Amenazas de muerte, aislamiento, y eventual desplazamiento de habitantes del bajo Calima por operaciones paramilitares.

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las operaciones paramilitares que se vienen desarrollando en los límites y dentro del territorio Colectivo de Calima, bajo la cuales se han consumado crímenes, presiones, amenazas y actuaciones que han generado terror en la población afrocolombiana e indígena, obligando al desplazamiento forzoso en muchos casos y en otros al sometimiento silencioso y al aislamiento. La estrategia paramilitar ha anunciado el desarrollo de una operación de control social y territorial que deberá cumplirse antes de que termine el mes de octubre.


Bogotá, D.C. septiembre 13 de 2010

JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de Colombia

ANGELA MARÍA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores

GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior

JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura

FERNANDO PAREJA REINEMER
Vice Fiscal General de la Nación (e)

ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación

VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo

¨Viene el hombre natural, indignado y fuerte, y derriba la justicia acumulada de los libros, porque no se le administra en acuerdo con las necesidades patentes del país¨ José Martí

Estas operaciones armadas se han desatado desde el mes de julio en medio de una presencia militar significativa en la carretera que conduce al Puerto de Buenaventura y la entrada al bajo Calima y operaciones fluviales sobre el río San Juan y Calima, y una serie de operaciones militares sobre los caseríos, razón por la cual no se explica el control paramilitar de caseríos, el acceso fluvial y terrestre de hombres armados. En el 2003
Nuestra Constancia Histórica sobre los graves hechos de los que hemos escuchado a algunas de sus víctimas, y que deben ser asumidos para evitar el desplazamiento de la población que habita en el Calima.

*Lunes 19 de julio hacia las 5:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada por pobladores de la región del Calima de la presencia de un grupo de paramilitares en los puntos de Cabeceras, El Coco y Palestina en el río San Juan.

La presencia de un grupo de 30 paramilitares provenientes del Baudó, Chocó, se inició el lunes 12 de julio en horas de la tarde, ingresando al caserío de Cabeceras y El Coco, sobre el Río San Juan. Los armados, vestidos de camuflado, al llegar al lugar ofrecieron $800.000 (U.S 400) a jóvenes que quisieran alistarse con ellos. Desde ese 12 de julio y hasta el 19 de ese mes, los paramilitares consumieron licor y drogas psicotrópicas. Debido a sus abusos, intimidaciones y la presión a los jóvenes para incorporarse a la estructura armada se produjo un desplazamiento gota a gota durante estos mismos días de la comunidad de El Coco hacia el caserío de Palestina.

De acuerdo con el reporte, en el caserío de Palestina, los paramilitares asesinaron a JUAN BAUTISTA MURILLO con golpes en la cabeza. El crimen ocurrió en desarrollo de una operación paramilitar contra otro paramilitar conocido en la zona como “EL Zurdo”. Sin que se precisara la fecha este cruento asesinato, la amenaza y el hostigamiento originó el desplazamiento de cerca de 40 familias de El Coco y La Palestina, y de 3 de Cabecera, hacia el casco urbano de Buenaventura, barrios 6 de Enero. 6 de Enero, La Independencia, Colón, Antonio Nariño, Bella vista y El Progreso, La Dignidad, Palo Seco y El Capricho. En estos barrios es conocida la presencia paramilitar.
Días antes, los paramilitares llegaron a la comunidad indígena de Valledupar, ubicada a 15 minutos de Palestina, donde amarraron a un indígena y se lo intentaron llevar frente a su esposa e hijo. Debido a la reacción comunitaria, los paramilitares lo dejaron en libertad.

*Viernes 23 de julio otras familias del poblado de Palestina, territorio colectivo de la cuenca del río San Juan, ubicada a 20 minutos de territorio colectivo del bajo Calima, comunidad de El Guadual, decidieron huir de las operaciones paramilitares. Esta decisión solamente la pudieron ejercerla algunos pobladores. De acuerdo con algunas testigos, la comunidad no pudo desplazarse porque la Infantería de Marina, al igual que los paramilitares, les impidió salir del territorio.

El crimen y la reiteración de las amenazas se convirtieron en un mensaje de aleccionamiento colectivo. De acuerdo con testigos, algunos de los paramilitares manifestaron que esto es para que se conozca que nuestras amenazas son ciertas. Los paramilitares anunciaron en los límites de San Juan y El Calima que en el mes de octubre la región será de ellos.

Según el relato testimonial, dos días antes del ingreso de los paramilitares a la comunidad de Palestina, la Infantería de Marina se retiró del lugar en que permanecen en frente del caserío.

Y en el lugar los paramilitares anunciaron que los caseríos de las comunidades de Guadual, Trojita, San Isidro, Ceibito, La Esperanza, Colonia, Las Brisas, La Estrella, El Nueve y Villa Estela se van a desplazar. “Estamos aquí y no nos vamos a ir. Primero se van ustedes, y esto será todo nuestro en octubre”, amenazó un paramilitar de las Águilas Negras” a pobladores de la comunidad de La Colonia.

En la misma amenaza, los paramilitares afirmaron que tenían una lista con nombres de pobladores que iban a asesinar. Los afrocolombianos recuerdan que de la misma manera en que se anuncian estas amenazas, se produjeron los hechos de 2003, cuando se generó el desplazamiento masivo y el asesinato de algunos pobladores, a quienes señalaron como colaboradores de la guerrilla.
Las operaciones paramilitares han generado un impacto psicológico a toda la población, existe temor generalizado, expresiones de parálisis, restricción a la libre movilización, y una situación de crisis alimentaria y económica.

*Viernes 30 de Julio, hacia las 9:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió información sobre el asesinato de EDWIN PEDROZA, un joven a manos de los paramilitares en la comunidad del Coco, municipio del Litoral de San Juan. Según testimonios de algunos pobladores EDWIN se encontraba en compañía de otra persona, que logró escapar. De acuerdo con una versión no corroborada, el joven fue asesinado por los paramilitares en presencia de efectivos de la Infantería de Marina No. 4, Batallón fluvial No. 3.

*Miércoles 4 de agosto hacia las 7:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada que la comunidad indígena Nonam, 21 familias, 97 personas, entre ellos 10 adultos mayores, 56 personas menores de 18 años, y 4 mujeres embarazadas, ubicada en Santa Rosa de Guayacán en cercanías del caserío de El Guadual, en El Calima, se vio obligada a desplazare a Buenaventura. De acuerdo con este testigo los paramilitares sitiaron los lugares de de trabajo de la comunidad indígena.

*El martes 3 de agosto, los indígenas observaron la presencia de hombres vestidos de camuflado y con capuchas, en los ranchos de sus lugares de trabajo, quiénes al ser descubiertos, les amenazaron de muerte y les manifestaron que no podían denunciar a nadie de su presencia. Este día se desplazaron las primeras 11 familias y el jueves 5 de agosto, se desplazaron las otras 10 familias.

Este mismo día las familias rindieron la declaración de desplazamiento. En la reunión del Comité de Desplazados de Buenaventura, los miliares afirmaron que desconocían que en San Juan, El Calima y menos en Santa Rosa de Guayacán allá pasa algo, “pues se trata de un lugar sano y tranquilo”. En esta reunión Acción Social afirmó que no iban a responder por vivienda a las 21 familias indígenas y les animan a regresar: “porque no se van que están perdiendo muchas cosas allá”.

Los indígenas llegaron a Buenaventura al barrio Alejandro Cabal Pombo, donde estuvieron hacinadas durante 10 días, pagando un arriendo para hospedarse.

*Miércoles 18 de agosto 15 familias indígenas se vieron obligadas a reubicarse en el lugar conocido como Isla de la Paz, terreno de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle, Regional Pacifico – ACIVA – RP, el lugar no cuenta con condiciones básicas de saneamiento ni capacidad de acogida para la totalidad de las familias. Las 6 restantes se ubicaron en el barrio Vista Hermosa, donde pagan un arriendo de $250.000 (U.S. $ 125) .

Hasta el día de elaboración de esta Constancia, Acción Social no ha dado respuesta a la exigencia de atención integral como población desplazada en particular en referencia a los albergues temporales. De acuerdo con versiones de la comunidad indígena Acción Social ha hecho solo una entrega de alimentos, con un kit de aseo, sin resolver el tema de saneamiento básico y cocina. Han sido organismos humanitarios internacionales que han brindado su apoyo a través de Médicos del Mundo España y Médicos Sin fronteras.

*Domingo 22 de agosto hacia las 8:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada de una nueva amenaza, esta vez contra la organización juvenil “Jóvenes Unidos por el Bienestar de Calima” – JUBCA –. Un paramilitar expresó que JUBCA es un grupo de investigadores, y “nosotros no queremos saber nada de esa organización”. A JUBCA le enviaron la orden de no denunciar y de abstenerse de relación alguna con nuestra Comisión de Justicia y Paz, la que estaba declarada como objetivo militar.

*Lunes 23 de agosto en horas de la tarde nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que aproximadamente a las 2:30 a.m. la comunidad de La Colonia, último caserío en la carretera y el puerto de embarque hacia los ríos Calima y San Juan, incursionó un grupo de aproximadamente de 80 paramilitares, quienes se dispersaron por los alrededores del poblado.

* Martes 24 de agosto a las 9:30 a.m. en horas de la mañana en Bogotá, nuestra Comisión de Justicia y Paz, conoció que los objetivos de las operaciones paramilitares en el río San Juan, municipio del Litoral de San Juan, Chocó, en límites con la cuenca del bajo Calima es lograr el control social territorial sobre el tráfico de hoja de coca, de pasta de coca y de cocaína.
Se aseveró por parte de esta fuente, que también ha sido víctima, que sobre estos territorios colectivos se han adelantado estudios de la riqueza biodiversa en medio de las explotación forestal de la multinacional Smurfit Cartón de Colombia por más de treinta años. Se asegura que las operaciones paramilitares y las amenazas pretenden generar una garantía para el desarrollo de los estudios de exploración minera por parte de la empresa G2 Seismic contratista de Ecopetrol, y proteger el avance de las obras de infraestructura vial en desarrollo de proyectos portuarios como el que se desarrolla con capital filipino, conocido como agua dulce.

La primera fase del control social territorial paramilitar se desató desde comienzos de julio pasado en los poblados de Cabeceras, El Coco y Palestina en el municipio del Litoral de San Juan – Chocó – y en la comunidad indígena de Santa Rosa de Guayacán en el bajo Calima. Allí los afrocolombianos fueron intimidados por hombres armados, vestidos de camuflado, quienes se identificaron como paramilitares y manifestaron que “venían para quedarse”.
El afrocolombiano se vio obligado a desplazarse.

Este mismo día nuestra Comisión de Justicia y Paz corroboró la existencia de un panfleto de amenaza de muerte contra un sacerdote de la Diócesis y contra nuestra organización en razón del trabajo de defensa, de promoción y de derecho de la población afrocolombiana de Calima.

En el mensaje se declaró a un sacerdote y a los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz como objetivo militar y les ordenó salir inmediatamente del territorio del bajo Calima. Al sacerdote lo califican como un líder títere de la Comisión de Justicia y Paz. Por otra parte, afirmaron nuevamente los paramilitares que el trabajo de formación en Derechos Humanos que la Comisión de Justicia y Paz adelanta con los jóvenes no puede continuar y advierten de las consecuencias si todo se denuncia.

*Miércoles 25 de agosto hacia las 10 a.m. luego del ingreso de militares al poblado de La Colonia, sus habitantes suspendieron sus actividades normales por el rumor de que se iba a presentar un enfrentamiento. Hacia las 4 p.m. los pobladores escucharon disparos en la parte de arriba (Quebrada López, Agua Clara, La Mojarra).

*Viernes 27 de agosto entre las 6:30 a.m. y las 7:00 a.m. militares de la 4ta brigada de la Infantería de Marina, batallón fluvial no. 3, se hicieron presentes en el caserío de La Colonia, territorio del Calima, ubicada entre las comunidades de Km.9 – comunidad de carretera – y la comunidad La Esperanza.
Hacia 1:30 p.m. hubo un sobrevuelo de un helicóptero y 30 minutos después se escucharon disparos en dirección de las quebradas López, Agua Clara, La Mojarra, ubicadas arriba del caserío de La Colonia.

A las 2:00 p.m. la comunidad afrocolombiana se atemorizó porque corrió el rumor que el caserío estaba rodeado por los militares de la brigada 4, batallón fluvial No. 3 y se iban a producir un enfrentamiento armado. Los padres de familia sacaron a sus hijos-as de las guarderías y se refugiaron en sus casas.

*Martes 31 de agosto, en horas de la mañana, pobladores de las comunidades de Ceibito y Guadual se encontraron con militares de la Infantería de Marina No. 4, Batallón Fluvial No. 3, quienes manifestaron que se encontraban verificando las razones del los desplazamientos de las familias del San Juan y Guayacán.

*Martes 31 de agosto aproximadamente a las 9:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada que en límites entre San Juan y Calima, los paramilitares advirtieron que nada podría ser denunciado. Agregaron que debían guardar silencio y abstenerse de brindar información a la Comisión de Justicia y Paz, de participar en las actividades de formación en derechos humanos y en acciones jurídicas que realiza nuestra organización. Sostuvieron los paramilitares que si tal advertencia no se acataba sus vidas sufrirían las consecuencias.

Las personas que se atrevieron a compartir la amenaza de que fueron objeto se vieron obligadas a abandonar el territorio colectivo del Calima.

*Sábado 3 de septiembre hacia las 10:30 a.m. cuatro embarcaciones tipo piraña de la infantería de marina que permanece en el caserío de La Palestina ingresaron al río Calima sobre el caserío de El Guadual. A los pobladores se les prohibió transitar durante más de 30 minutos.

*Domingo 4 de septiembre hacia las 6:00 a.m. un poblador del caserío El Guadual se encontró con efectivos de la infantería de marina, quienes le ordenaron devolverse a su casa y le solicitaron informar al resto de los habitantes que durante esos días nadie podría ir al monte.

* Sábado 11 de septiembre a las 8:00 a.m. pobladores de la comunidad de La Colonia observaron a efectivos de la infantería de marina remolcando una lancha de fibra, motor 40, con galones. A eso de las 4:40 p.m. se escucharon disparos en la parte de arriba de Colonia.

Nuestra Censura Ética ante las operaciones criminales que vienen consumándose en los límites de Calima sobre el San Juan y sobre el mismo territorio colectivo del Calima en medio de una significativa presencia militar. El pretexto de las actuaciones contra la guerrilla de las FARC EP que ha hecho presencia en esta región hasta hace cerca de 11 meses, o el pretexto de aplicación de una política antidroga, ha evidenciado aquí, que se trata de eso, de un pretexto para reprimir, para evitar cualquier mínima expresión de organización comunitaria y social que afirme y reivindique los derechos a la vida y al territorio.

Ha nacido entonces la hipótesis, como ya sucedió en los últimos 20 annos, que los intereses estratégicos militares son fundamentalmente los económicos. Ahora se trata de asegurar el control territorial para proteger las operaciones extractivas y de infraestructura, lo que es menos costoso en términos sociales, ambientales y políticos, pues una sociedad silenciada y o desplazada, sometida a los designios armados, no cuenta con garantías para su libre expresión y asociación.

Nuestra Censura Ética ante este uso perverso de la guerra militar detrás del cual se protegen los intereses económicos, rostros de beneficiarios que se ocultan en los armados.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos su respuesta fáctica, pronta y oportuna, en conformidad con sus responsabilidades institucionales:

 1. Qué medidas concretas en conformidad con la política de la prosperidad democrática, se adoptarán para evitar el desplazamiento de la mayoría de la población y propiciar el retorno de las que se vieron obligadas a desplazarse?

 2. Qué medidas humanitarias en la atención a los y las desplazadas que se encuentran en Buenaventura y son del territorio de Calima?

 3. Qué resultados operacionales se han obtenido en las últimas ocho semanas en el combate a los paramilitares en el bajo Calima?

 4. Qué proyectos de infraestructura, de extracción de recursos naturales, se han autorizado por el gobierno nacional en el territorio Colectivo? Estos han contado con consulta previa, cuáles, con quiénes?

 5. Qué medidas políticas se adoptarán para que las comunidades puedan ejercer sus derechos civiles, políticos?

Con profunda preocupación,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz