Parlamento atiendan las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de reforma tributaria dado que estos no comprenden el conjunto demandas sociales ineludibles y que el pueblo exige para enfrentar el empobrecimiento económico y la crisis sanitaria [4]
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– Que Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional, NO usen armas de fuego ni desplieguen tácticas de guerra para acallar la protesta social y, por el contrario, respeten los protocolos de intervención y acción que colocan en primer orden el respeto de la vida e integridad física y psíquica de quienes se manifiestan y de quienes realizan labores de defensa de los derechos humanos garantizándoles el pleno desarrollo de sus funciones que urgen en el contexto actual.

6. Desde Chile también como Comisión Ética Contra la Tortura exigimos un pronunciamiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: se requiere una intervención rápida y efectiva de ese organismo en Colombia para detener la masacre. La labor de las instituciones multilaterales de derechos humanos es crucial para cualquier sociedad víctima de delitos de lesa humanidad perpetrados por gobiernos. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar con urgencia y sin interferencias en las crisis humanitarias como la que está viviendo hoy el pueblo colombiano y que aún sigue viviendo el pueblo chileno. De lo contrario, estos organismos perderán toda su credibilidad y legitimidad.

 

Comisión Ética Contra la Tortura – Chile SANTIAGO DE CHILE 7 DE MAYO DE 2021

CECT Colombia

[1] https://twitter.com/TembloresOng/status/1390772666152402945/photo/1
[2] https://www.temblores.org/denuncia
[3] https://defenderlalibertad.com/
[4] Plataforma del Paro Nacional en Colombia: 1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación. 2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual. 3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. 4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa. 5. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica. 6. No privatizaciones y derogatoria del Decreto 1174. 7. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. El Comité Nacional de Paro los conforman entre otros Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Martha Alfonso, segunda vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y Jennifer Pedraza, de la Asociación Colombiana de RepresentantesEstudiantiles de la Educación Superior (Acrees).