Amenaza de desalojo a familias víctimas de desplazamiento forzado

Hoy la Inspección Quinta de Policía en cabeza del funcionario Genaro Cesar Well Flórez, realizará una diligencia de lanzamiento de los ocupantes de buena fe del predio El Tamarindo.

Esta diligencia se suma a la larga cadena de irregularidades administrativas y procesales que favorecen los intereses particulares de las familias Char, Abadala Saieh y Muvdi, de los sectores empresariales Inversiones del Prado S.C.A, Finanzas del Norte, Sociedad de Negocios Abdala.

Pese al acuerdo llegado en el mes de julio con la administración municipal de Barranquilla de suspender toda diligencia de desalojo sobre el predio, en tanto no se desarrolle un proceso de caracterización que permita identificar las condiciones socioeconómicas de las familias víctimas, y de buscar una salida concertada a la problemática, la administración en cabeza de la Inspección adelantará la acción policiva.

Los desplazados desde 1999 ocupan pacificamente el predio de 120 hectráreas pero se convirtió en un espacio territorial de intereses económico por proyectos carreteables y turísticos que se proyectan sobre el predio inversionistas privados.

De realizarse esta actuación hoy se desconoce de facto los derechos fundamentales de las familias campesinas en condición de víctimas desplazamiento forzado. Estas víctimas han venido siendo objeto de abusos de autoridad por decisiones administrativas contra derecho, uso desproporcionado de la fuerza, operaciones de tipo paramilitar, amenazas, señalamientos, tratos crueles contra niños y familias desplazadas, destrucción de viviendas y bienes de supervivencia.

A pesar de las reiteradas solicitudes que se han elevado a las instituciones responsables de la atención y protección a las víctimas a la fecha no existen acciones que salvaguarden de manera efectiva los derechos de las familias poseedoras de buena fe de El Tamarindo.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá D.C 31 de octubre 2013