Amenazados dos líderes de restitución en La Larga y Curvaradó

Mario Castaño fue amenazado por dos sujetos uno de ellos llamado Darío Correa, alias “El Monje”. Los hombres le expresaron que no los iban a dejar quietos y que iban a matarles.


El hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre en el caserío La Madre del territorio colectivo de La Larga.

Mario y otras seis familias más decidieron regresar a su territorio colectivo ante la ausencia de respuesta eficaz del gobierno para dar respuesta a sus demandas de restitución. Mario fue despojado de sus tierras luego de operaciones paramilitares en 1996 y sus predios han sido ocupados de mala fe por empresarios ganaderos.
Los ocupantes de mala fe desde el pasado 30 de diciembre han arreciado contra los bienes de supervivencia de Mario y su familia. A este proceso de restitución legítima se han sumado siete familias más.

Otra amenaza de paramilitares se produjo contra el líder comunitario de Apartadocito, territorio colectivo de Curvaradó, Emilio Cabezas.

Al adulto mayor, un hombre que se identificó como paramilitar proveniente del Magdalena medio, lo acusó de ser el financista de la guerrilla. El líder comunitario indignado le exigió respuesta y respeto a sus derechos.

El paramilitar se le ha visto en conversaciones con el empresario ocupante de mala fe, Darío Montoya.

Hoy en horas de la mañana en Apartadocito, Ana Martínez, madre de Emilio Cabezas, hijo, también líder comunitario, fue llamada por dos ocasiones desde dos números telefónico preguntando por su hijo. En la segunda llamada le manifestaron que debía trasladarse a Mutatá para reclamar una ayuda humanitaria.

Sin garantías concretas para la restitución en derecho continúan viviendo integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó, Pedeguita y Mansilla, y La Larga, a pesar de la existencia de una ley de restitución y de mecanismos anteriores, se continúa probando que no existen mecanismos eficaces e idóneos para propiciar la devolución de tierras.

En el caso de Curvaradó se continúan además desconociendo los Autos de la Corte Constitucional sobre el cese de operaciones empresariales de mala fe, las que continúan desarrollándose con el uso de la violencia y el control social de paramilitares que operan en medio de la presencia de la fuerza pública.

Bogotá, D.C. 7 de enero de 2014
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz