Amenazas paramilitares contra una comunidad de paz

Los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el norte de Colombia, han recibido amenazas de muerte de paramilitares. Las fuerzas armadas colombianas han reconocido la presencia de los paramilitares, pero no han protegido a la población civil.


El 28 de junio, 50 paramilitares que empuñaban armas de uso restringido para las fuerzas armadas siguieron a dos miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz cuando se dirigían hacia el poblado vecino de El Porvenir, en el departamento de Antioquia. Los paramilitares, que dijeron pertenecer a las Fuerzas Gaitanistas de Colombia (AGC), amenazaron con matar al campesino Fabio Graciano. Este campesino también había sido amenazado de muerte el 20 de junio, cuando los paramilitares ocuparon la granja de su familia en El Porvenir, junto a la Comunidad de Paz. Su hermano, Oscar Mario Graciano, fue amenazado de muerte el 11 de mayo.

El 28 de junio, un paramilitar se quedó cerca de la casa de una familia campesina en el poblado de La Esperanza, que forma parte de la Comunidad de Paz, diciendo que se había “extraviado”. Cuando le dijeron que debía preguntar a las fuerzas armadas, que estaban a 15 minutos de distancia, dijo que no tenía permiso para dirigirse a los que le daban empleo. El día anterior, un miembro del Batallón Vélez, de la Brigada XVII, algunos de cuyos integrantes estuvieron aparentemente implicado en la masacre de ocho miembros de la Comunidad de Paz perpetrada el 21 de febrero de 2005, reconoció que varios poblados de la Comunidad de Paz estaban bajo el control del grupo paramilitar Fuerzas Gaitanistas de Colombia, mientras que otros estaban controlados por fuerzas de guerrilla. En los últimos meses, se ha visto repetidamente a paramilitares y miembros de las fuerzas armadas en la zona. El 18 de junio, la Comunidad de Paz calculaba que había unos 400 paramilitares entre los poblados de El Porvenir y La Esperanza, 100 de ellos en las tierras de la Comunidad de Paz.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se compone de personas que viven en una serie de pueblos y poblados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, que defienden su derecho a no verse arrastradas al conflicto armado de Colombia y que se niegan a aliarse con ninguna de las partes del conflicto. Los miembros de la Comunidad de Paz se niegan a empuñar armas o a proporcionar información o apoyo logístico a ninguno de los bandos. A cambio, piden a las partes del conflicto que no entren en su comunidad y que respeten su decisión de no participar en el conflicto ni colaborar con las partes enfrentadas.
Desde que se formó la Comunidad de Paz, el 23 de marzo de 1997, más de 170 de sus miembros u otros civiles que viven en la zona han sido asesinados o sometidos a desaparición forzada, y otros han sido amenazados o agredidos sexualmente. Los que permanecen en la Comunidad de Paz corren peligro constante. La mayoría de los asesinados han perdido la vida a manos de paramilitares, que siguen actuando con el apoyo y la aquiescencia de los miembros de las fuerzas armadas en la zona. Las fuerzas de guerrilla también han matado a miembros de la Comunidad de Paz. En la última década también han sido asesinados muchos civiles que no son miembros de la Comunidad de Paz, pero que están cerca de ella o viven en la zona. Muchos de los homicidios han coincidido con periodos de intensas amenazas contra la Comunidad de Paz, y parecen haber formado parte de intentos por intimidar a sus miembros.

Los civiles que defienden su derecho a no verse arrastrados al conflicto armado de Colombia se enfrentan a las sospechas y la hostilidad del ejército, los paramilitares y los grupos guerrilleros.
Los grupos paramilitares de Colombia supuestamente se desmovilizaron en un proceso promovido por el gobierno que comenzó en 2003 pero, por las amenazas realizadas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra otros sectores vulnerables de la sociedad civil en distintas partes del país, está claro que siguen actuando.

Amnistía Internacional

9 de julio.