Accionar Paramilitar en el Territorio del Cacarica

Accionar Paramilitar en el Territorio del Cacarica
copamiento armado en zonas de cultivos de pan coger
Inicio de Infraestructura para el procesamiento de coca.

1. Viernes 8 de febrero, aproximadamente a las 15:00 horas dos jóvenes habitantes del Cacarica en la vereda de Barranquilla fueron dejados en libertad luego de haber sido retenidos por un significativo número de paramilitares. A uno de ellos lo amarraron, los sometieron a un interrogatorio, y afirmaron que venían a quedarse en el Territorio del Cacarica, que deberían acostumbrase a su presencia. Cuando se encontraban retenidos por los armados se produjo el sobrevuelo de uno de los helicópteros sobre el área.

2. Testigos observaron como las unidades armadas dentro de la estrategia encubierta paramilitar descargaban insumos para el procesamiento de cocaína -gasolina, ácidos y demás- en una casa de una finca de este caserío. Uno de los armados durante el período de retención se mostró contrariado por la presencia de ONG, y en particular se refirieron a nuestra Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, como: “esos h.p de Justicia y Paz ya informaron” (…) “ladrona de recursos de la comunidad del Cacarica”.

3. A las 19:00 hora local se conoció la información que un afrocolombiano de apellido PEREA y su señora lograron escaparse de la retención de los paramilitares. Testigos observaron en el caserío Barranquilla que un campesino de apellido MONTERROSA, habitante de la vereda La Virginia, fue llevado por los armados, atado con las manos adelante. Al mismo tiempo se supo que RAMIRO VASQUEZ, fue asesinado por los paramilitares con arma larga, su cuerpo presenta 8 tiros, dos de ellos en la cebeza.

4. De acuerdo con el mapa de informaciones, los armados se encuentran ubicados en diversos grupos en las zonas altas de los asentamientos “Nueva Vida” y “Esperanza en Dios” en los caseríos Villa Hermosa La Raya, Barranquilla, a dos horas a pie de los lugares humanitarios, y Las Vueltas, a una hora de los mismos.

5. Hasta el momento la respuesta Estatal y gubernamental en el marco de la Política de Derechos Humanos, referente al combate a los grupos de “Autodefensa” no se ha realizado. San José de Balsa y La Balsa, son lugares de fácil acceso por agua en embarcaciones de motores rápidos como las pirañas que posee el Batallón Fluvial 50, pero esa acción no se ha realizado. Tampoco se conoce de actuación alguna en el retén de Tumaradó o en el perímetro urbano de Riosucio. En la medida en que las respuestas son inexistente o dilatorias las acciones militares encubiertas han logrado crear un cerco en el perímetro de los lugares humanitarios, en Villa Hermosa La Raya, Barranquilla, La Balsa y Tumaradó.

No es cierto que en el entorno de los lugares humanitarios exista presencia guerrillera de las FARC EP como se viene expresando. La Defensoría del Pueblo que se encuentra en el Territorio Colectivo desvirtúa esta información.

Sigue siendo evidente la responsabilidad tanto, por omisión como la, comisión por omisión, que se contempla en el derecho internacional, pues no se adoptaron las medidas preventivas acordadas por el Gobierno Nacional y la Comunidad en Diciembre de 1.999; la ausencia de voluntad política para aplicar con celeridad la Política de Derechos Humanos enfrentando las estructuras paramilitares en sus bases zonales de Riosucio, La Balsa y San José La Balsa y Tumaradó, y las regionales en Zapzurro, Necoclí, Piedrecitas, San Pedro de Urabá, El Tres -Turbo- Apartadó; la impunidad en que se encuentran los hechos y los responsables que dieron origen al desplazamiento forzoso de la comunidad en la “Operación Génesis” de la Brigada XVII en febrero de 1.997, y que hoy se desarrolla de un nuevo modo, con una estrategia militar de terror psicológico y de persecución, acompañada de una propuesta socio económica ligada inicialmente al procesamiento de coca y posiblemente al de la Palma Africana. Extraña que se esté desarrollando en nuestro país acciones contra el cultivo, procesamiento y tráfico de narcóticos a través del Plan Colombia y, como se evidencia en estos momentos en el Cacarica, estas actividades puedan desarrollarse en el marco de acciones militares clandestinas encubiertas.

6. Las familias de las comunidades que forma parte del Proyecto de Vida se encuentran en altísima tensión, ha cesado las actividades de rocería y siembra de maíz y de arroz, se encuentra en una profunda crisis económica de ingresos debido al bloqueo económico en Tumaradó, y a las acciones militares encubiertas de junio y de octubre del 2001, la quema de la cosecha de arroz en noviembre del 2001, las amenazas de incursión en diciembre 2001 y del reciente operativo militar encubierto de copamiento de las zonas de trabajo comunitario. En los próximos días se prevé la crisis alimentaria, y la manifestación de crisis psicológicas particulares en comunidades afrocolombianas.

7. Ante los nuevos hechos sigue siendo urgente la presencia estatal y gubernamental de al menos un funcionario de alguna de las instituciones oficiales, Vice Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Defensoría Nacional del Pueblo y Procuraduría General de la Nación para que verifiquen los hechos en terreno y que inicien desde hoy y hasta una evaluación rigurosa, una rotación de presencia institucional disuasiva mínimo por un mes, como había sido acordado desde el año pasado.

Se adelante un seguimiento riguroso a las respuestas que el Ministro del Interior, ARMANDO ESTRADA VILLA, en delegación del Presidente de la República, ANDRES PASTRANA ARANGO, se comprometió a brindar a las comunidades desde el 25 de septiembre ante la situación de riesgo planteada por las acciones y omisiones estatales y gubernamentales.

Se reitera igualmente, que si el Estado colombiano busca dar una respuesta en el marco de la Política de Derechos Humanos y DIH, las acciones militares no se deben dar en los Asentamientos –zona humanitaria de la población civil- si no en la base armada de los paramilitares que se encuentra en San José La Balsa desde junio del año pasado.

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NOTA. Enviamos la versión corregida del INFORME EJECUTIVO 2 del 8 de febrero de 2001 sobre las acciones paramilitares. La versión remitida ayer no era el documento definitivo, por lo cual presentamos excusas. El definitivo aparece a continuación-

Bogotá, 9 de febrero del 2002.

INFORME EJECUTIVO 2
ASESINADO JOVEN INTEGRANTE DE CAVIDA

Temor por la vida e integridad personal de los coordinadores y de los integrantes de la Comunidad del Cacarica.

El integrante de CAVIDA SEGUNDO MANUEL MENDOZA fue dejado en libertad, pero llegó al asentamiento Nueva Vida, hacia las 17:00 horas con el cadáver de otro integrante de la comunidad de CAVIDA, RAMIRO VASQUEZ, quien fue asesinado en Quebrada Bonita. Fue detenido por los armados un poblador del Cacarica de apellido PEREA.

1. Se logró confirmar que un grupo significativo de paramilitares que se encontraban en Villa Hermosa La Raya, se trasladó en horas de la madrugada hacia uno de los resguardos indígenas del río Perancho. En este lugar afirmaron que iban a los asentamientos con las pretensiones, que hemos dejado indicadas en nuestra Constancia y el Informe Ejecutivo Nro 1.

2. En su recorrido se confirmó que los paramilitares mantuvieron retenido al integrante de CAVIDA, SEGUNDO MANUEL MENDOZA, dirigiéndose hacia el sitio conocido como Las Vueltas, punto equidistante entre “Nueva Vida” y “Esperanza en Dios”, mientras mantienen el control desde la base en San José de la Balsa y el retén en Tumaradó. El sitio conocido como Las Vueltas se encuentra ubicado a una hora de cada uno de los asentamientos.

3. A las 15:00 horas aproximadamente se presentó un sobrevuelo de un helicóptero de las Fuerzas Militares adscritas a la Brigada XVII, sobre los asentamientos, sin que se haya adelantado alguna acción represiva sobre la base paramilitar montada en San José de la Balsa, de la que tienen conocimiento las autoridades desde el mes de junio de 2001.

4. Nuevamente queremos dejar en conocimiento de la comunidad nacional e internacional que las acciones preventivas que pueden ser tomadas no se han adoptado por parte del Alto Gobierno. No se actúo ni se está operando militarmente sobre la base paramilitar ubicada en San José de La Balsa y La Balsa desde donde se coordina el operativo militar contra las Comunidades del Cacarica y desde donde se despliegan los armados hacia los Asentamientos. Las acciones de las fuerzas militares se están realizando sobre los lugares humanitarios de habitación de las familias retornadas y no en los lugares de actuación militar encubierta. Se está desconociendo la aplicación de la política de derechos humanos.

5. No se ha atendido con la celeridad requerida la exigencia de presencia inmediata en los Asentamientos de algún delegado de la instituciones de Gobierno Nacional encargados de la Política de Derechos Humanos, por eso el asesinato de RAMIRO VASQUEZ y la persecución sistemática que padece la comunidad es su responsabilidad.

6. No se tomaron las acciones pertinentes para dejar en libertad a SEGUNDO, a pesar que las autoridades conocieron de su retención.

7. Se teme que la acción militar paramilitar anunciada se realice en las próxima horas, a menos que se tomen las medidas solicitadas por las comunidades desde junio del año pasado, conocidas por delegación del Presidente de la República, DR. ANDRES PASTRANA ARANGO, por el Ministro del Interior, ARMANDO ESTRADA VILLA en reunión privada del 25 septiembre pasado, conocidas por la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el marco de las medidas cautelares resueltas por esta instancia de la OEA.

Reiteramos que la oficina de la Vice Presidencia no está asumiendo a cabalidad su responsabilidad en la Política de Derechos Humanos

Agradeciendo su atención,

Bogotá 8 de febrero de 2002

COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ