Juez niega participación de los representantes de las víctimas en proceso por asesinato de Jaime Garzón

La Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados “José Alvear
Restrepo”, representantes de la parte civil en el juicio contra el Teniente Coronel(r)
Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por el homicidio del periodista y gestor de paz Jaime
Garzón Forero, informan que el miércoles 26 de agosto de 2015 la Juez séptima del
circuito especializado de Bogotá en la audiencia preparatoria profirió una decisión no
solo atípica, sino que constituye una vía de hecho, porque en ella la Juez resuelve
decretar una nulidad que no había sido solicitada por ninguna de las partes en el
proceso.
En su decisión, la Juez argumentó que las víctimas no habían presentado una nueva
demanda para constituirse como parte civil luego de culminar el juicio en contra del
entonces jefe paramilitar Carlos Castaño Gil. A pesar de pronunciarse sobre la
inexistencia de una nulidad que nadie solicitó, el juzgado interpretó –sin argumentar
las razones jurídicas que así lo sustentan– que los abogados de la parte civil que
representamos los intereses de las víctimas, sí teníamos la obligación jurídica de
presentar nuevamente una demanda de constitución de parte. A partir de dicha
decisión, el juzgado excluyó del proceso a los abogados de la Comisión
Colombiana de Juristas y el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo,
representantes de los familiares del periodista Jaime Garzón.
La afirmación de la Juez parte de una deducción discutible según la cual
investigaciones complejas, como la del magnicidio de Jaime Garzón, en las que se
ordenan indagaciones a diversas personas en procesos que se han derivado de la
investigación inicial por estos hechos necesitan presentar nuevas demandas de
constitución de parte civil cuando el requisito ya había sido cumplido previamente y
las personas que posteriormente eran vinculadas a los procesos tenían conocimiento
de nuestra constitución como parte civil.
Esta disposición de la Juez séptima deja de valorar las pruebas que las víctimas
solicitaron y que demostrarían, entre otros aspectos, que el homicidio del
periodista Jaime Garzón es un crimen de lesa humanidad, y con esto aumente la
impunidad del caso.