Amenazas de muerte a Juan David Diaz Chamorro

Amenazas de muerte a JUAN DAVID DIAZ CHAMORRO y su familia un día antes del séptimo aniversario del asesinato de su padre TITO DIAZ, ex – alcalde del Roble


FRANCISCO SANTOS

Vicepresidente de la República

FABIO VALENCIA COSSIO

Ministro del Interior

JAIME BERMÚDEZ

Ministro de Relaciones Exteriores

FERNANDO PAREJA REIMER

Vice-Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDÓÑEZ

Procurador General de la Nación

VOLMAR PÉREZ

Defensor Nacional del Pueblo

Nuestra Constancia y Censura Ética ante la continuidad manifiesta de operaciones paramilitares contra la familia del alcalde asesinado TITO DIAZ, entre ellos, JUAN DAVID DIAZ CHAMORRO y la persecución judicial de la que viene siendo objeto él e integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

* Viernes 9 de abril a las 12:30 p.m. aproximadamente un escolta de JUAN DAVID DIAZ CHAMORRO encontró en la terraza de la casa del hijo de TITO DÍAZ, ubicada en la Calle 23 a -28 – 46, Barrio La Toscana, Sincelejo, una amenaza de muerte firmada por los grupos paramilitares identificados como “Los Paisas”.

La nota amenazante contra JUAN DAVID expresa:

“Señor

Juan David Díaz

“No se imagina el placer que nos causa el recordar que para esta época hace siete años dimos de baja a su padre el guerrillero Tito Diaz, pero tenemos claro que la labor aun no esta cumplida por eso le reiteramos que no nos hemos olvidado de usted, por el contrario tenemos muy claro que lo suyo debe ser lento 7y doloroso e incluso peor que lo del tito“.

Saludos a tu mujer a tu hijo a tus hermanas y a tu madre, quienes llevaran del bult.

Atte.

LOS PAISAS

Muerte a guerrilleros y a sus familias
Note la próxima vez no será un papel el que te dejamos

Nuestra Censura ante la amenaza intimidatoria y de muerte contra JUAN DAVID y su familia incluido un bebe recién nacido que se produce justo cuando se cumplen 7 años del crimen de su padre, alcalde de El Roble, TITO DÍAZ y forma parte de una serie de técnicas y de operaciones de amenazas iniciadas desde abril anterior con un atentado contra su hijo, de correos electrónicos y llamadas a diferentes familiares en agosto y enero pasados.

Mientras persiste la persecución contra JUAN DAVID y su familia y todo ha sido denunciado esperando sean procesados sus perseguidores, se ha anunciado la posibilidad de la apertura de investigación en su contra por los delitos de concierto para delinquir. Así se menciona en la Resolución de la sentencia proferida por el juez primero especializado de Sincelejo GERLAS CAICEDO, contra los paramilitares CARLOS VERBEL VITIORA Y EDELMIRO ALBERTO ANAYA GONZÁLEZ , autores materiales de la desaparición forzada y el asesinato de TITO EULALIO DIAZ.

Al silenciamiento que pretenden los paramilitares, se suma el uso del aparato judicial para convertirlo en parte de la estrategia de persecución. Los mínimos de justicia encuentra este nuevo mecanismo de venganza y de impunidad política y social amparada por un juez. Es parte de la venganza de los victimarios ante la que pasivamente continúa el Estado simulando persecución al paramilitarismo, desmonte de sus estructuras criminales. De manera similar se confeccionó la falsa acusación contra CARMELO AGAMEZ, detenido injustamente por concierto para delinquir con grupos paramilitares desde el 15 de Noviembre del 2008. Correrá JUAN DAVID la misma suerte del abuso del poder?

Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de garantías para la familia de TITO DIAZ en la exigencia de su derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral. La familia es blanco de una cuenta de cobro, la venganza de los victimarios ante los mínimos avances en la justicia por la condena de 40 años al ex -gobernador de Sucre y ex embajador de Colombia en Chile, SALVADOR ARAN SUS, como determinador de los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado por el asesinato del ex alcalde del Roble TITO EULALIO DIAZ, así como, la condena de 35 años a los autores materiales de dicho asesinato, CARLOS VERBEL VITIORA Y EDELMIRO ALBERTO ANAYA GONZÁLEZ.

Ustedes tampoco pueden olvidar ni pueden negar que esa criminalidad persiste , esto a pesar de estas condenas y de la que cobija al ex -congresista ÁLVARO GARCÍA ROMERO como autor intelectual de la masacre de Macayepo. Sucre sigue en poder de los paramilitares esta amenaza de muerte es también parte del silenciamiento que se quiere implementar ante las pocas voces que han logrado develar la configuración de un Estado de hecho controlado por las mafias paramilitares y las castas políticas, en medio de la institucionalidad civil y militar.

Nuestra Censura ética ante la ineficacia de las entidades estatales para esclarecer las amenazas contra JUAN DAVID DIAZ CHAMORRO y otros integrantes del MOVICE Sucre como INGRID VERGARA, ADIL MELENDEZ, ROGELIO MARTINEZ, entre otros. La impunidad ha garantizado la toma de la criminalidad y la ausencia de garantías para que las defensoras y los defensores de DDHH ejerzan su labor legítima. A esa parálisis en la investigación se suma la ausencia de un agente especial para una investigación seria conforme al patrón sistemático de persecución que compromete la responsabilidad del Estado en las mismas.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución y luego de constatar que ninguna acción efectiva se haya realizado, solicitamos nuevamente se nos informe en relación con los hechos aquí escritos:

De qué manera intervendrán para despejar las dudas proferidas por el Juez que conoce el caso de condena a dos paramilitares por el Crimen de TITO DÍAZ, quién ordena abrir una investigación por concierto para delinquir contra JUAN DIAZ

Cuál mecanismo eficaz de protección a la vida e integridad de JUAN DAVID y su familia van adoptarse de manera expedita.

Por otra parte, en tanto, se trata de una situación recurrente, y en conformidad con el artículo 23 de la Constitución, requerimos su respuesta pronta y efectiva a estas siguientes preguntas, las que hemos formulado en muchas ocasiones, sin que haya existido un información coherente.

1. ¿Qué actuaciones investigativas ha realizado la Fiscalía General de la Nación frente a las decenas de denuncias que los miembros del Movice Sucre han presentado en las que documentan de manera detallada las amenazas de las que han sido víctimas y cuáles son sus resultados? Estas se encuentran tipificadas acaso bajo la comprensión de un modelo de persecución? Por qué insisten en adelantar investigaciones aisladas, dispersas y sin que haya una misma cuerda procesal?

2. ¿Qué actividad ha desplegado la Procuraduría General de la Nación para investigar a los funcionarios públicos, y miembros de la fuerza pública que siguen operando de manera conjunta con grupos paramilitares, que nunca se desmovilizaron? Cuáles son sus resultados?

3. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno Nacional ante el compromiso que asumió en el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de propiciar una reunión con los integrantes del Movice para discutir con ellos las garantías para el ejercicio de sus derechos?

4. ¿Cuáles son los fundamentos de derecho del actual Gobernador de Sucre para negar las solicitudes del Movice Sucre de retirar las fotografías de los gobernadores involucrados en parapolítica de la sede de esta instancia pública?

5. ¿Cuáles son las medidas y actuaciones concretas que la Fuerza Pública ha adoptado para enfrentar a estructuras paramilitares y a las estructuras estatales que les permiten su movilidad y actuación? ¿Cuándo, dónde, resultados?

6. ¿Cuál ha sido el cumplimiento del compromiso que el Gobierno Nacional para propiciar una reunión para abordar las garantías para el ejercicio de los derechos, luego de que la los organizaciones del Comité de Impulso presentaran un trágico balance de amenazas y persecución en sus diferentes capítulos?

7. ¿Cuál es la respuesta a la apelación a la resolución de acusación solicitada por la defensa del defensor de derechos humanos, CARMELO AGAMEZ? ¿Qué garantías procesales se están brindando a CARMELO AGAMEZ, para que su situación sea resuelta en un plazo razonable?

Con profunda preocupación e indignación,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz