Amenazan e intimidan al iniciar otro Espacio Humanitario

Ayer jueves 6 de octubre a las 2:30 p.m. las defensoras de derechos humanos María Eugenia Mosquera y Laura Olaya fueron hostigadas por dos presuntos paramilitares en el barrio La Playita de Buenaventura.
Los armados vestidos con camisetas amarillas a bordo de dos motos de alto cilindraje, merodearon el vehículo de protección asignado a las defensores de derechos humanos.


Los hombres intimidaron con su presencia a los participantes del Encuentro interétnico “Retos del Post acuerdo” que realizaba la red de organizaciones de víctimas CONPAZ.

Igualmente, los armados acosaron a quienes preparaban la declaratoria del nuevo Espacio Humanitario en Punta Icaco y La Terminal Pesquera en La Playita. Los armados de las estructuras neoparamilitares ante la promoción del nuevo Espacio Humanitario en Punta Icaco expresaron que el muelle “no lo iban a perder” y “muchos pagarían”.

Como se conoce Punta Icaco es celebre por inspirar una historia novelada llamada La María de Jorge Isaac. Allí tradicionalmente afros e indígenas han usado este lugar como puerto alterno. Desde mediados de los 90 se convirtió en espacio estratégico para el control territorial.

Los armados de tipo paramilitar concentran su poder social y extorsivo sobre los habitantes de la calle y sobre los comerciantes, expendedores de gasolina, tenderos y conductores de las embarcaciones, y con obligatorios pagos a los pescadores artesanales y las mujeres que cocinan platos típicos de la región.

Una hora antes, dos policiales en el barrio Muro Yusti, comuna 4 pretendieron realizar una acción irregular contra las defensoras de derechos humanos María Eugenia y Laura obligándolas a bajar del vehículo de protección desconociendo los protocolos acordados con la UNP.

El inicio de otra experiencia humanitaria en Buenaventura requiere la adopción de medidas eficaces del Estado que aseguren el derecho a la vida, a la libre expresión y movilidad y el cese de extorsiones de los pobladores y transeúntes.

Bogotá, D.C. octubre 6 de 2016
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz