¿Otro ‘cartel’ de la contratación?

Hay que resaltar dos asuntos que tienen que ver con la construcción de supercarreteras nacionales:


1.- El 22 de julio pasado y después de una agitada audiencia de 22 horas y de mucha controversia, el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, adjudicó el tramo III de la Ruta del Sol. La operación se calculó en más de $2 billones de pesos, por encima de $1.000 millones de dólares, y el ganador recibirá las utilidades de lo construido durante 25 años. 2.- A tres días hábiles de que se clausure la segunda administración Uribe, se retira el director del Inco, Julio César Arango. No renuncia para que su cargo quede libre. Lo hace, según dijo, por “no estar de acuerdo” con “la voluntad que tiene el gobierno de dejar este proceso completamente terminado”. Arango se refiere a la adjudicación de la otra megaobra, la Transversal de las Américas, Sector 1, cuya construcción se calcula en cerca de $1 billón 600 mil millones de pesos, u $800 millones de dólares. El vicepresidente Santos, quien anda tan desesperado con la agonía del poder como su jefe, confirmó que Inco decidirá, sin importar el fin de este periodo, cuál de los consorcios participantes se comerá semejante ponqué. Corro el riesgo de que cuando esta columna se publique, ya se conozca el nombre del ganador. De ese tamaño es el afán.

Pues bien, parece que los asuntos 1 y 2 se entrelazan. Paso a explicar por qué:

Poco antes de la fecha de adjudicación de la Ruta del Sol, en un acto insólito, el Secretario Jurídico de la Presidencia, Edmundo Del Castillo, se presentó en una reunión del comité asesor del Inco (“el equipo técnico, jurídico y financiero”). Ya se conocían las calificaciones que el IFC del Banco Mundial le había puesto a los grupos proponentes. Según se oyó, Del Castillo quiso discutir por qué ciertas firmas habían sido excluidas. De esa sesión y de lo que se habló en ella, no hay grabación. Por tanto, sólo existen las versiones de los asistentes. En cambio, hay constancia de la carta que tres días antes de la adjudicación de la Ruta del Sol, le mandó Del Castillo al renunciado director del Inco. El 19 de julio, el Secretario Jurídico “atendiendo las precisas instrucciones del señor Presidente…” se mostró inquieto por “las calificaciones de deuda de largo plazo otorgadas por los calificadores de valores…”

Del Castillo mencionó lo “desafortunada” que resultaba la redacción de una cláusula.

Aparentemente velaba por el que llamó “interés general”. Sin embargo, hay elementos que sugieren que su acuciosidad podría haber sido impulsada también por intereses particulares. Apelo al derecho constitucional de petición para que el Secretario Jurídico responda si: 1. ¿Es cierto que Alicia Naranjo, ex directora de Invías del primer gobierno Uribe y actual representante del consorcio mexicano Ica – que participó y fue eliminado en la licitación de la Ruta del Sol – estuvo en su despacho para protestar por la descalificación de su representado? 2. En su visita al Inco ¿Usted mencionó el caso del consorcio mexicano y con qué objeto? El Instituto Nacional de Concesiones fue creado por este gobierno en 2003. En siete años ha tenido doce directores, siete meses cada uno, en promedio. Arango Garcés fue nombrado hace apenas tres meses. No renunció por voluntad propia, sino porque lo obligaron cuando no quiso comprometer su firma ni su futuro. Probablemente por concentrarnos en el presunto cartel de la contratación de Bogotá, no nos hemos fijado en uno más grande, rico y poderoso que estaría por ahí.

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Cecilia Orozco Tascón