Amenazas contra activistas que defienden el derecho a la tierra en Colombia
El 20 de mayo, unos hombres armados trataron de matar a Enrique Cabezas, líder del movimiento en favor de la restitución de tierras, cerca de una base militar en la cuenca del río Curvaradó, en el noroeste de Colombia. Rafael Truaquero, otro reclamante de tierras, y su familia también fueron amenazados.
El 20 de mayo, un grupo de hombres armados llegó, en busca de Enrique Cabezas, líder del movimiento de restitución de tierras, a una casa en la que éste se ocultaba en el poblado de Llano Rico, municipio de Ríosucio, departamento del Chocó. Unos minutos antes, Enrique Cabezas, a quien unos individuos no identificados habían estado siguiendo desde primeras horas de la tarde, había recibido una amenaza de muerte telefónica, en la que le advertían de que esa noche lo iban a matar. Enrique Cabezas logró escapar. Este activista ha estado recibiendo numerosas amenazas, ya que es uno de los que denuncian los vínculos entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad en la zona, y que critican el establecimiento de una base militar en tierras de propiedad colectiva reclamadas por las comunidades del Curvaradó. El Batallón Selva Nº 54, que forma parte de la Brigada XVII, tiene una base militar situada en Llano Rico.
Ese mismo día, Rafael Truaquero, también reclamante de tierras, recibió una llamada telefónica con amenazas. En ella le dijeron que él y su familia, incluida su hermana, la lideresa comunitaria Yomaira Mendoza, morirían si no facilitaba información sobre el paradero de Enrique Cabezas. A esa amenaza le siguieron, el 21 y 22 de mayo, nuevos mensajes amenazadores, que obligaron a Yomaira Mendoza y Enrique Cabezas a abandonar la zona.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
expresando preocupación por la seguridad de Enrique Cabezas, Rafael Truaquero, Yomaira Mendoza y otros miembros y reclamantes de tierras de las comunidades de la cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, e instando a las autoridades a brindar protección efectiva a quienes lo soliciten, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;
pidiéndoles que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre el intento de matar a Enrique Cabezas y sobre la amenaza contra Rafael Truaquero y otras personas, que hagan públicos sus resultados y que lleven a todos los responsables de esos actos ante la justicia;
instándolas a desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos;
recordándoles que deben cumplir con su obligación de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 4 DE JULIO DE 2014 A:
Presidente
Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
Fax: +57 (1) 596 0631
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos
Ministro de Defensa
Juan Carlos Argeñal
Ministerio de Justicia
Carrera 54 No.7-26
Centro Administrativo Nacional (CAN)
Bogotá, Colombia
Fax: 57 (1) 266 1003
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Y copia a:
ONG
Comisión Intereclesial Justicia y Paz
Calle 61A, No. 17-26
Bogotá
Colombia
Envíen también copias a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento Esta es la primera actualización de AU 50/14. Más información: http://amnesty.org/es/library/info/AMR23/009/2014/es
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS CONTRA ACTIVISTAS QUE DEFIENDEN EL DERECHO A LA TIERRA EN COLOMBIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En el año 2000, el Estado colombiano otorgó el derecho a la propiedad colectiva de la tierra a las comunidades afrodescendientes de la cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Posteriormente, los paramilitares, actuando con el apoyo de las fuerzas armadas, obligaron a muchos de los habitantes a huir de la zona. Gran parte de esas tierras ha sido ocupada por poderosos intereses económicos que han establecido plantaciones de palma africana, ranchos de ganado y otras actividades económicas. También hay poderosos intereses mineros que intentan llevar a cabo operaciones en esas zonas.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha estado respaldando los intentos de las comunidades afrodescendientes e indígenas que viven en la zona de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó por reclamar sus tierras, ocupadas por esos intereses económicos. En los últimos años, muchas de las personas que huyeron de sus tierras tras ser expulsadas violentamente por los paramilitares y las fuerzas de seguridad a finales de la década de 1990 han regresado a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de la cuenca de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. Las comunidades han tratado de defender su derecho a la tierra y de impedir la expansión de plantaciones ilegales de palma africana y otras actividades económicas en su territorio. A consecuencia de ello, muchos de sus miembros han sido víctimas de amenazas y homicidios. Pese a las reiteradas órdenes de la Corte Constitucional, la tierra no se ha devuelto a las comunidades.
En los últimos años, varias personas que vivían en la región del Jiguamiandó y Curvaradó y que habían protestado por la ocupación de sus tierras por parte de cultivadores de palma africana y otros intereses económicos han muerto a manos de paramilitares, que siguen manteniendo una fuerte presencia en la región pese a la numerosa presencia del ejército. La Brigada XVII ha construido recientemente una nueva base militar en la zona. Se ha visto a miembros del Batallón 54 de esta brigada hablando con un conocido líder paramilitar en la zona.
La Corte Constitucional ha ordenado reiteradamente que se devuelva la tierra a los consejos comunitarios del Curvaradó. Por su parte, la Corte Interamericana ha dictado medidas cautelares en favor de los miembros de las comunidades del Curvaradó y de la vecina cuenca del río Jiguamiandó. Estas medidas se levantaron el año pasado, por entenderse que la Corte Constitucional continuaría el proceso de vigilar el cumplimiento de su orden. Según la información recibida desde esta resolución, los esfuerzos realizados por las autoridades colombianas para garantizar la seguridad de las comunidades han sido muy insuficientes.
Nombre: Enrique Cabezas (h), Yomaira Mendoza (m), Rafael Truaquero (h) y la familia de éste, otros miembros y reclamantes de las comunidades de la cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó
Sexo: Hombres y mujeres
Más información sobre AU: 50/14 Índice: AMR 23/019/2014 Fecha de emisión: 23 de mayo de 2014