Transición a la paz y dejación de las armas por las Farc

El NO contra la paz de reconocidas fichas de Vargas Lleras en las regiones, como la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado y su marido, Toto, el Jefe del Cartel del Norte del Valle, no es un acto de insubordinación en la facción correspondiente sino, por el contrario, la materialización de una estrategia electoral global para ganar réditos en la campaña para escoger Presidente en el 2018.


El día D y los 180 días para dejar las armas a Naciones Unidas es una masa temporal ontológica, no cronológica, que depende de variadas circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Viene una intensa disputa política alrededor de este neurálgico asunto. La ultraderecha entra a la ofensiva para impedir la cabal y correcta implementación de los acuerdos de Cartagena.

La terminación de la guerra compromete un gran número de variables referidas a materias legales, constitucionales, militares y políticas, que hacen de tal objetivo un fenómeno de altísima complejidad.

La construcción de la paz no será una tarea sencilla. Será necesario atender diversos frentes al tiempo, dada la simultaneidad que acompaña la ejecución de los consensos y pactos alcanzados.

Adicionalmente, se deben asumir elementos de contexto ante los cuales de nada sirve taparse los ojos.

Pero, en los términos de la reiterada sugerencia de nuestro querido compañero Alberto Pinzón, lo que procede es “el análisis concreto de la situación concreta”, formula leninista de reconocido valor que permite concentrar la reflexión y la voluntad en los puntos críticos del curso político y social, teniendo siempre puesta la mira en la transformación revolucionaria sistémica. Sobre todo si consideramos que en los términos de la teoría de sistemas, el régimen político nacional se encuentra altamente desequilibrado, en una situación de bifurcación: la alteración más pequeña puede provocar grandes cambios sin que su sentido sea predecible (Ver La trama de la vida de Frittjof Capra en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2dHb6cC).

En tal sentido, la prioridad epistemológica debe tratar de comprender el proceso de transición en curso y su contenido, condicionado por la implementación inmediata, en los próximos tres meses, de aspectos sustantivos como el fin objetivo del conflicto armado, el cese bilateral del fuego y de las hostilidades, la ubicación de las Farc en las áreas veredales y campamentarias, la organización de un nuevo movimiento político por la insurgencia revolucionaria, la erradicación del paramilitarismo, la seguridad para los integrantes de las Farc en el desarrollo de su movilización política y popular, la amnistía y el indulto, la concreción de las medidas agrarias, la organización de la jurisdicción especial de paz y el reconocimiento de los derechos de 8 millones de víctimas.

Con los actos de Cartagena, y con el previsible triunfo del SI en el plebiscito del 2 de octubre, la transición toma cuerpo.

En la ciencia política la transición como categoría analítica es de uso recurrente para indicar un proceso de cambio en el régimen de poder existente. Se trata de ir desde un punto A hacia un punto B. En este caso se trata del paso de la guerra (A) a la paz (B). Lo que llama la atención, en nuestro caso concreto, es que tal movimiento ocurre en momentos en que periclita un ciclo político, el iniciado con la Constituyente de 1991 y despega uno nuevo, probablemente de más de tres décadas.

Tanto la transición como el ciclo político en ciernes, toman su contenido del Acuerdo general de paz de Cartagena y de los discursos que emiten los actores más relevantes como el Presidente Santos, el comandante de las Farc, Timoleon Jiménez, y los voceros de la oposición ultraderechista que encabeza Uribe Velez.

La primera fase de tal transición y del ciclo político mencionada tiene, por supuesto, un referente fundamental, me refiero a la dejación de las armas por parte de las Farc, acompañada del cese bilateral del fuego y de hostilidades, del desplazamiento guerrillero a las zonas veredales y campamentarias, de las medidas de seguridad para los integrantes del nuevo sujeto político previsto, de la amnistía e indulto, del funcionamiento del mecanismo tripartito de verificación y de la erradicación eficaz del paramilitarismo.

Para las partes, la dejación de las armas, su entrega a la ONU, es la “joya de la corona”. El poder oligárquico quiere ver ya sin las armas a miles de partisanos que integran la resistencia campesina y popular. Es su pesadilla y tormento. Por eso exigen la marcha inmediata de las Farc a las zonas de concentración y la conformación de los anillos asfixiantes que pretender ser utilizados para sofocar a los combatientes invictos.

Por supuesto, para el pueblo en armas no es tan fácil y cómodo desprenderse de su principal garantía de lucha contra el poder de las oligarquías y su Estado corrupto. Hay escepticismo, aprensión y la natural desconfianza, como consecuencia de la lectura de experiencias históricas anteriores en que los poderosos oligarcas desataron el exterminio de los guerrilleros, tal como sucedió en los años 60, en que uno a uno, fueron decapitados en Bogotá y otras ciudades, los desmovilizados y amnistiados líderes de las guerrillas liberales. Las elites dominantes y sus aparatos armados, Ejercito/FAC/Marina/Policía, tienen un acumulado nada despreciable en esta materia y seguramente recurrirá a diversas estratagemas para degollar la comandancia fariana. Medellín y Antioquia serán lugares críticos en ese sentido, pues la alianza entre carteles de la droga y elites políticas locales parece en disposición sangrienta contra la paz.

El debate de este espinoso asunto se desenvuelve con el referente del día D y los 180 días pactados para dejar las armas guerrilleras en los contenedores de la ONU.

180 días son una masa temporal que no necesariamente debe transcurrir, como lo plantean los integrantes de la delegación gubernamental, en las fechas posteriores a la firma del Acuerdo de Cartagena. Esa es su interpretación amañada y su proyección es sesgada.

180 días son un trazo ontológico que bien puede localizarse en el año 2017, 2018 o 2024, dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El asunto no es meramente cronológico o de lógica formal escolástica.

La entrega de las armas, en principio, debería ser la consecuencia de varios hechos. Por supuesto, de la firma del Acuerdo general de paz, obviamente del resultado del plebiscito, desde luego del trámite de la ley de amnistía e indulto, claro está de la ubicación en las veredas y campamentos, de las medidas de seguridad para los líderes y miembros de las Farc, de la formalización constitucional de los consensos mediante su articulación efectiva al bloque de constitucionalidad, de las medidas concretas en materia agraria, de víctimas, de verdad, de justicia y erradicación de los cultivos de uso ilícito.

Obviamente tejer, articular y amarrar todos estos temas no es cosa que se pueda hacer velozmente, en 6 o 12 meses. Es todo una ciencia que requiere de paciencia y buen tino. Sin ninguna pretensión, la dejación de las armas es toda una disciplina analítica con los rigores y exigencias propias de la construcción epistemológica adecuada.

Agréguense al cuadro que propongo, dos factores de gran incidencia, propios de las disputas necesarias en curso.

Una, la contraofensiva de la ultraderecha, que se reagrupa con mayores bríos para el sabotaje de la transición a la paz. El bloque parapolítico de Uribe Velez está siendo reforzado con las peligrosas salidas del nuevo Fiscal, similares a las del defenestrado exprocurador Alejandro Ordoñez, quien con un discurso seudo jurídico e interpretaciones arbitrarias, quiere ponerle palos en la rueda a los acuerdos en lo relacionado con la fumigación de los cultivos de uso ilícito y la estructuración del movimiento político de las Farc, de acuerdo con sus intereses específicos, sugiriendo actuaciones criminales para darle curso al dispositivo sobre extinción de dominio y eventuales extradiciones.

Todo indica que el vicepresidente Vargas Lleras será el punto de encuentro de esta masa retardaría, empeñada en bloquear y abortar la construcción de la paz democrática.

La ambigüedad del Vicepresidente frente a la paz es notoria, y su silente actitud no es más que un juego propiciador de nuevos encuadres políticos reaccionarios. El Fiscal refleja sus dudas jurídicas frente al Tribunal de Paz y sus competencias. Refleja, por lo demás, el ánimo de los enemigos agazapados de la paz en el poderoso y corrupto poder judicial, que sienten pasos de animal grande con el nuevo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, incluida su Justicia especial con magistrados de otros países, de probada conducta ética y jurídica.

El NO contra la paz de reconocidas fichas de Vargas Lleras en las regiones, como la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado y su marido, Toto, el Jefe del Cartel del Norte del Valle, no es un acto de insubordinación en la facción correspondiente sino, por el contrario, la materialización de una estrategia electoral global para ganar réditos en la campaña para escoger Presidente en el 2018.

Se está conformando un potente bloque ultraderechista contra la paz y de eso hay que tomar atenta nota, para lidiar con tal fenómeno. Desde luego, eso no nos coge por sorpresa, es propio de coyunturas de cambio social y de procesos de transformación revolucionaria. Ha sido la experiencia histórica desde la revolución francesa, pasando por la revolución bolchevique, la china, la cubana, la sandinista, la vietnamita y otras, como los recientes procesos antiimperialistas latinoamericanos.

Constatar eso no significa que nos tengamos que cruzar de brazos. Hay que proyectar las estrategias correspondientes y propiciar las más amplias alianzas, como la insinuada por la X Conferencia de las Farc, para darle curso a un Gran Pacto político constituyente.

Otro factor de coyuntura, no menos importante, es el asunto de la gigantesca crisis económica, financiera y fiscal que nos envuelve. La oligarquía pretende dar salida a la crisis económica derivada del colapso financiero global desatado desde el 2008, con la reforma tributaria y con recortes masivos en el gasto público y de las transferencias.

La paz quiere ser utilizada para remozar el modelo neoliberal con nuevos privilegios a las multinacionales en la extracción minera y el agro, negocio de la altillanura en la Orinoquia.

La paz quiere ser proyectada como un gran negocio de los poderes empresariales y financieros.

Hay que tomar nota de esa ruta depredadora, y en ese sentido el discurso del Comandante Timoleon Jiménez en Cartagena es una plataforma oportuna y conveniente para desatar la más amplia movilización social contra el paquete neoliberal en curso que complicara, todavía más, el desconocimiento de los derechos fundamentales a la salud, la educación, el empleo y la seguridad alimentaria.

Digamos, para concluir, que no es fácil la ruta transicional posterior al Plebiscito. Crecerá el conflicto y la disputa con los clanes oligárquicos que manipulan el Estado y la economía.

Dejemos que los hechos concretos sobre la dejación de las armas se pronuncien, y actuemos en consecuencia. Con la pericia y el brillo que caracterizó a la delegación plenipotenciaria de las Farc en la Mesa de diálogos de La Habana. La experiencia del camarada Iván Márquez y sus compañeros es histórica, y un ejemplo para millones de colombianos que luchan y resisten el poder de la casta plutocrática.

Fuente: http://www.desdeabajo.info/colombia/item/29890-transicion-a-la-paz-y-dejacion-de-las-armas-por-las-farc.html