Absténgase de firmar, señor Presidente Alvaro Uribe Vélez

Una Constancia de Responsabilidad Histórica ante la memoria de millares de Crímenes de Lesa Humanidad, de Genocidio perpetrados por el Estado a través de la estrategia parainstitucional; una expresión de la responsabilidad ante la conciencia ética de la humanidad se ha hecho a través de una Comunicación Escrita dirigida al Presidente Alvaro Uribe Vélez, quien deberá sancionar con su firma la ley de la mal llamada “justicia y paz” aprobada por el Congreso del República.


Aunque es seguro que el Presidente no se abstendrá de firmar el proyecto de ley, tal como se desprende, de lo que ha sucedido durante su mandato; el impulso que dio a este proyecto de ley con reuniones de su bancada en el Palacio de Nariño; de sus reacciones públicas ante el editorial del The New York Times y su grosera respuesta a Amnistía Internacional en su gira por España, es preciso tener un sello de recibido del Primer Mandatario.

Ni en lo privado ni en lo público podrá negar ante la historia, su responsabilidad ante el nuevo mecanismo de impunidad, reingeniería del “perdón y del olvido”, a través del arte acomodaticio de disfrazar, tergiversar, encubrir los principios que la humanidad ha construido a partir de la barbarie para evitar que NUNCA MAS se repitan los crematorios, los horrores y la destrucción de la dignidad humana.

El Presidente es el primer defensor de la laxa, de la proclive, de la intencionada ley, mal llamada de “justicia y paz”, afrenta de la humanidad, cinismo en el que se posan los criminales para afirmar que la paz será posible, ocultando las profundas dimensiones de un proyecto que nació como estrategia del Estado, se alentó en las filosofías de la seguridad nacional, ahora, llamada democrática”, se financia del narcotráfico, de empresarios privados nacionales e internacionales, de sectores políticos de los partidos tradicionales.

La ley en sus motivos niega de facto la responsabilidad estatal. Amplia la rebaja de penas para amplios delitos que no son políticos, aunque en la formalidad niega que de ella se beneficien narcotraficantes, la confusa relación entre la estrategia paramilitar y estructuras armadas financiadas es indisoluble. La ley en su trámite negó la participación de la víctimas. La Verdad en ella contemplada no es integral ni plena. La justicia se convierte en pena, si es probada la responsabilidad en menos de 60 días, en cárceles que pueden ser de barrotes amplios, casas fincas o de proyectos productivos. La reparación integral, entre otros aspectos, no implica como condición la entrega de tierras o de territorios apropiados ilegalmente o en los que se desarrollan proyectos agroindustriales, mucho menos otro tipo de bienes.

La defensa de la ley no argumenta, impone slogan no sustentables en la realidad, se impide el debate, la replica. Se defiende el Presidente expresando que 5000 paramilitares se han desmovilizado, que los índices de criminalidad se han reducido, que no existen ni amnistías ni indultos. La realidad es otra, las condiciones políticas, las relaciones económicas y los intereses proyectados que definen el Estado y las relaciones, son precisas y claras, el proyecto de ley “justicia y paz” es un mecanismo de recompensa del Estado y los que se beneficiaron de la seguridad paraestatal, y de quiénes apuestan por iniciativas dentro del mercado excluyente.

Las condiciones políticas en lo urbano y lo rural muestran la dificultad de la libertad de expresión, de las posibilidades de hacer público el control paramilitar, de resonar el sometimiento a la ley del silencio y del consentimiento de millones de colombianos, por eso la rechifla de los congresistas promotores de la ley, ante las pocas expresiones de indignación en el recinto el día de la aprobación de esta norma de impunidad.

Es claro el juego de las palabras en el proyecto de ley. Usar de las palabras no significa que exista correspondencia con su contenido sustancial. No hay verdad. No hay Justicia. No hay Reparación. Las palabras usadas no contienen la posibilidad de esos derechos. Todo es un juego de imágenes. La imagología del poder que pretende engañar, confundir, hacer creíble que la impunidad es lo bello, lo justo, lo libre, la paz.

La Carta dirigida al Presidente Uribe es una Constancia. La historia, la memoria de las víctimas, la conciencia ética que aún persiste en la humanidad a pesar de los terrores, algún día creerá, comprenderá, que esa ley, no fue ni la justicia ni la paz. La mentira oprime, la verdad que posibilita la libertad no existirá con el derrotero de esa ley, mucho menos la posibilidad de la justicia, todo ensimismo es perverso, es mecanismo de impunidad.

Bogotá, 30 de junio de 2005

Doctor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República de Colombia
Ciudad.

Ref. Solicitud de no sanción a ley de “Justicia y Paz”

Cordial saludo.

El pasado 21 de junio, fue aprobada por el congreso de la República la ley llamada de “Justicia y Paz” que por los contenidos y las circunstancias en las que se dio su aprobación, se constituye en una afrenta no solo a la sociedad colombiana sino a la conciencia ética de la humanidad.

El cuerpo de esta ley aprobada, como lo han hecho saber la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos, editorialistas, columnistas y por sobre todo las víctimas de crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y Genocidio y crímenes de lesa humanidad, se encuentra lejos de garantizar los mínimos internacionales de Verdad, Justicia y Reparación.

Esta es de facto, una ley de impunidad que posibilita a los victimarios seguir encubriendo las circunstancias de modo, tiempo, lugar como a los determinadores de los crímenes que cometieron; impide también, que los victimarios reciban el castigo proporcional a los delitos cometidos, que las víctimas participen en la toma de decisión de los procedimientos para una reparación integral y garantiza a las estructuras paramilitares, que han consolidado un inmenso poder económico, político, social, seguir enquistadas en la sociedad colombiana, ante la ausencia de decisiones del Ejecutivo orientadas a su efectivo desmantelamiento.

En sus manos, señor presidente, se encuentra el texto aprobado en espera de su sanción. Los abajo firmantes parte de las organizaciones miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, Violaciones a los Derechos Humanos y Genocidio, le solicitamos que se abstenga de firmarlo. Si lo hace, usted y solamente usted será responsable ante la comunidad internacional, ante la opinión pública nacional e internacional y por sobre todo ante las víctimas del horror, de la barbarie paramilitar que en el período transcurrido entre 1988 y diciembre de 2003 dejó 14.476 asesinados, desaparecidos y torturados; que estos crímenes, que hieren la conciencia de la humanidad y claman al cielo, queden en la mas absoluta impunidad.

Con profunda indignación,

GLADYS AVILA
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADDES

GLORIA MANCILLA
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS

LUIS FERNANDO OTALVARO CALLE
Asonal Judicial

REINALDO VILLALBA VARGAS
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Hna. CECILIA NARANJO B. RSCJ
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

AGUSTIN ALBERTO JIMENEZ CUELLO
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

EBERTO DIAZ MONTES
Federación Nacional Sindical Unitaria, FENSUAGRO

LILIA SOLANO
Proyecto Justicia y Vida

EDGAR PAEZ
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia SINANTRAINAL

IVAN CEPEDA CASTRO
Fundación Manuel Cepeda Vargas

JAIRO RAMIREZ HERNANDEZ
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Bogotá, D.C Julio 12 de 2005

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ